MARÍA EMILIA JORGE M. 26 DE ABRIL 2014
Rechazan
la interpretación de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y
Manifestaciones
La Asociación de Alcaldes afirmó que
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pretende criminalizar
la protesta con la interpretación de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones
Públicas y Manifestaciones, en la que establecen que las protestas pacíficas
deben ser autorizadas por las autoridades municipales y no simplemente
notificadas.
El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde,
dijo en rueda de prensa que la Sala Constitucional está modificando la ley y
que ha “usurpado funciones de la Asamblea Nacional”. Según la legislación
vigente, los alcaldes solo deben mediar cuando hay varias manifestaciones que
coincidan en lugar y hora, y que puedan alterar el orden público.
También advirtió que esta sentencia no
habla de actos no planificados. “¿Dónde quedan las manifestaciones espontáneas
de quienes protestan porque han quedado sin luz, sin agua o no reciben gas?
¿Están en desobediencia o están reclamando sus derechos?”, se preguntó.
La sentencia ordena que las policías
municipales actúen en el control de las manifestaciones, pero aunque los
funcionarios pueden colaborar con los cuerpos de seguridad nacionales, no
tienen equipos ni formación para disolver protestas, señaló Blyde.
Carlos Ocariz, alcalde de Sucre, cree
que con esta interpretación buscan “verle la caída” a los alcaldes opositores y
darle legalidad a una sentencia inconstitucional. “La acción del TSJ busca
enfrentar a los ciudadanos con sus alcaldes”, aseguró David Smolansky,
autoridad de El Hatillo.
El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho,
afirmó que la decisión promueve la represión: "Polichacao seguirá
cumpliendo sus competencias de conformidad con lo que establecen las
leyes".
La asociación. que reúne a 76 alcaldes
de todo el país, pedirá una reunión a los embajadores de Unasur, con el nuncio
apostólico y los cancilleres de Colombia y Brasil.
“Mi permiso es la
Constitución”
David Morales, vocero del campamento del PNUD: “La convocatoria para la marcha se mantiene. Nos asiste el derecho de manifestar y lo vamos a ejercer. La sentencia del TSJ es represiva y supraconstitucional. Nos basamos en el artículo 68 de la Constitución”.
José Hernández, comerciante en El
Rosal: “Si no estás de acuerdo con algo tienes que poder expresarlo, para que
te oigan, para eso no hay que pedir permiso”.
Manifestante en Caurimare: “Mi permiso
para manifestar es la Constitución. Tendrán que buscar camiones para detenernos
a todos, lo que están haciendo es darnos más razones para protestar”.
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