Caracas, Venezuela; 16
de abril de 2013
La Coalición de Organizaciones de Derechos
Humanos de Venezuela, Foro por la Vida, en el marco del derecho a la
participación política reconocido por la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y los Tratados Internacionales suscritos por el
Estado, se pronuncia sobre los últimos acontecimientos relacionados con las
elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, donde el pueblo venezolano
ejerció masivamente su Derecho al voto, lo cual reafirma su vocación democrática.
Desde hace varios años las organizaciones de
derechos humanos hemos expresado preocupación sobre el desequilibrio en las
campañas electorales, a partir del uso de los recursos del Estado a favor de
una opción política. En esta oportunidad dado el estrecho margen de diferencia
entre los dos principales candidatos y el reporte de más de 3.000 incidencias
por parte de los actores políticos, presentan una duda razonable sobre la consistencia de los resultados,
que permiten justificar la activación de los mecanismos previstos en la
legislación nacional para una revisión detallada de los mismos, sin que ello
deba ser interpretado como una amenaza a la democracia y la voluntad popular,
sino como la forma legal y cívica de resolver la controversia, especialmente considerando
que ambos candidatos aceptaron de manera voluntaria e inmediata la revisión la noche
del 14 de abril.
Es necesario recordar que en Venezuela
existen precedentes jurídicos que establecen que la proclamación de un
candidato, no cierra los canales legales para la activación de los mecanismos de
revisión de los resultados de un proceso electoral.
Saludamos el ofrecimiento del Secretario
General de la OEA, quien puso a disposición de Venezuela el equipo de expertos
electorales de la organización. La asistencia técnica es un mecanismo válido y
oportuno en el ámbito de las relaciones internacionales que no puede desestimarse
a priori bajo el debatible argumento de la injerencia extranjera, tomando en
cuenta que la Carta Democrática Interamericana considera “que uno de los
propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa
dentro del respeto del principio de no intervención”.
Repudiamos las agresiones contra personas que
participaban en las auditorías ciudadanas, cuya realización solo es posible
“una vez existan las condiciones mínimas de seguridad para la realización del
acto con absoluta normalidad” (Artículo 440 del Reglamento LOPE). La auditoría ciudadana
constituye parte integral del proceso electoral y su obstaculización solo
contribuye a sembrar dudas sobre la integridad de los resultados.
Expresamos nuestra preocupación por los
ataques vandálicos sufridos por la Red de Observación Electoral de la Asamblea
de Educación contra su personal, equipos e instalaciones en las que laboraban
el 14 de abril, mientras realizaban una actividad de verificación, debidamente
avalada por el Consejo Nacional Electoral.
Por tanto:
1.‐ Hacemos un llamado a sociedad civil a
canalizar sus aportes para la documentación y formalización de denuncias y
seguir el proceso de verificación de resultados de manera cívica.
2.‐ Solicitamos al Consejo Nacional Electoral
acoger solicitudes que se formalicen y a darles curso de conformidad con lo
previsto en la normativa electoral, incluyendo la aceptación del ofrecimiento
de asistencia técnica de la Organización de Estados Americanos. Igualmente solicitamos
al CNE se inicien las averiguaciones respectivas ante las distintas
irregularidades arriba mencionadas, que empañan el proceso electoral y se
apliquen a los responsables las sanciones que dicta el marco legal venezolano.
3.‐ Exhortamos a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, y en particular a los responsables del Plan República, a preservar
el material electoral, de acuerdo a las responsabilidades que le imponen los
artículos 167 y 169 de la Ley Orgánica sobre Procesos Electorales.
4.‐ Invitamos a los partidos políticos y
autoridades nacionales a que se establezca el diálogo en un marco de respeto
mutuo, como único mecanismo democrático que permita una salida pacífica a las
actuales circunstancias que vive Venezuela.
5.‐ Recordamos que la protesta pacífica es un
derecho humano consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En tal
sentido, exhortamos al Estado venezolano a garantizar el libre ejercicio de
este derecho y proteger a todas las personas que lo ejerzan.
6.‐ Solicitamos al Ministerio Público y a la
Defensoría del Pueblo prevenir e investigar de manera oportuna e independiente
cualquier tipo de violación a los derechos humanos, y a los cuerpos de seguridad
del Estado abstenerse de la utilización abusiva y desproporcionada de la fuerza
tal como lo contempla la legislación nacional. Ello comprende la no
intervención de cuerpos militares, el uso de armas de fuego, el empleo de la
violencia, y el uso de gases lacrimógenos o de sustancias tóxicas prohibidas
para el control del orden público en la Carta Magna.
Las organizaciones que conforman la coalición
del Foro por la Vida, hacemos un llamado al Estado venezolano al respeto de los
derechos humanos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela para garantizar y contribuir a un clima de paz, dialogo,
entendimiento y reconocimiento entre los sectores del país.
Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi)
Acción Solidaria (Acsol)
Caritas de Venezuela. Comisión de Justicia y
Paz
Caritas Los Teques. Justicia y Paz
Centra para la Paz y los Derechos Humanos de
la UCV
Centro de Derechos Humanos de la UCAB
Centro de Investigación Social Formación y
Estudios de la Mujer (CISFEM)
Comité de familiares víctimas de los sucesos
de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio Público
Programa Venezolano de Educación Acción en
Derechos Humanos (PROVEA)
Vicaria de los Derechos Humanos de la
Arquidiócesis de Caracas
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