Diecisiete de abril de 2016
El
líder opositor y fundador del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, cumplió
este 15 de abril seis meses tras las rejas, acusado de enriquecimiento ilícito
y sometido a un juicio carente de pruebas y con testimonios que revelan
intenciones políticas emanadas desde el gobierno nacional.
Declaraciones
del exmagistrado Eladio Aponte Aponte y la retractación del testimonio acusador
de José Luis Pirela, son solo dos elementos que pudieran anular el proceso y
traducirse en la libertad plena del dirigente opositor, quien luego de meses
sigue esperando por la verdadera libertad de Venezuela.
“Si no
existía caso penal tendríamos que inventarlo”
Dicho
proceso penal contra Rosales inició por una denuncia interpuesta por el
ciudadano José Luis Pirela, ahora diputado. Sin embargo, la causa fue archivada
por el mismo Ministerio Público y concluyó que “no se determinó en la
investigación un daño al Patrimonio Público”.
El 20
de agosto de 2007, la causa fue reabierta en el archivo fiscal sin que el
imputado fuese notificado sobre la activación de la investigación.
Para
abril de 2012, el exmagistrado y presidente de la Sala de Casación penal del
TSJ, Eladio Aponte, entonces radicado en Costa Rica, confesó la ilegalidad del
procedimiento ante la Dirección Nacional de Notariado de ese país y certificó
su declaración ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
costarricense.
En sus
declaraciones, detalló que en el año 2008 la entonces presidenta del Tribunal
Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, ordenó impulsar una investigación al
exgobernador del estado Zulia y atender directamente las directrices que girara
la Fiscalía General de la República sobre hechos ya estructurados por este
órgano, donde se le imputaban actos de corrupción en la gobernación de dicho
estado a pesar de no existir pruebas.
“Se
nos dijo que ya la Contraloría General de la República al mando del Doctor
Clodosbaldo Russian tenía adelantado el trabajo, que resultó un sinfín de
falsedades. Se dijo que si no existía caso penal tendría que inventarse y en el
momento que se archivó la causa se ordenó reabrirla inmediatamente, y así se
procedió”, aseguró Aponte Aponte.
En
julio de 2015 el ahora diputado José Luis Pirela, denunciante de Manuel
Rosales, compareció al Ministerio Público a denunciar el hostigamiento y las
amenazas proferidas por Eladio Aponte Aponte. Allí confesó su participación en
el amañado juicio Rosales y narró cómo fue utilizado por las autoridades
venezolanas, específicamente por Eladio Aponte Aponte, y la participación de
los funcionarios judiciales y fiscales que ejecutarían una decisión que
enviaría a prisión al dirigente opositor.
Un
linchamiento político
Ante
este escenario, lapatilla.com consultó a distintos especialistas venezolanos
sobre el juicio que se ejecuta contra Rosales y las circunstancias que los
rodean, los entrevistados coinciden en que tal procedimiento judicial se trata
de un linchamiento político y rechazan la violación de Derechos Humanos que
padece el dirigente opositor.
Asimismo,
recuerdan que las leyes del país permiten a un acusado ser juzgado en libertad
y repudian la negativa del juez ante una posible medida cautelar. “Todo esto no
ha sido sino un montaje, es una expresión del linchamiento político contra
Manuel y pone en evidencia que ese juicio es nulo”, sentencia uno de ellos.
A
continuación, los testimonios.
Alberto
Arteaga Sánchez, abogado penalista y profesor universitario
El
abogado penalista, profesor y autor de varias obras jurídicas y artículos de
opinión en materia jurídico-penal, Alberto Arteaga Sánchez, asegura que el
juicio contra el dirigente opositor es el típico caso de persecución política
encubierta bajo la apariencia de un delito, en este caso, de enriquecimiento
ilícito. “Esta es una figura delictiva a la que se recurre cuando no hay prueba
de ningún hecho de corrupción específico y se echa mano de la sospecha de
enriquecimiento ilícito a cago del erario público”, dijo.
