Fernando Mires 30 de abril de 2016
De
pronto parecía que la historia estaba repitiéndose.
Lo que
estaba sucediendo a fines de Abril con la reticencia pertinaz del CNE para
entregar las planillas solicitadas por la oposición y así llevar a cabo la
realización del revocatorio se parecía como una gota de agua a otra a la
situación previa al 6-D cuando, con igual reticencia, Maduro se negaba a fijar
fecha para las elecciones parlamentarias.
Razones
de sobra tiene el gobierno para no desear medirse electoralmente. Cada elección
que tenga lugar en Venezuela, a partir del 6-D, llevará estampada consigo la
crónica de una derrota anunciada.
Nacido
electoralmente, sustentado en elecciones, siempre plebiscitario, confiado en
las grandes mayorías que obtenía el gobierno Chávez, fue constituyéndose en
Venezuela una muy peculiar formación política en la cual se combinaba un
radical electoralismo con estructuras autoritarias e incluso dictatoriales de
poder. Hoy, en cambio, el gobierno ha perdido su carácter electoralista.
No
solo pierde y perderá el gobierno las elecciones que tengan lugar de aquí en
adelante sino, además, hará todo lo posible para que ellas no tengan lugar. Se
quiera o no, el gobierno ya ha perdido su legitimidad electoral. El problema es
que tampoco tiene otra.
El
Viernes 28-4 pareció ser un día decisivo en la historia del gobierno de Maduro.
O entregaba las planillas o desataba una enorme movilización popular en su
contra. Un mínimo de cálculo permitía augurar que si lo último sucedía, en un
marco determinado por un gran desastre económico, en un país con crisis
alimentaria, atravesado por colas de seres hambrientos dispuestos a enfurecerse
a la menor indicación, habría encontrado a Maduro muy mal parado, incluso
frente a su propia gente. Quizás Maduro, al entregar las planillas, solo
postergó el momento de su inminente retiro. Eso lo sabremos después.
Pero
no solo la lucha por la entrega de las planillas se parecía a la lucha por la
fecha de las elecciones del 6-D. En sentido estricto, los acontecimientos de
Abril y Mayo del 2016 y los que llevaron al 6-D están vinculados entre sí hasta
el punto de que puede afirmarse que entre ellos hay una relación de estrecha
continuidad.
Sin el
gran triunfo del 6-D nunca habría aparecido la posibilidad revocatoria. Aún
más: la necesidad imperiosa de avanzar hacia el revocatorio obedecía a una
opción existencial para la oposición, si es que no aceptaba que le fuera
arrancado de las manos el triunfo del 6-D.
Maduro
ha venido llevando a cabo un sistemático proceso de inhabilitación de la AN.
Habiendo convertido al TSJ en cerco leguleyo destinado a dejar sin efecto todas
las resoluciones parlamentarias, había (Viernes 22 de Abril) decretado la
imposibilidad de la AN para legislar al someter cada resolución parlamentaria
al veto ejecutivo. Un golpe mortal a la AN. El llamado al revocatorio, desde
esa perspectiva, deberá ser considerado como una operación de rescate de la AN
destinada a devolver a ella el principio de representación constitucional que
emana de la soberanía popular. Es por eso que afirmamos: sin el 6-D el impulso
revocatorio habría sido imposible. En ambos casos los demócratas venezolanos se
han movilizado en aras de la vía electoral.
El
referéndum, por definición, es una opción electoral, tanto o más que una
elección parlamentaria. Así se prueba una vez más lo absurda que era la
alternativa calle o elecciones.
La
calle en defensa de las elecciones ha sido la vía tomada por la oposición
venezolana. Así continúa el largo, pero cada vez más efectivo camino electoral,
pacífico y constitucional, emprendido desde 2007. Unidad que nuevamente se
vuelve a mostrar hoy, pero en magnitudes muy superiores.
Ha
sido también demostrado que la opción revocatoria para terminar con el régimen
es la más decisiva. Tal vez otras alternativas eran más expeditas desde el
punto de vista burocrático. El problema es que prescindían de participación
popular y esa solo la garantiza un referéndum. Así, Maduro no será revocado
mediante un expediente notarial, sino como consecuencia de una formidable y
unitaria movilización popular desatada por el revocatorio.
