EFE 28 de noviembre de 2024
La
organización exige la liberación inmediata de los menores que, denunció,
atraviesan graves secuelas psicológicas y físicas por los abusos perpetrados
por las autoridades del régimen de Maduro
Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue las “detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos” de niños arrestados en Venezuela durante las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales de julio, que dio la victoria de manera fraudulenta a Nicolás Maduro.
En una
nueva declaración, AI también alertó de “graves violaciones del derecho a un
juicio justo de cinco niños y una niña cometidas entre el 29 y el 31 de julio,
durante la represión del gobierno de Maduro contra la disidencia tras las
elecciones”.
AI
informó de que se entrevistó con organizaciones de derechos humanos venezolanas
y familiares de niños detenidos para recabar información de esos casos.
“La
tortura, detención arbitraria y abusos contra decenas de niños y niñas deben
movilizar a la justicia internacional”, apostilla la oenegé de derechos humanos
en un comunicado.
Cuatro
meses después de aquellos episodios, “al menos 198 niños y niñas siguen
sometidos ya sea a detención injusta, a acusaciones penales
infundadas, o a las graves secuelas psicológicas y físicas de los abusos
perpetrados por las autoridades venezolanas”.
La
organización exige la liberación inmediata “de los al menos 69 niños y niñas
que permanecen privados de la libertad”.
“Detener,
torturar, criminalizar, y castigar a niños y niñas cruza una línea que ningún
Estado debería cruzar jamás”, declara la secretaria general de Amnistía
Internacional, Agnès Callamard en el documento hecho público por AI.
Así,
la organización “exige la liberación inmediata e incondicional y la reparación
de todos los niños y niñas que actualmente sufren la crueldad interminable de
las autoridades venezolanas”.
“Mientras
decenas de niñas y niños siguen detenidos injustamente en condiciones
inhumanas, otros han sido excarcelados, pero siguen sometidos a procesos
penales sin fundamento”, incide la máxima responsable de AI.
Las
historias de estos niños son “simplemente desgarradoras” y todos sufrirán
durante años “las inimaginables cicatrices de su terrible experiencia”.
“Violaciones
sistemáticas de los derechos humanos”
La
situación de estos menores forma parte de un contexto más amplio de
“violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos a la integridad
personal y a la libertad, y a un juicio justo, perpetrados por el gobierno
de Maduro”, subraya AI.
Por
ello, “los Estados de todo el mundo deben sumarse al clamor global y exigir
que se respeten los derechos humanos en Venezuela, empezando por los
derechos de los niños y niñas”, señala la ONG.
“También
deben apoyar —pública, privada y financieramente— la investigación en curso por
parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) —incide—, todas las
investigaciones penales bajo el principio de jurisdicción universal, y el
riguroso escrutinio de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.”
Según
AI, Venezuela sufre una “crisis de derechos humanos profunda y multidimensional
desde hace al menos diez años”.
Lo ha
denunciado frecuentemente, “así como crímenes de Derecho internacional,
incluidos de lesa humanidad, y una emergencia humanitaria compleja en curso,
que han obligado a más del 25 % de la población del país a huir al extranjero”.
Su
última investigación constata como algo “especialmente alarmante” el “creciente
aumento de la represión” contra la disidencia tras los comicios de julio.
El 8
de septiembre pasado, en principal candidato opositor electoral, Edmundo
González Urrutia, se exilió en España para evitar ser detenido, después de
que el bloque antichavista denunciara una “fraude masivo”.
“En el
primer mes, tras las elecciones, las autoridades llevaron a cabo más de 2.000
detenciones, según cifras oficiales”, señala AI; y “la represión también
incluyó muertes ilegítimas, más denuncias creíbles de tortura, desapariciones
forzadas, ataques generalizados contra la sociedad civil, represalias contra
defensores y defensoras de los derechos humanos y graves violaciones de las
garantías de un juicio justo”.
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