“Queda
claro que es una violación flagrante de los Derechos Humanos, en este caso de
Manuel Rosales, usando el recurso de la justicia penal para incurrir en esa
persecución, por lo demás contrariando la presunción de inocencia y el derecho
a un juicio justo”, declaró.
Asegura
que con la retractación del denunciante José Luis Pirela, queda demostrada la
falsedad de la denuncia y además deja en evidencia la ilicitud de una orden
impartida por el exmagistrado Aponte Aponte
“Todo
esto no ha sido sino un montaje, es una expresión del linchamiento político
contra Manuel y pone en evidencia que ese juicio es nulo. No es un juicio, es
un linchamiento político y moral”, asevera. El abogado expresa que Rosales
tiene el derecho a ser juzgado en libertad, de acuerdo a la Constitución y al
Código Penal.
Sobre
la negación de una medida cautelar por parte del juez por haber considerado que
el asilo constituye un peligro de fuga; el abogado asegura que es “un
disparate” presumir su fuga cuando Rosales regresó de un asilo político
otorgado por Perú en 2009.
Arteaga
Sánchez también se refirió a la inhabilitación política del dirigente y afirmó
es una pena accesoria que solo procede cuando una persona es condenada. “La
inhabilitación es contraria a la Constitución y a los derechos internacionales
en materia de DDHH”.
Finalmente,
manifestó que a Rosales se le han violado todos sus derechos, incluso el más
importante luego de la vida como es su libertad, el derecho a un proceso justo
y la presunción de inocencia. “Lo que procedería es anular el proceso y
resarcir los daños materiales y morales que han sido causado el señor Manuel
Rosales”, culminó.
Magaly
Vásquez, abogada defensora de Manuel Rosales
La
abogada del fundador de Un Nuevo Tiempo (UNT) y profesora universitaria,
asegura que Aponte Aponte no queda exento de responsabilidades a pesar de su
retractación. “Él se ha podido negar y eso compromete su responsabilidad, se
atribuyó un hecho falso y eso es punible según la legislación venezolana”.
“Estamos
hablando de una declaración ante una autoridad costarricense. Eso es un
elemento que vicia de nulidad todo el proceso como lo hemos denunciado desde
hace mucho tiempo”, afirma.
Recordó
que Eladio Aponte Aponte tuvo participación en el proceso cuando la causa fue
trasladada a Caracas, por ello su retractación evidencia que se trata de un
proceso forjado.
Vásquez
coincide con Arteaga sobre la ilegalidad de la medida cautelar, porque el hecho
de que una persona renunciara a un asilo evidencia su disposición de enfrentar
el proceso penal. “No tiene ningún sentido que regrese para posteriormente
fugarse. Sobre eso hay jurisprudencia del TSJ, que ha reconocido que si una
persona regresa es porque tiene la voluntad de participar en el juicio”.
La
especialista recuerda que la inhabilitación política es una pena condenatoria
que solo debe ser impuesta por un juez y ser ejecutada cuando la pena ha
quedado firme. Asimismo, afirma que al dirigente le ha sido violado el
artículo 49 de la Constitución referido al derecho a la defensa y al debido
proceso. También menciona la violación al derecho a comunicarse con sus defensores
y a su privacidad dentro de la celda, pues le han sido colocadas cámaras de
vigilancia.
“Lo
que procedería es una sentencia absolutoria”, finaliza.
Héctor
Faúndez, abogado. presidente de la Asociación Venezolana de Derecho
Internacional Público
“Es
una farsa procesal con apariencia de juicio que no produce ningún efecto o
jurídico. Es una privación arbitraria ilícita de la libertad de Manuel Rosales
como ha ocurrido con otros presos políticos en Venezuela, como Leopoldo López y
los estudiantes”, expresa Héctor Faúndez, abogado presidente de la Asociación
Venezolana de Derecho Internacional Público y Presidente de la Asociación Civil
Consorcio Desarrollo y Justicia.
