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sábado, 26 de abril de 2014

Alcaldes dicen que no es posible acatar sentencia del TSJ

MARÍA EMILIA JORGE M. 26 DE ABRIL 2014

Rechazan la interpretación de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones

La Asociación de Alcaldes afirmó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pretende criminalizar la protesta con la interpretación de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, en la que establecen que las protestas pacíficas deben ser autorizadas por las autoridades municipales y no simplemente notificadas.

El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, dijo en rueda de prensa que la Sala Constitucional está modificando la ley y que ha “usurpado funciones de la Asamblea Nacional”. Según la legislación vigente, los alcaldes solo deben mediar cuando hay varias manifestaciones que coincidan en lugar y hora, y que puedan alterar el orden público.

También advirtió que esta sentencia no habla de actos no planificados. “¿Dónde quedan las manifestaciones espontáneas de quienes protestan porque han quedado sin luz, sin agua o no reciben gas? ¿Están en desobediencia o están reclamando sus derechos?”, se preguntó.

La sentencia ordena que las policías municipales actúen en el control de las manifestaciones, pero aunque los funcionarios pueden colaborar con los cuerpos de seguridad nacionales, no tienen equipos ni formación para disolver protestas, señaló Blyde.

Carlos Ocariz, alcalde de Sucre, cree que con esta interpretación buscan “verle la caída” a los alcaldes opositores y darle legalidad a una sentencia inconstitucional. “La acción del TSJ busca enfrentar a los ciudadanos con sus alcaldes”, aseguró David Smolansky, autoridad de El Hatillo.

El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, afirmó que la decisión promueve la represión: "Polichacao seguirá cumpliendo sus competencias de conformidad con lo que establecen las leyes".

La asociación. que reúne a 76 alcaldes de todo el país, pedirá una reunión a los embajadores de Unasur, con el nuncio apostólico y los cancilleres de Colombia y Brasil. 

“Mi permiso es  la Constitución”

David Morales, vocero del campamento del PNUD: “La convocatoria para la marcha se mantiene. Nos asiste el derecho de manifestar y lo vamos a ejercer. La sentencia del TSJ es represiva y supraconstitucional. Nos basamos en el artículo 68 de la Constitución”.

José Hernández, comerciante en El Rosal: “Si no estás de acuerdo con algo tienes que poder expresarlo, para que te oigan, para eso no hay que pedir permiso”. 

Manifestante en Caurimare: “Mi permiso para manifestar es la Constitución. Tendrán que buscar camiones para detenernos a todos, lo que están haciendo es darnos más razones para protestar”.


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