Trino Márquez 25 de noviembre de 2021
@trinomarquezc
En las
elecciones del 21 de noviembre el gobierno obtuvo la inmensa mayoría de las
gobernaciones y dos tercios de las alcaldías. Visto desde los fríos números, el
país quedó teñido de rojo, a pesar del notable aumento de la cantidad de
gobiernos locales y consejos municipales obtenidos por la oposición. Sin
embargo, colocando la lupa en otros campos, encontramos un país que, en
el plano político, está dividido en dos sectores de dimensiones muy diferentes
y con características disímiles.
Una de las fracciones es el oficialismo, reducido a menos de 25% de los votantes inscritos en el Registro Electoral Permanente. A este grupo lo compacta la lealtad con la memoria de Hugo Chávez y el apego aún al gobierno de Nicolás Maduro por razones que van desde quienes fueron extorsionados para que votaran a favor a los candidatos del PSUV y chantajeados con amenazas, hasta quienes de forma genuina siguen creyendo en el proyecto chavista.
El
otro campo es más diverso. Está integrado por los abstencionistas crónicos –que
jamás se han interesado por los comicios regionales-, los abstencionistas
escépticos de la oposición y del chavismo –decepcionados e incluso hastiados
del sistema político y la dirigencia- los abstencionistas militantes –quienes
dicen que ‘dictadura no sale con votos’-, los integrantes de la diáspora –que
no pueden votar- y los simpatizantes de los partidos de la Mesa de la Unidad
Democrática, los partidarios de la Alianza Democrática y Fuerza Vecinal, y los
allegados a los pequeños partidos y grupos nacionales y regionales, que no
integran ninguno de los bloques mayoritarios en los que se agrupan los
adversarios del régimen.
La
consecuencia inmediata de la fragmentación de ese amplio segmento que no forma
parte de la capa oficialista, es que el PSUV controlará de nuevo los gobiernos
regionales y locales, siendo apenas una reducida fracción del espectro político
nacional.
El
gran reto de la dirigencia opositora –ya sea la que se constituya a partir de
estos comicios o de la nueva que surja en los próximo meses- residirá en
conectarse con esa inmensa franja de venezolanos que por distintas razones
cuestionan al gobierno, pero rechazan a los políticos, no se platean formar
parte de ninguna organización y se han alejado de los centros de votación. Se
han desmovilizado y dejado ganar por el desaliento y la sospecha.
El
gobierno –tal como lo hizo en esta oportunidad- alimentará la desconfianza y la
fragmentación entre quienes le adversan. Parte de los recursos de los cuales
disponga estarán dirigidos a financiar grupos divisionistas, a comprar
esquiroles o a chantajear. Esa es la receta de los regímenes autoritarios. La
sabiduría de la dirigencia democrática consistirá en eludir las provocaciones
a partir de una estrategia clara y coherente, que hunda en el campo electoral
uno de sus pilares fundamentales.
El
21-N significó para los partidos democráticos el retorno a la participación en
elecciones, luego de varios años de abstencionismo contumaz. El duro informe de
la Misión de Observación Europea (MOE) podría darles argumentos a los
abstencionistas de oficio para cuestionar la estrategia electoral y la
asistencia a las convocatorias por venir. ¡Cuidado!
La
verdad es que la cita de noviembre dejó mucho que desear, como lo expresa el
informe preliminar presentado por Isabel Santos. A pesar de que su capacidad
sancionatoria es muy reducida, el CNE debió haber denunciado con énfasis
las fallas señaladas por la MOE y así de anticiparse a ese informe, que sin
duda tendría que incorporar fallas tan evidentes como las que allí se
apuntan. Ahora bien, de esas páginas no se deriva que fue un error
asistir a la convocatoria. Todo lo contrario. Allí aparece un reconocimiento al
organismo comicial que va mucho más de las fórmulas diplomáticas. Lo que se
deriva del informe es que la sociedad democrática tiene que elevar la presión
para que el órgano rector actúe en las venideras elecciones más apegado a los
protocolos internacionales.
Después
de las votaciones regionales los vínculos de la oposición con la comunidad
internacional, especialmente con la Unión Europea, podrán fortalecerse. En este
punto aparece una clara diferencia con Estados Unidos. La administración
de Joe Biden –a través de su Secretario de Estado, Antony Blinken- descalificó
la cita del 21-N. Esto podría ser parte de una estrategia diplomática, incluso
acordada con la UE, dirigida a mantener presión sobre el régimen de Maduro, de
modo que el mandatario venezolano no piense que por haber mejorado un poco el
desempeño institucional, toda la comunidad internacional está reconociendo su
legitimidad y está reconciliándose con él. Nada de eso. El objetivo final
consiste en que Maduro convoque elecciones presidenciales libres, justas,
competitivas y tranparentes en el menor lapso posible. Cuando se logre esa
meta, entonces el cuadro cambiará.
Por
ahora, el episodio del noviembre es un paso importante en esa dirección. Los
ciudadanos transmitieron muchos mensajes. Uno de los cuales es que quieren
votar. La abstención, si se depuran del REP los electores que se encuentran en
el exterior, se mantuvo en el nivel histórico para elecciones de este tipo:
45%. El proyecto chavista gestionado por Maduro sólo encanta a un
minúsculo sector. Los venezolanos quieren cambios pacíficos y lo mejor es que
se logren a través de consultas comiciales.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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