El
abogado califica de “curioso” que el juez alegue peligro de fuga a Rosales y
niegue una medida cautelar, pues el dirigente renunció a su asilo político y
regresó a Venezuela para ponerse a la orden de las autoridades judiciales. “Eso
es propio de Macondo, a menos que el juez esté siendo presionado o
extorsionado”, dice.
“Se
trata simplemente de perseguir y castigar a todos aquellos que están en contra
del régimen chavista o madurista”, afirma.
Al
hablar sobre la inhabilitación política del dirigente opositor, explica que
esta debe ser el producto de una sentencia firme dictada en contra del acusado,
lo que sí constituye una medida accesoria. No obstante, Rosales no ha recibido
condena y por ello no puede aplicarse.
Faúndez
reitera que Rosales ha sido puesto por el chavismo como un delincuente y le ha
costado un trato degradante donde han sido violados sus derechos y garantías
procesales. “No ha tenido derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido que
permite subsanar la situación. Eso unido a las circunstancias de que es
encarcelado sencillamente por mantener una posición política, por manifestar
sus ideas”, expresa.
“En
una sociedad democrática tendrían que disponer su inmediata libertad y adoptar
las medidas contra quienes han fraguado este juicio amañado. Todas esas
personas tendrían que estar siendo procesadas”, defiende.
Blanca
Rosa Mármol de León, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
La ex
magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), califica como totalmente
válidas las declaraciones de Aponte Aponte ante las autoridades de Costa Rica.
“No estuviéramos ni siquiera ante un error inexcusable porque no lo es, fue
exactamente premeditado y siguiendo órdenes de la presidencia de la República”.
En
este sentido, la exmagistrada puntualizó que Pirela estaría frente al delito de
calumnia por imputar a una persona delitos que no cometió.
Para
la abogada, no existe legitimidad en el juicio contra Rosales y recordó que un
juez que condena a una persona inocente es un acto incalificable. “Es una
aberración la inesxistencia de poderes y el control del Poder Judicial por el
Ejecutivo”.
Marmol
de León coincide con el resto de especialista y subraya de absurda la negativa
de una medida cautelar para Rosales, “no tiene ninguna lógica porque el peligro
de fuga tiene que basarse en razonamientos válidos. Una persona que renuncia al
asilo no puede ser susceptible al peligro de fuga”.
“Indudablemente
la inhabilitación es una pena accesoria. Él tiene que estar condenado para eso,
de otra manera no se sostiene en derecho”, enfatizó.
Para
culminar, la exmagistrada destacó que en buen derecho, el caso de Manuel
Rosales debería ser invalidado dandas las circunstancias de falsedad que alegó
Aponte Aponte.
Jesús
Ollarves, doctor en Derecho, experto en Derechos Humanos
El
doctor en Derecho, experto en Derechos Humanos, profesor de la UCV y UCAB y
exjuez Superior Penal del Área Metropolitana de Caracas, enfatiza en la
violación de Derechos Humanos en el caso de Rosales, debido a que las
instituciones del Estado y se han convertido en instrumentos de persecución y
condena.
Al
igual que los demás especialistas, cataloga como nula la investigación y
acusación contra Manuel Rosales, que lo pone bajo la posición la persecución
política. “Estamos ante un proceso político amañado”, precisó.
El
abogado asegura que “es un monumento al disparate” la decisión del juez de
negar una medida cautelar a Rosales, debido a que el asilo anteriormente
otorgado en Perú está contemplado en tratados internacionales como la
Convención Americana de Derechos Humanos.
El
especialista recuerda que el gobierno ha usado el linchamiento para sacar de
escena a sus adversarios y cita el artículo 13 del Código Penal que establece
como pena accesoria la inhabilitación durante el tiempo que dure la condena,
“Manuel Rosales así como otros factores políticos inhabilitados por la
Contraloría han sido víctimas al no haber sido condenados por un juez. El
Contralor no tiene facultad legítima para inhabilitar a nadie si no existe una
sentencia pena”.
