David Placer 07 de agosto de 2019
@dplacer
Un
grupo de refugiados venezolanos en Madrid cuenta la situación límite que viven
tras la denegación masiva de visas por asilo político y la aprobación
automática de permiso de residencia por razones humanitarias. Están felices
porque pueden trabajar, pero pierden de inmediato todas las ayudas y tendrán
que abandonar sus refugios en pocos días
Cuando
el gobierno español le notificó que había obtenido la residencia y la visa de
trabajo, Yenny, una venezolana solicitante de asilo en España, estalló en
llanto. No estaba segura si eran lágrimas de felicidad o de miedo. Por fin
tendría un permiso de trabajo, algo que cualquier inmigrante en España puede
tardar años en lograr. Yenny obtuvo el permiso pocos meses después de que el
gobierno español concediese a los venezolanos el visado de residencia por
razones humanitarias.
Pero,
junto a la felicidad, el pánico también la embargó. Con la aprobación de su
residencia y permiso de trabajo (un logro incuestionable e histórico para la
comunidad venezolana) ya no podía continuar disfrutando de las ayudas que el
gobierno de España otorga a los solicitantes de asilo político y protección
internacional. Yenny, como solicitante de asilo, pudo lograr una habitación en
un refugio para ella y sus dos hijos menores de edad. Ahora, con la residencia
aprobada tendrá que abandonar el refugio en dos semanas.
Es
la dura transición entre el tutelaje por parte del gobierno español, con techo
y comidas incluidas, a la emancipación inmediata. En breve, tendrá que
abandonar el lugar donde le dieron refugio. El problema es que el permiso de
trabajo no es inmediato. El trámite podría tardar al menos un mes. Y el permiso
de trabajo tampoco garantiza el trabajo el un país con un 16% de desempleo.
“Ya
me dijeron que el 22 de agosto me tengo que ir. Yo les dije que no tengo nada
de dinero, no tengo familiares ni amigos. Estoy sola con mis dos hijos. El
primer día que llegué a Madrid dormí en el Parque de El Retiro con los niños.
Ahora, en dos semanas puedo terminar otra vez en la calle, en un parque o
debajo de un puente”, explica Yenny, una mujer que huyó de Venezuela por las
amenazas constantes a su familia, que había participado activamente en las
protestas contra el régimen.
Yenny
ha sido advertida: tiene que conseguir techo como sea. De lo contrario, los
servicios sociales podrían quitarle la custodia de sus hijos. Ahora vive en el
Centro de Atención del Refugiado (CAR) en Vallecas (Madrid). Allí recibe ayuda
para comprar la tarjeta mensual de transporte y también para sus gastos de
limpieza: aseo personal, detergentes y otros insumos.
Pero
el 22 de agosto tendrá que buscarse la vida en la calle. En una plaza frente al
refugio, Yenny cuenta sus miedos junto con otras dos refugiadas venezolanas:
Mirna, profesora y dos hijos menores, y Jenny, desempleada, con hijos y con su
marido ingresado en el hospital y en tratamiento de un cáncer que ha terminado
con la extirpación de las cuerdas vocales.
Los
trabajadores sociales que les atienden han mostrado preocupación por sus casos
personales. Están convencidos de que los refugiados venezolanos no serán una
carga para el Estado español. En el refugio hay médicos, profesores,
profesionales con postgrados y doctorados y trabajadores inscritos en los
cursos de integración que les ofrecen de forma gratuita para conseguir trabajo.
Por eso, trabajan para buscarles soluciones, pero las normas, los
procedimientos y la burocracia no les dan muchas opciones.
De la protección total a la calle en 15 días
Mirna tiene una cita este miércoles en relación con su
solicitud de asilo. Teme el mismo destino que ya han tenido otros refugiados de
Vallecas, en Madrid: que le den un plazo de 15 días para abandonar el refugio.
Y en ese período deberá buscar casa y trabajo. Sin tener contrato fijo, a los
refugiados venezolanos les será casi imposible conseguir una habitación y mucho
menos un apartamento. Por tener menos de seis meses en España, ninguna ONG se
hará cargo de su caso.
“Estamos muy agradecidos de las ayudas y de que nos
estén dando los permisos para trabajar. Queremos trabajar, emprender y ser
productivos. Lo que pedimos es un período de transición. Nos parece muy brusco
que nos echen a la calle de un día para otro, sin tener ingresos ni trabajo”,
explica Mirna que emigró a España con sus dos hijos y con mil euros, una
cantidad que ya ha gastado.
Jenny, también venezolana y de 42 años, llegó al país
porque su esposo necesitaba un tratamiento por el cáncer de garganta. Apenas
llegó a España lo operaron de emergencia, pero ha tenido algunas
complicaciones. Vendió su casa, en un barrio muy humilde de Valencia, y con el dinero
que recibió compró los billetes aéreos de ella y sus dos hijos menores. La
venta de su casa no alcanzó para lo pasajes y tuvo que pedir dinero prestado a
su hermana.
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