Los venezolanos miran
insistentemente el reloj. El tiempo se ha convertido en el factor más relevante
en la crisis política, social y económica que azota a Venezuela, y en el
indicador más común para medir su gravedad.
“Jamás pensé que tendría que
salir a la calle a hacer cola por comida. Tengo que estar desde las cuatro de
la mañana a ver qué consigo, me meto en las colas sin saber qué van a vender”,
dice Maura Ramírez, una abuela de Caracas que con sus 68 años debe volver a
casa, a veces, con las manos vacías. Frente a un supermercado capitalino, se
agolpan consumidores esperando comprar a precio regulado. Allí no hay clases
sociales, ni edades. Una niña de 9 años acompaña a su madre, Fabiana Noguera, y
le pregunta: “Mamá, si cuando sea grande voy a seguir haciendo cola, ¿cómo voy
a estudiar y trabajar?”.
Lograr abastecerse de
alimentos implica invertir tiempo y dinero. Mucho. Largas colas para entrar a
los comercios se replican por doquier, mientras la escasez se cifra en 87 por
ciento, según los gremios productores.
La Encuesta Condiciones de
Vida 2015, realizada por las universidades Central de Venezuela, Católica
Andrés Bello y Simón Bolívar –las más reconocidas del país–, reveló que los
alimentos que más se consumen son harinas, arroz, pasta, grasas y pollo, en ese
orden, sobre todo en los estratos más pobres: menos de la mitad compra lácteos,
apenas 34 por ciento adquiere huevos y 22 por ciento leguminosas.
Victoria Peña, de 46 años,
explica cómo su familia se ha adaptado a comer solo dos veces al día. “Tratamos
de desayunarnos a las once de la mañana, como desayuno-almuerzo, y luego
cenamos como a las siete de la noche”. Su testimonio se corresponde con un
reciente sondeo de la firma Venebarómetro, donde los encuestados que dijeron
que comían solo dos veces al día aumentó de 24,3 por ciento a 30,3 por ciento
entre marzo y abril, y los que comen una sola vez al día pasaron de 4,8 por
ciento a 13,4 por ciento. En total, casi 44 por ciento de la población estaría
haciendo menos de tres comidas al día, según ese estudio.
Las alertas ya estaban
dadas. En el primer semestre de 2014 (último dato oficial disponible), cuando
la crisis era solo una advertencia, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
reportaba una caída del consumo en 56 de los 59 principales alimentos de la
dieta del venezolano. Carlos Albornoz, presidente de la Federación Nacional de
Ganaderos, afirma que entre 2012 y 2015 el consumo de carne de res por persona
bajó de 24 a 14 kilos.
Es el reloj el que cuantifica
el valor de los alimentos y demás productos de uso básico en Venezuela. Para no
hacer colas y ‘no perder el tiempo’ se acude al ‘bachaqueo’, es decir, la
reventa informal de todo aquello que escasea en los anaqueles pero aún se
consigue en mercados informales que venden a precios no regulados, hasta diez
veces mayor que el marcaje oficial. “Yo no voy a pasar horas en una cola porque
tengo que trabajar, si no, ¿de dónde saco el dinero para pagar?”, se pregunta
Jorge Quintana, contador venezolano de 36 años que ejerce en el sector privado.
Otros se preguntan cómo
pagar lo que consigan. El Banco Central de Venezuela, a pesar de la obligación
legal, no ha informado el índice de escasez en lo que va de año, pero el Fondo
Monetario Internacional estimó que el indicador podría alcanzar 700 por ciento
al cierre del año, y escalar hasta 2.200 por ciento al terminar 2017.
El presidente Maduro acaba
de anunciar un aumento del salario mínimo de 35 por ciento, calificando los
ajustes, 17 durante sus tres años en el poder, como “defensa del poder
adquisitivo” frente a la “inflación inducida”. No obstante, el ajuste salarial
no alcanza para cubrir los gastos. El economista José Guerra, presidente de la
Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, detalló que “los salarios han
aumentado 105 por ciento en un año, mientras que la inflación subió 275 por
ciento”, para afirmar que el poder adquisitivo disminuyó. “El salario mínimo no
llega al 65 por ciento de la canasta alimentaria normativa”, agregó Luis Pedro
España, sociólogo e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello.
Mientras tanto, la ONG
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registra 1.552 protestas en el
primer trimestre de 2016, mientras en todo 2015 se produjeron 5.851. Antes de
2000, el promedio era de 500 manifestaciones anuales, según datos del Centro de
Estudios del Desarrollo. Además, las protestas vinculadas a los servicios
públicos y el derecho a la alimentación –el 23 por ciento de los reclamos de
calle este año– están aumentando y podrían quitarle la primacía a las demandas
laborales, cambiando por primera vez las tendencias históricas.
Por su parte, el gobierno
sigue acusando al sector privado de estar detrás de una “guerra económica” cuyo
principal ejecutante sería Empresas Polar. El Ministerio de Comunicaciones
ordenó difundir por televisión propagandas para acusar a la compañía de
disminuir intencionalmente su producción. El mayor conglomerado industrial de
alimentos de Venezuela asegura no tener divisas suficientes, en medio de un
control cambiario vigente desde hace más de una década, para adquirir insumos y
financiar operaciones, y ha informado sobre eventuales paralizaciones en sus
plantas. Hasta la producción de Cerveza Polar, 80 por ciento de la oferta del
mercado local, está en entredicho en el tercer país latinoamericano con mayor
consumo. El presidente Maduro ha respondido tajante: “Planta parada será tomada
por los trabajadores”.