Henry
Jiménez Guanipa, profesor del Heidelberg Center para América Latina de Alemania
El
profesor Henry Jiménez Guanipa de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas
y del Heidelberg Center para América Latina de Alemania señala que la conducta
del exmagistrado Eladio Aponte constituye un delito de simulación de hecho
punible, el cual queda probado con la declaración o retractación pública
rendida por ante un notario público en Costa Rica. Constituye además una
violación de derechos humanos, ya que de acuerdo con el artículo 27 de la
Constitución “toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en
el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.
Jiménez
Guanipa explica que técnicamente por disposición del artículo 25 de la
Constitución el juicio contra Manuel Rosales es nulo y así debe declararse, por
cuanto se han violado y menoscabado los derechos garantizados por la CRBV. Pero
además los funcionarios que lo ordenaron y ejecutaron tendrán que responder
penal, civil y administrativamente, según los casos, sin que les sirvan de
excusa órdenes superiores recibidas.
Asevera
que Rosales además deberá ser indemnizado por las violaciones de los derechos
humanos de que ha sido objeto, incluido el pago de daños y perjuicios.
En
otro punto, agrega que en el caso del dirigente opositor no existe materia
sobre la cual decidir, no podría haber un juicio en su contra y menos una
decisión que le penalice, de manera que es un exabrupto la aplicación de una
pena accesoria como la inhabilitación para MR.
“Aquí
se trata de una medida de retaliación política para un líder que significó una
amenaza a la mal llamada y farsante Revolución Bolivariana que encabezó el
fallecido Hugo Chavéz, señalado como el primer responsable de los desmanes
cometidos contra Rosales”. El profesor coincide con los demás
especialistas en que se debe declarar la nulidad del juicio iniciado en su
contra y el otorgamiento de su libertad plena.
Morris
Sierraalta, abogado defensor de Manuel Rosales
“Con
el desmentido que hizo José Luis Pirela, pierde eficacia la denuncia original.
Pedimos que declarara en tribunales y esperamos que así sea para que aclare por
qué denunció. Estamos esperando que el expediente sea remitido al tribunal de
juicio”, explica el abogado defensor de Rosales sobre los recientes acciones
sobre el caso.
Precisó
que la legitimidad del juicio queda cuestionada, debido a que la justicia fue
torcida para propósitos diferentes, en este caso por Eladio Aponte Aponte.
Al
igual que el resto de especialistas, expresa que la acción de Rosales de volver
al país para someterse al proceso destruye y desvirtúa el riesgo de fuga.
“Cuando se fue no tenía prohibición de salida del país”, aclara.
Sierraalta
detalló que la figura de la inhabilitación no es justa ya que se aparta del
concepto sobre ser ejecutada cuando hay una sentencia firme. “Rosales debería
permanecer en libertad, que es el derecho más sagrado después de la vida.
Debería estar en libertad para tener una defensa a plenitud. Es una persona que
regresó al país y que rechazó fórmulas alternativas como la aceptación de los
hechos, él dijo que enfrentaría el juicio”.
Expresó
que actualmente solicitan continuar el juicio en libertad por no existir
motivos para tenerlo retenido.
Finalmente,
los especialistas coinciden en que Manuel Rosales, se le han violado los
derechos a una justicia transparente establecida en el artículo 26 de la
Constitución, al derecho a la libertad citado el artículo 44, el derecho al
debido proceso plasmado en el artículo 49, el derecho al asilo y en definitiva
se le han violentado derechos políticos como su participación en las elecciones
sin existir una condena que lo inhabilite. Al unísono, exhortan al gobierno nacional
a otorgarle la libertad plena en la búsqueda de derrumbar la creciente
tendencia de los presos políticos en Venezuela.
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