Por Miguel Cardoza
Hablar de narcotráfico es
sinónimo de miedo. Las jugosas ganancias producto del negocio ilícito pueden
sobrepasar cualquier lógica a la hora de actuar por parte de quienes manejan
las redes. Por ello muy pocos hablan del tema. El estado Apure, por ser amplio
en territorio y con inmensas zonas despobladas, ha sido históricamente presa
fácil para el delito. Por otra parte, conseguir testigos, pese a existir, es
una tarea complicada no solo por trasladarse hasta sectores intrínsecos, sino
también por el comprensible terror que no deja espacio para cooperar con la
justicia.
Nadie habla. El miedo reina
y gobierna sobre los cuellos y las lenguas. Solo callados, entre amigos,
se musitan los tejemanejes de las mafias. Algo así como que es obvio que pasa,
pero ya. Chito. “Nadie supo, nadie vio”, reza una frase popular muy conocida en
esos lares.
Contactar a las fuentes: sí
se conocen pero no hay quien se refiera al tema. La descripción superficial de
un afectado directo es de un trabajador o habitante de una lejana zona del
municipio Pedro Camejo, por mencionar un ejemplo. Ahí no hay servicios
públicos, el alumbrado es con lámparas o plantas a gasoil, que también son
usadas para el funcionamiento temporal de percos —principalmente— porque tienen
mayor capacidad y tiempo de refrigeración. En otras zonas ya hay
electrificación.
El agua es extraída de pozos
profundos, abiertos con una tubería delgada, a la cual se le instala una
“bomba” que está compuesta por una especie de tubo de medio metro con mayor
grosor y un “mango”, similar al de una máquina de moler maíz, pero no se le da
vuelta, sino de arriba abajo. Igualmente se utiliza “el molino de viento”,
dinamos o motobombas, estos últimos para quienes tienen poder adquisitivo.
Todos en el
municipio Pedro Camejo se conocen. Como en los tiempos de otrora, por
las huellas o ruidos, por muy lejanos que sean, se conoce quién pasó, de dónde
viene, qué busca en el lugar. Al escuchar un vehículo, hasta por el sonido, los
habitantes intuyen de quién se trata, porque todo es de conocimiento de todos.
La “convivencia” lo permite.
Los centros poblados están a
horas de camino y el surtido de comida se realiza una vez por
semana. Antes la provisión se compraba hasta para un mes, pero por la
escasez y las alcabalas, más rigurosas con campesinos o residentes de áreas
limítrofes, trasladar el alimento en grandes cantidades se ha convertido en un
calvario. En las zonas “más allá” del Capanaparo, el terreno es árido. La
ganadería no es muy fructífera, porque el pasto no es el más óptimo para las
reses —lo que influye en la producción lechera como en la calidad de vida de
los animales. Sin embargo, hay excepción de lugares donde hay suficientes bovinos
y las condiciones geográficas son menos crueles. Ergo las ganancias son mejores
para los propietarios.
Los niveles de desempleo son
grandes y las familias son numerosas. He aquí un gran desafío. Algunos
jóvenes pueden ser “seducidos” para “trabajitos”, ante la ausencia de
oportunidades de desarrollo. La pobreza no justifica ninguna acción al
margen de la ley, pero hay realidad de realidades. La gran mayoría son personas
honestas y con cierto grado de inocencia. Receptivos, serviciales y generosos.
En los últimos años, en
cualquier rincón por muy alejado que parezca, hay un poquito de civilización.
Al menos en esas “tierras de nadie” hay Directv; antes la radio era más
popular, hasta emisoras de Caracas se oían. Con la aparición de muchas
frecuencias no necesariamente las cosas mejoraron: las señales se debilitaron.
Muchos no caen en las garras
del mal, pero sin querer pudieran terminar brindando ayuda a los responsables
del tráfico internacional de estupefacientes. Son encargados de grandes
extensiones de terreno. Por el espacio no tienen control de ellas, además el
factor intimidación opaca cualquier intento de oposición a una acción
delictiva.
En algunos casos se trata de
“fundacioneros”, así denominan a los responsables de los predios, producción, animales
y mantenimiento. Varios dueños residen fuera del estado, solo visitan las zonas
en vacaciones, porque verdaderamente sirve para el relax o al menos para estar
bien desconectado de la ciudad.