Tiempo de apagones
La electricidad en Venezuela
es tan preciada como la comida. Desde 2008 se ha advertido de los peligros del
sistema eléctrico nacional, debido a desinversiones en el sector, casos de
corrupción documentados y sequía.
El sistema interconectado
nacional combina generación hidroeléctrica con termoeléctrica, para una
capacidad total de 28.000 megavatios, con 20.000 operativos, según la estatal
Corpoelec. Pero la realidad es que el consumo nacional de 15.000 megavatios
cifrado por el actual ministro del sector, Luis Motta Domínguez, no es posible
satisfacerlo.
Por esa razón, Maduro decretó
que el sector público tendrá como días no laborables los miércoles, jueves y
viernes de cada semana, amén de algún día adicional (como el 18 de abril
aprovechando el puente por tener un feriado al martes siguiente). La decisión
se suma a una anterior: la media jornada para oficinas públicas que ahora solo
trabajan lunes y martes durante cuatro horas.
Además, el gobierno también
decidió que los viernes tampoco habrá actividad en escuelas primarias y
secundarias, mientras ejecuta un racionamiento nacional de electricidad según
el cual distintas zonas del país se quedan sin luz cuatro horas diarias, aunque
en ocasiones los cortes pueden sumar el doble de ese tiempo. En las regiones,
sin embargo, los apagones ya eran comunes. “No los anunciaban, pero ya había
una rutina de quedarnos sin luz siempre a la misma hora”, dice Marcos Alonso,
residente en Punto Fijo, en el occidental estado Falcón. En Maturín, al oriente
del país, Luisa Cacique explica que “incorporé la compra de hielo a mis
prioridades para poder tener refrigerada la comida cuando se va la luz y evitar
que se pudra”.
En Caracas la realidad es
otra. La capital fue excluida de los cortes, según declaraciones oficiales,
aunque durante la última semana varios sectores han quedado a oscuras. “Ya ni
los caraqueños nos salvamos de esa. Antes decíamos que éramos ciudad y el resto
era monte y culebra, pero ahora todos estamos igual de jodidos”, apunta Juan
Manuel Quintana, habitante de Horizonte, donde hubo un largo apagón de 30 horas
desde el 30 de abril.
El reloj de la política
A partir del primero de
mayo, la hora oficial venezolana se adelantó 30 minutos, para volver al huso
horario que Hugo Chávez cambió en 2007, bajo el mismo argumento del ahorro
energético. Pero ello no apura los tiempos institucionales para lograr cambios
políticos. La oposición impulsa un referéndum revocatorio para desalojar al
chavismo del poder. Sin embargo, si el proceso no se realiza antes del 10 de
enero de 2017, pierde efectividad pues, aunque Maduro tendría que dejar la
silla presidencial, su segundo a bordo asumiría el cargo hasta 2019.
Este lunes, la opositora
Mesa de la Unidad Democrática entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) más
de 1,8 millones de firmas de venezolanos que solicitan activar el proceso
revocatorio. Son necesarias 195.000 rúbricas, o sea el 1 por ciento del padrón
electoral, para luego agrupar 20 por ciento del total (casi 4 millones de
firmas) que conduzcan a convocar una votación donde Maduro tendría no solo que
perder, sino hacerlo por más votos de los obtenidos cuando fue electo en 2013.
Pero en el CNE no hay apuro.
Su presidenta, Tibisay Lucena, no quiso hablar de lapsos este miércoles 4 de
mayo. Lo que sí dijo es que serán evaluadas dos propuestas de la comisión que
designó Maduro para revisar las firmas: publicar la lista de nombres debido a
sospechas de números “inflados” y abrir un “lapso de reclamo” que podría
demorar el proceso que ya tomará, según el reglamento, 175 días.
Le respondió el gobernador
de Miranda, Henrique Capriles, quien ha impulsado el revocatorio. A través de
Twitter escribió: “Lucena dice que va a revisar con la mayor tranquilidad. No,
señora, conforme al reglamento tiene cinco días y hoy es el segundo”. El
excandidato presidencial también afirmó que el gobierno “quiere jugar con el
tiempo para que no haya revocatorio este año”.
En la acera contraria, el
propio vicepresidente Aristóbulo Istúriz lanzó que “a Maduro no lo van a sacar
ni con referéndum ni con nada de eso, pueden estar seguros. Los tiempos no les
dan ni les van a dar”. A su vez, el segundo a bordo del partido de gobierno,
Diosdado Cabello, calificó de “imposible” que una consulta popular se concrete
en 2016.
La oposición también ha
denunciado que el chavismo quiere exponer a sanciones a empleados públicos. Por
ejemplo, Cabello dijo dos veces esta semana que los empleados de organismos del
Estado que firmaron deberían ser removidos de sus cargos porque “una revolución
se hace con revolucionarios”.
En ese contexto, el papel
que juegue el Ejército será determinante. Durante los 17 años que el chavismo
ha estado en el poder, las Fuerzas Armadas han acompañado sin falta al gobierno
y sus miembros han sido unos de los grandes beneficiarios del statu quo. A su
vez, varias generaciones de coroneles y generales han sido inculcados con la
ideología chavista y, de labios para afuera, siguen apoyando a Nicolás Maduro.
La gran pregunta es si ante un descontento generalizado, estarán dispuestos a
usar los fusiles para proteger a un gobierno que a estas alturas solo busca
perpetuarse para no afrontar sus deudas con la Justicia.
07-05-16
http://www.semana.com/mundo/articulo/venezuela-crisis-se-agudiza-por-alimentos-y-electricidad/472624

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