Por Bony Pertíñez
El Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela ha intentado por todos los medios ocultar, falsear y
desvirtuar la verdad de los hechos ocurridos en Caracas, el 11 de abril del
2002. No sólo ha dispuesto de todos los recursos institucionales y
presupuestarios para hacer de su versión e interpretación de los fatídicos
sucesos acaecidos en dicha fecha, una particular visión de lo que constituye la
verdad absoluta según la interpretación oficial, sino que sin rubor alguno ha
vulnerado principios legales y constitucionales aplicando una subjetiva
concepción de la justicia: “Todos los señalados, son culpables aunque los
hechos demuestren lo contrario”.
Según han indicado el Foro
Penal Venezolano, a los 14 años de los terribles acontecimientos de abril 2002,
la Fiscalía General de la Republica abrió 79 investigaciones penales, de las
cuales muchas ni siquiera tienen relación con los hechos ocurridos el 11-A,
según lo atestigua el mismo gobierno venezolano en los informes presentados por
sus representante ante la CIDH. Del total de las averiguaciones iniciadas por
las autoridades judiciales del país, el 96,20% de los casos sujetos a
consideración por la Fiscalía o no han pasado de la fase inicial de la
investigación penal, o han sido objeto de sobreseimiento, o han sido objeto
formal de Archivo Fiscal. De las restantes investigaciones, las que si
superaron la fase de investigación previa (3 de 79) son las siguientes:- Una
que se siguió a un grupo de Guardias Nacionales que fueron captados por las
cámaras disparando armas contra los manifestantes que allí se encontraban.-
Otra, que se le siguió a los llamados Pistoleros de Puente Llaguno, que
terminó en su absolución. Y la tercera la 4M-387-04, seguida a los Comisarios
Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, y a los funcionarios de la Policía
Metropolitana Marco Hurtado, Héctor Rovain, Arube Pérez, Julio Rodríguez,
Erasmo Bolívar y Luís Molina.
Este juicio oral y público
fue radicado en la ciudad de Maracay, iniciándose el 20 de marzo de 2006 y
concluyendo el 3 de abril de 2009, prolongándose por espacio de 3 años y 14
días, durante el cual se celebraron 231 audiencias, se analizaron 265
experticias y 72 pruebas documentales, declararon 196 testigos y 45 expertos,
se exhibieron mas de 5700 fotos y videos, convirtiéndose así en el juicio oral
y público más largo de la historia judicial venezolana, y posiblemente del
mundo entero.
Todos los planteamientos
jurídicos esgrimidos a favor de los acusados a lo largo del proceso judicial,
fueron negados sistemáticamente por los Tribunales de Control y de Juicio,
Corte de Apelaciones y Tribunal Supremo de Justicia. Se desconocieron
abiertamente precedentes judiciales previos favorables en casos similares. Pero
todas las peticiones y solicitudes que el Ministerio Público formuló, fueron
mayoritariamente declaradas con lugar, lo que se tradujo en un claro
desequilibrio procesal y una evidente falta de imparcialidad.
El Jefe del equipo multidisciplinario
que se encargó de la investigación de los sucesos del 11 de abril, declaró en
el juicio que durante la investigación no se encontraron pruebas que
demostraran que los Comisarios impartieron a sus subalternos órdenes de
disparar para matar a personas el 11 de abril de 2002, ni tampoco de
suministrarles armas, que fueron los dos hechos imputados en la acusación
fiscal.
Ninguno de los 196 testigos
y 45 expertos que declararon en el juicio atribuyeron responsabilidades
individuales a alguno de los funcionarios policiales acusados. Muy por el
contrario, las pruebas técnicas y criminalísticas que se evacuaron durante el
juicio demostraron científicamente que ninguna de las armas portadas por los
funcionarios de la P.M. ese día causó la muerte o lesión de alguna persona el
11 de abril de 2002. Es más, ni siquiera quedó probado técnicamente que dichas
armas hubiesen sido disparadas por ellos, pues el Ministerio Público no
promovió ninguna prueba al respecto.
También silenció el Tribunal
que en ese enfrentamiento intervinieron varios francotiradores, e intervinieron
al menos, 35 pistoleros, civiles armados con armas largas y cortas que actuaron
bajo la aquiescencia del Estado. Todos estos pistoleros resultaron beneficiados
por el Decreto Presidencial de Amnistía del 31-12-2007.
Todas las resoluciones
condenatorias proferidas por la jueza Marjorie Calderón carecieron del más
mínimo sustento probatorio. Se trató de una sentencia condenatoria sin pruebas,
motivada por exclusivas razones de tipo político, totalmente alejada de la ley
y el derecho, absurda y desproporcionada, que se erige como un monumento a la
injusticia más absoluta.
La vida de nuestras familias
se ha desdibujado y todo a causa de una duda, una duda que nos debió favorecer.
Una duda que no pudo ser comprobada concretamente, científicamente,
jurídicamente. Una duda, una falsa certeza, que -además- sólo fue desarrollada
desde el lado que acusa, signada por el odio y los deseos de venganza, preñada
de ensañamiento, pero nunca procuró interpretaciones, opciones, planteamientos
distintos a los ya prefigurados desde las más altas esferas del poder. Un
juicio que no logró el esclarecimiento de la verdad, merecida para las víctimas
y sus familiares y necesaria para sancionar y castigar a los verdaderos
culpables y responsables de los hechos acontecidos.
El 3 de abril de 2009, nueve
dignos funcionarios policiales fueron condenados injustamente a cumplir la pena
de 30 años de presidio. Y la razón por la que afirmo que son inocentes, es por
la interpretación lógica, científica y jurídica de los hechos y ésto es lo que
verdaderamente nos impulsa a exigir la correcta aplicación de la justicia y nos
hace dar la cara durante todos estos años, para exigir su libertad plena.
Mis palabras, son eco de la
necesidad de justicia que clama nuestro país. Y hoy, convirtiéndome en la
vocera de mi esposo, Ivàn Simonovis, a quien cada día admiro más, les pido que
sigamos adelante. Que no nos acostumbremos a toda esta locura que nos rodea.
Que presentemos oposición organizada y estructurada. Que no nos callemos, pues
aunque él continue preso, su voz se une a la nuestra, para seguir demandando
libertad y justicia.
“No existe Tiranía peor que
la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de
justicia” Montesquieu
11-04-16
http://www.lapatilla.com/site/2016/04/11/bony-pertinez-11-de-abril-un-juicio-infamante-y-vergonzoso/
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