Es vox populi que
en determinadas zonas grupos irregulares cobran vacunas. “Por ejercer el
narcotráfico no cobran; lo principal es que usan territorios de algunos
finqueros para aterrizar avionetas”. En los hatos hay gente común. Los
cooperantes, “pueden confundirse con otros trabajadores. Es difícil saber quién
está al servicio de los traficantes”. Cualquiera puede ser. Generalizar no es
lo correcto. Son algunos. E, incluso, cuando se han conocido incautaciones u
otros hechos con aeronaves o cargamentos, la mayoría de los involucrados no son
apureños. Vienen con una tarea encomendada de otras zonas.
La droga pasa por Apure. El
estado es escondite temporal. No hay laboratorios. Al menos es lo que se sabe
hasta ahora. Los tres municipios ubicados en la línea fronteriza son los
más proclives a actividades ilegales por la soledad y poca presencia humana.
Esto lo certifica el censo poblacional del año 2011, en Pedro Camejo había un
promedio de 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado y en Rómulo Gallegos dos por
cada mil metros.
Hay amplio espacio para
improvisar trochas y pistas ilegales. He allí parte de las circunstancias que
colaboran con el problema. ¿Es una sociedad de cómplices? No. Más bien está en
juego la tranquilidad, el territorio, los bienes y la vida. Para quienes moran
esos terruños es muy difícil sobreponerse.
En la frontera hay predios
que son “puentes”. El gobernador Ramón Carrizalez lo reconoció. “Es necesario
atacar otros elementos asociados al narcotráfico, uno de ellos es la
legitimación de capitales, la compra de fincas en el eje fronterizo. Eso
tiene que investigarse y se tiene que estar encima, porque es una manera de
crear plataformas donde aterricen con seguridad aviones del narcotráfico”,
declaró.
El mandatario no dio
nombres, pero al menos reconoció el problema en enero de 2014. En los medios de
comunicación y en pasillos judiciales se ha conocido solo del caso de la finca
San Rafael en el municipio Rómulo Gallegos, a varias horas de Elorza. El
propietario, Germán Arturo Rodríguez Ataya (50), de nacionalidad
colombiana y llamado por algunos como el “Piloto de las Farc”, fue capturado en
2014 acusado de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
agravado y concierto para delinquir con fines de narcotráfico según
solicitud de Interpol, y en junio de 2015 la Sala Penal del
Tribunal Supremo de Justicia ordenó su excarcelamiento debido a que la
Cancillería colombiana desestimó la solicitud de extradición a ese país, así
como la orden de captura. Rodríguez Ataya “forma parte de una organización
delictiva liderada por paramilitares colombianos que en territorio venezolano
se dedican al cobro de vacunas en la zona, el secuestro y el tráfico
internacional de drogas”, señala la sentencia 409 en sus antecedentes donde lo
describe como una “persona clave para la organización, ya que es el encargado de
obtener el combustible, los automóviles y el reclutamiento de personal para el
transporte de drogas y su posterior envío a otros países”, según el
diario Últimas Noticias.
En Venezuela el caso aún no
ha concluido y se desconoce si el hato fue tomado por el Estado. De acuerdo al
Ministerio Público, está relacionado con aterrizajes sin autorización y envío
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
“La anterior Ley Sobre
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas garantizaba que todos los
recursos, bienes, enseres, naves y aeronaves pasaran a la Oficina Nacional
Antidrogas y fueran utilizadas por el Estado venezolano para revertir la lucha
antidroga. Hoy hemos visto cómo ha habido confiscaciones pero eso no se siente
en la lucha contra el narcotráfico”, cuestionó el diputado Julio Montoya, quien
está centrado en investigar temas escabrosos como el lavado de activos.
“Es muy difícil en el mundo
de la mafia encontrar la verdad. En la sociedad apureña, aún más en la
frontera, hay miedo a decir las cosas por su nombre y apellido. Hay afectación
multidisciplinaria que genera inestabilidad, presencia de las Fuerzas
Revolucionarias de Colombia (Farc) y la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), también de Colombia. En menor escala están las Fuerzas
Bolivarianas de Liberación (FBL), paramilitarismo y delincuencia común. Eso
genera una inestabilidad social y política muy grave”, explica el parlamentario
electo por Apure el pasado 6D para la Asamblea Nacional (AN).
