Carlos Canache Mata 29 de noviembre de 2021
@CarlosCanacheMa
Era el
año 1979. Ante la crisis de almacenamiento en frío existente en el país y la
necesidad de mantener abastecido el mercado con productos que requerían
refrigeración y se importaban del exterior, se compró, bajo el primer gobierno
de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), el buque frigorífico Sierra Nevada.
El doctor Leopoldo Díaz Bruzual, alto funcionario del gobierno en ejercicio, presidido por el doctor Luis Herrera Campins, (1979-1984), en denuncia pública, afirmó que hubo un sobreprecio en dicha compra, lo que dio lugar a que se abriera una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, cuyo titular era el doctor Pedro Mentallini.
En la
Cámara de Diputados (que yo presidía, en virtud del pacto parlamentario, no
escrito, de que la Cámara Alta la presidiera un senador del partido de
gobierno, y la Cámara Baja un diputado del principal partido de oposición), se
planteó en el mes de noviembre de 1979 que, a nivel parlamentario, se realizase
también una investigación sobre la denuncia.
A tal
efecto, se designó una Comisión integrada por tres diputados pertenecientes a
los partidos URD, Copei y MAS, y dos pertenecientes a Acción Democrática. Esa
Comisión presentó un Informe en el que solicitaba que se enjuiciara al
ex-Presidente Pérez por tener –en su opinión- responsabilidad política, moral y
administrativa en la comisión de las irregularidades habidas en la adquisición
del buque Sierra Nevada. Después de consultas con los jefes de las Fracciones
Parlamentarias, propuse que el Informe se discutiera en sesión conjunta de las
dos Cámaras, en vista de que se refería a un miembro del Senado, al cual
pertenecía constitucionalmente con carácter vitalicio, el ex-Presidente Pérez.
Así se aprobó.
En la
sesión conjunta de la dos Cámaras, se discutió ampliamente el Informe (que se
había elaborado en la Cámara de Diputados), con la participación del senador
ex-Presidente Pérez. El debate concluyó el 8 de mayo de 1980, determinándose,
con algunas modificaciones del Informe, que el ex-Presidente tuvo
responsabilidad política (132 votos, contra 102), pero fueron negadas la
responsabilidad moral (119 votos, contra 111) y la responsabilidad
administrativa (115 votos, contra 113).
Como
correspondía, el Informe debía ser enviado al Fiscal, donde continuaba la
investigación abierta, quien no quería cerrarla sin recibir y conocer
oficialmente el Informe del Congreso. El envío debía hacerse de inmediato, como
era lo habitual, firmado por los Presidentes de ambas Cámaras, por cuanto había
sido aprobado en sesión conjunta; pero esta vez el Presidente del Senado, el
doctor Godofredo González, dirigente muy apreciado del partido Copei, me dijo
que el Informe, por referirse a quien había sido un Presidente de la República,
mejor era adjuntarle también los discursos pronunciados durante el debate y que
éstos ya estaban siendo pasados de las grabaciones a la escritura. Aun cuando
lo que me propuso no estaba contemplado en ninguna norma reglamentaria del
Parlamento, lo acepté.
Por
razones de salud, el titular doctor Pedro Mantellini, había viajado a Estados
Unidos y quedó como Encargado de la Fiscalía, el doctor Víctor Ortega Mandoza.
Pasaban los días sin que terminaran de hacerse las transcripciones mencionadas
y, por consiguiente, la Fiscalía seguía esperando el Informe.
Fueron
incontables las veces que yo caminaba en el Capitolio del despacho de la
Presidencia de Diputados al de la Presidencia del Senado, gestionando el envío
del Informe al Fiscal, y cuando pensé o me dí cuenta de que no se hacía porque
para hacerlo se esperaba el regreso al país del doctor Mantellini, amigo y
simpatizante de Copei, tomé la decisión el 13 de junio, previa consulta con mi
partido Acción Democrática, de remitir el Informe a la Fiscalía con mi sola
firma. Entre el 8 de mayo, fecha de su aprobación parlamentaria, y el 13 de
junio, fecha del envío, habían transcurrido ¡36 días!
Ardió
Troya. Los partidos adversarios de Acción Democrática, que hacían mayoría en la
Cámara de Diputados, plantearon en ésta un voto de censura contra mí por haber
enviado el Informe sin la firma del Presidente del Senado, al Fiscal encargado,
quien decidió que no había mérito para el enjuiciamiento del ex-Presidente.
En las
varias sesiones del debate dije a los diputados de URD, Copei y MAS que podían
aprobar un voto de desacuerdo con la decisión que yo había asumido, pero que si
aprobaban un voto de censura, por la connotación peyorativa de la palabra
censura, renunciaría a la Presidencia de la Cámara. En el mismo debate, y
después en declaraciones públicas, varios diputados de esos partidos,
especialmente de Copei, manifestaron que yo no tenía por qué renunciar al
aprobarse el voto de censura; y mi partido Acción Democrática, al igual que el
ex-Presidente Pérez, trataron de persuadirme de que continuara en la
Presidencia de la Cámara.
El
voto de censura se aprobó, y yo renuncié.
Carlos
Canache Mata.
@CarlosCanacheMa
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