El callejón sin salida de Maduro, por Humberto García Larralde

Humberto García Larralde 13 de diciembre de 2022

La escalada en el precio de la divisa, su presión al alza de los precios internos, y el consecuente deterioro del poder adquisitivo de los asalariados y de quienes dependen de otras rentas fijas, pone de manifiesto el callejón sin salida a que Maduro ha conducido la economía. Quiso ganar méritos con la liberalización de precios y de la divisa, pero sin alterar la esencia del régimen de expoliación que instauró su mentor desmontando el Estado de Derecho. Un poquito de historia ayuda a poner el problema en perspectiva.

Chávez llegó al poder con una prédica populista y patriotera que prometía redimir al “Pueblo”. Su éxito requería allanar las condiciones para repartir la renta petrolera a discreción entre sus partidarios, sin restricciones de ningún tipo. Fue clave para superar las dificultades políticas que inicialmente provocó la acción de su gobierno. Por tanto, desmanteló sucesivamente aquellas instituciones que se interponían al ejercicio de su voluntad, pues ésta no era otra cosa que su “revolución”. El vacío de poder resultante lo llenó con su autoridad personal omnímoda, amparada en el carisma que arrojó su irreverencia ante normas y poderes establecidos, y la portentosa renta petrolera captada, sobre todo a partir de 2006, que alimentó el gasto populista. Desactivado el imperio de la ley, pudieron cobijarse bajo su ala protectora apetitos depredadores de toda laya. Su único compromiso era profesar lealtad a quien profesaba ser el hijo genuino del Libertador. Así Chávez pudo instrumentar su ascendencia y la prolífica renta que cayó en sus manos para forjar complicidades que consolidarían su apoyo, sobre todo entre militares corruptos.

Maduro, designado sucesor del “eterno”, no contó con el carisma de aquél ni con los montos de renta que alegremente dilapidó para granjearse apoyos. Ante la ausencia del poder personal de su mentor, optó por enfrentar el vacío institucional montando una institucionalidad paralela. La complicidad de un poder judicial corrupto le permitió violentar abiertamente el orden constitucional para desactivar un poder legislativo en manos de fuerzas democráticas y, con ello, alegar un régimen de emergencia permanente para gobernar por decreto, hacerse aprobar sus presupuestos ante el tsj abyecto y acentuar los controles sobre la economía. Y, frente las protestas, arreció con medidas de represión que dejaron centenares de muertos y consolidó un régimen implacable de terrorismo de Estado. Complementó su golpe poniendo a militares traidores al frente de responsabilidades políticas y económicas cruciales –incluida PdVSA—y trampeando el sistema electoral para instalar una supuesta asamblea constituyente y “reelegirse”. Es decir, contribuyó a “institucionalizar” el entresijo de intereses que conforman el régimen de expoliación. Con ello se llevó a la economía por delante, reduciéndola a menos de la cuarta parte de cuando llegó a la presidencia y desatando una cruel hiperinflación. Llevó a millones a la miseria, al destierro o la muerte.

La liberalización de algunos controles de precio, de la circulación del dólar y las medidas para abatir la hiperinflación –asesoradas por profesionales vinculados al expresidente ecuatoriano Rafael Correa–se montó sobre tal bagaje. Y, dada la enorme potencialidad de la economía venezolana, sofocada por años, estos respiros iniciales detuvieron la caída libre de la actividad productiva y esta empezó a crecer. A la par, la dolarización se reflejó en la proliferación de comercios de importación –los bodegones—y la revitalización de algunas construcciones en el este de Caracas. La hiperinflación cedió, al fin, al quemar divisas para retrasar el ajuste cambiario, reducir el gasto público –rebajando drásticamente los sueldos (reales) de los empleados—y secando el crédito bancario con encajes prohibitivos. Fueron los ingredientes de la tan cacareada “normalización” de la economía de la que alardeó Maduro.

Simular tal vitrina buscó tapar el colapso de los servicios públicos, incluyendo a la salud y la educación, la miseria de quienes no disponían de dólares, la destrucción de PdVSA y la escasez de gasolina, y el hecho de que la inflación todavía era de las mayores del mundo, sólo superada por la de Zimbabue. Bajo la superficie se imponía la realidad de una economía devastada, ingresos fiscales insuficientes, una corrupción desatada y una administración pública sin capacidad de respuesta.