La mano peluda del Estado
Tampoco es solo un tema de
hatos y propietarios, hay algo más allá: la colaboración oficial. Sería mucho
más complicado que las redes del narcotráfico expandieran sus actividades si
funcionarios de las fuerzas armadas de una u otra forma no estuviesen
involucrados. “No es posible, como país, tener presencia en puertos y
aeropuertos europeos si no hay un nivel de complicidad estructural que
garantice el paso de droga”, vuelve Montoya y agrega: “Venezuela ha ido
sustituyendo poco a poco a los carteles de Medellín y Cali, por una nueva casta
militar”.
Es muy difícil precisar
cuántos militares participan del negocio. El Gobierno nacional no ha incoado
investigaciones formales al respecto. La justicia local requiere aclarar
ciertos puntos. Por ejemplo, “investigar cuál es su proporción y qué
características tiene el ‘Cartel de los Soles’ no es atacar a las fuerzas armadas,
es ayudarlas y moralizarlas, porque creen que tienen a varios generales metidos
en el tráfico de drogas y eso genera desmoralización y desmotivación”, explica
el asambleísta.
Esos sentimientos crecen
cuando se evidencia la existencia de una ruta llamada Makled. “Por Walid
Makled, quien llegó a tener un carnet de la Guardia Nacional, otro del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) y concesiones —casi una aduana privada del aeropuerto
Michelena en Valencia. También tenía control de casi el 30% de las bodegas de
Puerto Cabello y un crédito de concesión de Urea en Pequiven, que utilizaba
como precursor en el clorhidrato de cocaína en sustitución del acetona, entre
otros”, detalla el legislador.
El parlamentario asegura
que la investigación determinó que la ruta era Arauca, Alto Apure —y
zonas adyacentes del estado. Por vía terrestre o aérea se llegaba a Valencia y
posteriormente a Centroamérica. El propio Makled dijo en una entrevista a Univisión en
2011 que “en
San Fernando de Apure diariamente de ahí salen cinco o seis aviones cargados
con cocaína hacia Honduras, de Honduras hacia México y de México hacia Estados
Unidos”, al tiempo que señaló supuesta complicidades del Ejército venezolano.
Para Montoya, “quedó claro que Apure está desguarnecido. La extensión del
estado y las condiciones geográficas propician pistas clandestinas en mucha
fincas y favorecen el desarrollo de narco-operaciones”.
El Cartel de los Soles
Afirma el
diputado Julio Montoya que Apure aparece mencionado en expedientes
internacionales al respecto porque es una ruta terrestre que tiende los
caminos a Colombia. También es una ruta aérea hacia Centroamérica, México y
Estados Unidos. En menor dimensión hacia Brasil. “Eso ha provocado
diversas operaciones como la Clotilde: lavado de dinero que
incluyó gente del Banco de Andorra y de la mafia rusa. La DEA, junto al
gobierno colombiano y mexicano, investiga la zona por las conexiones con el
‘Cartel de Sinaloa’. Los hechos concluyentes han arrojado una relación estrecha
entre el ‘Cartel de Sinaloa’ y lo que se conoce en Venezuela como el Cartel de
los Soles, que no se sabe si es un cartel con sus propias características o
trabajan para el de Sinaloa”, explicó Montoya, reiterando que “Apure es el
sitio de paso”.
El 2 de marzo de 2016 el
jefe de delitos especiales de la DIJIN, la policía judicial de Colombia, afirmó
haber desmantelado una red de tráfico de cocaína que movía “cerca de dos
toneladas y media mensuales hacia los Estados Unidos, vinculados con carteles
venezolanos, hondureños y con el cartel de los Zeta en México”. Según el
funcionario, fueron capturadas 12 personas, “entre quienes figuran el
cabecilla de la red, los socios capitalistas, propietarios de laboratorios, de
rutas, medios de transporte y enlaces internacionales”, dijo la DIJIN en un
comunicado que detalla que “la organización operaba vía aérea en pistas
clandestinas en el estado venezolano de Apure con estupefacientes que partían
luego hacia Honduras para ser distribuidos a diferentes carteles”, citó un cable de la agencia AFP.
