Omar Barboza Gutiérrez 16 de mayo de 2016
Mientras
la profundización de la crisis económica y social cada día le genera mayores
calamidades al pueblo venezolano, el gobierno nacional en vez de rectificar las
causas de lo que está ocurriendo en Venezuela, invierte sus principales
energías en atornillarse en el poder sin tomar medidas de fondo que eviten un
mayor deterioro de la calidad de vida de los venezolanos.
El
oficialismo, después del pasado 06 de diciembre, comenzó a maniobrar y la
pasada Asamblea trabajó hasta el 23 de ese mes para designar
inconstitucionalmente a varios militantes del partido de gobierno como supuestos
magistrados, con el fin de preparar una celada que les permitiera desconocer la
soberanía popular que eligió una nueva Asamblea Nacional con mayoría calificada
de la Unidad Democrática como demostración indubitable del claro mandato de
cambio para los legisladores electos.
Luego,
cuando la Asamblea Nacional se negó a la aprobación de la Emergencia Económica
solicitada por el Presidente Maduro por considerar que contenía propuestas que
pretendían ratificar las políticas económicas que ya habían fracasado,
comenzaron a utilizar a los Magistrados comprometidos para cometer en nombre de
la Sala Constitucional la primera violación a la Constitución que le da la
competencia exclusiva a la Asamblea Nacional para aprobar o no esa Emergencia
Económica en ejercicio de sus funciones de control; entonces, la Sala
Constitucional decidió ejercer ella, sin competencia para hacerlo, las
funciones de la Asamblea Nacional y aprobó la Emergencia, y luego su prórroga,
utilizando argumentos políticos y arbitrarios para violar la Constitución. Ya
se venció la prórroga de la Emergencia Económica aprobada arbitrariamente por
el TSJ, y tal como lo advirtió la Asamblea Nacional, hoy la situación económica
del país es más grave que cuando comenzó la Emergencia.
La
contumacia del gobierno nacional hace que cada vez más haya mayor riesgo de que
pasemos de la crisis al colapso, mientras las iniciativas constitucionales de
la Unidad Democrática son torpedeadas por el Ejecutivo Nacional y por los otros
poderes que controla, intentando cerrar todas las salidas democráticas. Entre
esas acciones se percibe una clara operación morrocoy por parte del CNE, que es
parte del intento de retrasar la iniciativa constitucional del Referendo
Revocatorio impulsado por la oposición. Todo ello ocurre mientras la escasez de
alimentos, medicinas, y la inseguridad ciudadana, hacen estragos en el
bienestar de los venezolanos, quienes están dispuestos a ejercer sus derechos
para que las cosas cambien en nuestro país.
El
último capítulo en este rumbo que lleva el gobierno de Maduro de imponer un
régimen autoritario contrario al interés nacional violando la Constitución, fue
la ocurrencia de intentar modificar la Carta Magna a través de un Decreto
Presidencial como el dictado con el N° 2.309, que pretende dejar sin efecto por
esa vía impropia que constituye una grosera violación al texto constitucional,
las competencias que tiene la Asamblea Nacional de conformidad con los
Artículos 240 y 246 constitucionales, de acuerdo a los cuales el Poder
Legislativo con tres quintas partes de sus miembros presentes puede emitir
votos de censura que acarrea la destitución inmediata del Vicepresidente o de
cualquier Ministro.
Esa
disposición existe como competencia del Poder Legislativo nacional desde las
Constitución de 1864, y desde esa época hasta el Presidente Maduro, ningún
gobernante había intentado modificarla o dejado de aplicar teniendo como
fundamento un Decreto Presidencial. Ese hecho es demostrativo de la vocación
totalitaria del Presidente Maduro, la cual junto a la falta de voluntad para
rectificar y el desprecio por la soberanía popular que eligió a esta Asamblea
Nacional, lo conducen a esta extravagancia inaceptable para la inmensa mayoría
del pueblo venezolano y para quienes tenemos el deber de defender el respeto a
la Constitución y la vigencia de los valores democráticos.
Ante
esas circunstancias, que nos hace sospechar cada vez con mayores fundamentos
que está en marcha un autogolpe dirigido por el Presidente Maduro, con el
objeto de desconocer la voluntad de cambio del pueblo venezolano y su derecho a
expresarse a través de un Referendo Revocatorio, el cual es un derecho
Constitucional de los ciudadanos; por tanto, es necesario convocar a toda la
sociedad democrática a una gran movilización nacional para defender la
Constitución, a la Asamblea Nacional como expresión de soberanía popular, y al
derecho del pueblo venezolano que ya no soporta más a este mal gobierno, a
convertirse en el protagonista del cambio político democrático para poder tener
un país libre, que nos permita reconstruir a Venezuela sobre la base de un
desarrollo económico con justicia social, y en libertad.
Omar
Barboza Gutiérrez
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