Ya el
solo hecho de firmar significa hacer público un nombre, la inscripción del yo
privado en una decisión colectiva que tiene lugar “bajo la luz de lo público”
(Arendt). Por eso es que cada firma deberá ser considerada como una declaración
de amor a la democracia.
Interesante
es destacar que son muy pocos quienes intentan adjudicarse la paternidad sobre
el revocatorio. Grandeza mostraron Lilian Tintori y Leopoldo López al reconocer
el trabajo arduo de Capriles a favor de la vía revocatoria. Grandeza mostró
también Henrique Capriles al afirmar que el creador del revocatorio no es un
líder sino el pueblo. Tiene razón. La disposición hacia la opción revocatoria
ha sido masiva. La recolección de firmas no solo es un éxito, está a punto de
transformarse en un tsunami. Todos los dirigentes, sin excepción, han
comprendido que en este momento lo que está en juego no son los liderazgos
personales –para eso ya llegará el momento- sino la sobrevivencia de la
oposición como fuerza política.
En
otras palabras, en Venezuela está teniendo lugar una lucha por la defensa del
principio de la soberanía popular. Principio que en su forma roussoniana es una
ficción formal pero que en momentos decisivos ha logrado concretizarse
materialmente en la historia. ¿No fue reafirmado en Polonia cuando surgió el
movimiento de Solidarnosc, representación de todos los trabajadores polacos
frente a un gobierno que se decía representante de los obreros? ¿No fue
reafirmado en el Chile del plebiscito cuando mediante una decisión soberana el
pueblo electoralmente constituido decidió poner fin a la dictadura de Pinochet
y a la caterva de generales que lo acompañaban? ¿No fue reafirmado en la
Alemania del muro cuando las masas en las calles corearon “nosotros” (nosotros
y no ustedes) somos el pueblo”? Todos esos procesos, por lo menos en sus
efectos, tuvieron un sentido revocatorio.
Hoy día
la ciudadanía venezolana, constituida como pueblo, exige a través del
referéndum la devolución de los derechos soberanos que le corresponden. Así ha
quedado claro -aunque Maduro, Cilia Flores, Cabello, Jaua, la y el Rodríguez y
otros poquísimos se llenen la boca con la palabra pueblo- que la decisión
mayoritaria ya ha sido consignada. Esa decisión es revocar.
La
palabra pueblo en periodos históricos no marcados por situaciones límites no
pasa de ser una simple ficción. El pueblo solo existe como pueblo cuando se
constituye políticamente. Antes de su constitución el pueblo existe en la forma
ambigua de ciudadanía, de población, e incluso de masa. Solo en periodos
electorales o frente a grandes cambios históricos, el pueblo se hace pueblo.
Eso es lo que está ocurriendo en la Venezuela de Nicolás Maduro.
El
pueblo venezolano ha comenzado a exigir la rescisión del contrato social que lo
ligaba a sus gobernantes. Al actuar estos últimos como enemigos del pueblo y no
reconocer a sus representantes, el poder deberá ser devuelto al pueblo. Eso y
no otra cosa es el revocatorio.
El
camino no será fácil. Ya Cabello y Maduro anuncian que desconocerán firmas; ya
se postergarán nuevas fechas; ya se retrasarán procedimientos formales; ya
Diosdado amenaza con el mazo; ya asoman los siniestros grupos de choque
destinados a intimidar a los votantes. El atentado a la persona de Chúo
Torrealba (“métele plomo”) es quizás
solo un anticipo de lo que viene.
La
lucha por el referéndum no ha surgido solo como consecuencia de la mala
administración del gobierno, tampoco de la crisis económica, ni de las colas,
ni de la propagación de la delincuencia, ni siquiera de la ostensible
corrupción del partido de gobierno. El referéndum comenzó a cobrar vida desde
el momento en que el ejecutivo decidió desconocer a la mayoría nacional
representada en la Asamblea, es decir, desde el momento en que se negó a
aceptar el principio de la soberanía popular simbolizado en ese edificio que es
la casa de toda la nación, incluyendo la de los propios chavistas.
Pretender
suprimir a la AN es decretar el desconocimiento de la voluntad popular, es la
violación del principio más elemental de soberanía nacional. Ese y no otro ha
sido el gran crimen político de Nicolás Maduro. Por eso, y no por otra razón,
deberá ser revocado.
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