Esta aseveración compagina
con que “dos fiscalías de New York están investigando casos de venezolanos
relacionados con el tráfico de drogas. Uno de ellos es el de los
‘narcosobrinos’, los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores. El otro es el
de un empresario y otros ochos casos, en los cuales en la mayoría se menciona al
estado Apure”.
Ese sitio de paso es
evidente y reconocido aún por las autoridades oficialistas. En el año 2015, el
ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que, desde 2008 a mayo
del año pasado, se habían destruido 486 pistas clandestinas, fácilmente
habilitadas por las condiciones planas del terreno y sin montañas. Un promedio
de 69 anuales. El supuesto logro fue posible por la operación “Boquete”, que
consistió en dejar huecos en las pistas, aunque con los meses pueden ser
rehabilitadas.
Al momento de ofrecer ese
balance, Padrino aseguró que los narcos estaban obviando a Apure de sus rutas,
tomando como destino a Brasil. Recientemente se desarticuló la banda de “El
Tana”, que estaba al servicio de “El Yuca”, delincuentes colombianos que utilizaban
a Apure como ruta terrestre y luego aérea, “pero de fallar tomaban el camino
vía fluvial”, aclaró por el jefe de la cartera castrense venezolana.
Un caso reciente
Un caso reciente involucra a
cinco altos funcionarios militares, entre ellos al Coronel de la Aviación
Rafael Ponce Delgado de 46 años de edad, acusado por el Ministerio Público de
tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas,
asociación para delinquir y conformación de grupos armados. Él era encargado
del área de comunicaciones de la Torre de Control del Aeropuerto Las Flecheras
de San Fernando.
Similares delitos les
imputaron al comandante del grupo de la Policía Aérea de la Base Sucre
(Maracay), mayor Fernando Antonio Silva (40); al capitán Rafael Vargas Arreaga
(37) adscrito al grupo de Apoyo Logístico de la referida base; al teniente
Rider José Silva (36); perteneciente a la Dirección de Vigilancia y Control
2911 del Escuadrón de Vigilancia y Control de la Ciudad de San Fernando de
Apure; además al teniente Juan José Mujica (24), quien laboraba en esa
dependencia.
También están implicados los
militares retirados mayor Fernando Alonzo Pereira León (68); y su hermano, el
sargento técnico de segunda de la Guardia Nacional Bolivariana, Jonny Alfredo
Pereira León (48). Según la Fiscalía 7º nacional y 30º del estado Aragua, a cargo
de Marisela de Abreu y Eylin Ruiz, “la investigación data del 18 de mayo de
2015 cuando se denunció ante la Dirección General de Contrainteligencia
Militar, que un grupo de personas pertenecientes a varios componentes de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se prestaban para permitir las salidas y
las entradas de aeronaves no autorizadas por el Comando Estratégico Operacional
del territorio aéreo venezolano”.
Sin especificar, el
Ministerio Público reveló que un funcionario castrense de alto rango, para
facilitar vuelos ilícitos sin ser reportados, ofreció pagar una cuantiosa suma
en dólares mensual. Ninguno de los funcionarios ha sido condenado y la
investigación sigue en marcha. Sin embargo ya hubo sentencia de cinco años de
cárcel para los colombianos Juan José Gil Flores (58), León Darío (59) y su
hermano Cesar Marín Zapata (42), al igual que para el venezolano José Omar
Umaña (49), quienes admitieron los tres citados delitos. Se espera un
pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, luego Fiscalía se mostrará en
desacuerdo con la pena y apelara la decisión.
Pero más allá de lo público,
en algunos casos, no toda la verdad siempre se dice. “Hay situaciones que
suceden y no quedan en el expediente”, comentó bajo condición de anonimato un
abogado, resaltando lo complejo de los casos por los vicios que pueden
presentarse desde el momento de un procedimiento. Territorio, entorno y
corrupción convierten al estado Apure, principalmente la zona fronteriza, en
una tierra fértil a narco-delitos.
30-03-16
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