Pero la pretensión de Maduro de cosechar réditos surfeando la ola de una promisoria liberalización incipiente se olvidó de lo más importante: sin garantías, no hay confianza, sin confianza no hay inversión y sin inversión la “normalización” hace aguas. En primer lugar, porque –como hemos explicado en otras oportunidades—intentar estabilizar una economía con niveles de desempleo tan altos solo con medidas de contracción monetaria, atenta contra la recuperación económica e impide, por tanto, incrementar la recaudación fiscal. Siendo que la República está en default desde 2017 e impedida, además, de acceder al sistema financiero de EE.UU. por las sanciones, tampoco tiene acceso al financiamiento externo. Todo aumento del gasto, bien sea para atender una mejora salarial o de los servicios públicos tropieza con la falta de recursos. Se financia, por ende, con emisión monetaria (dinero “inorgánico”), combustible de la inflación y de la disparada del dólar. En segundo lugar, sin inversión no hay crecimiento de la producción y de la capacidad exportadora, del empleo y de la productividad. Recurrir al dinero de Monopolio para incrementar los salarios, resultó una burla que hoy agota la paciencia de sectores crecientes.

Las reservas internacionales están en su mínimo histórico y ya no es posible contener el alza del dólar. Desde principios de mes (diciembre), el bolívar se ha depreciado en casi un 40%. La inflación se acelera y aumenta el malestar. Los servicios públicos están cada vez peores y recrudece la escasez de gasolina. Se acabó la cuerda de la “normalización” de Maduro. Al aproximarse las elecciones presidenciales, ¿Qué va a hacer? ¿Volver a decretar aumentos salariales imprimiendo dinero, o renegar de éstas? La reversión a un proceso de hiperinflación es una posibilidad real. Zimbabue parece estar en camino.

No hay manera de estabilizar exitosamente la economía venezolana si no se crean condiciones para incentivar la inversión productiva. Pero para ello son menester las garantías y seguridades provenientes del ordenamiento constitucional, así como su observación estricta por parte de los distintos órganos del Estado. Ello es condición sine qua non, además, para concertar importantes créditos con los multilaterales y negociar la reestructuración de la cuantiosa deuda externa que agobia a la República. Pero cumplir con estas condiciones implica desmontar el régimen de expoliación, razón de ser de la “revolución” bolivariana. De ahí el callejón sin salida en que se encuentra Maduro. O restablece las garantías, arremete contra los corruptos y garantiza la realización de unas elecciones creíbles, que abran las puertas al restablecimiento pleno de los derechos ciudadanos, o se cierra tras el andamiaje del Estado de Terror y de la falta de garantías que ha erigido para capear el creciente temporal con base en la represión. El cierre reciente de unas 100 emisoras de radio de provincia no es muy alentador.

La apuesta de Maduro es lograr escapar de este desiderátum con el levantamiento de las sanciones que tanto han fastidiado la voracidad depredadora de sus cómplices. Cree que, así, podrá conservar el apoyo de éstos y lograr, a la vez, un mejor posicionamiento interno para enfrentar las elecciones con mejoras puntuales, sin hacer excesivas trampas. Ya ha confesado que no habrá elecciones confiables si no se le concede su deseo. Y empiezan a salivar Diosdado Cabello y otros con la perspectiva de oportunidades que entrevén con la dispensa otorgada a la empresa Chevron para exportar petróleo venezolano y con los USD 3 mil millones para atender la emergencia humanitaria. Caimanes en boca de caño.

De ahí lo decisivo de una negociación sólida y coherente con los objetivos planteados. Liberar los presos políticos, recuperar las garantías básicas y garantizar unas elecciones confiables, deben ser condiciones para acceder al levantamiento progresivo –contra verificación de avances concretos—de las sanciones. Obviamente, ello dependerá de la sintonía lograda con quienes han instrumentado estas sanciones en torno a los objetivos buscados y la estrategia para logarlos. Esperemos que el liderazgo democrático esté a la altura.

Humberto García Larralde