David Placer 10 de agosto de 2019
@dplacer
El
gobierno español usa un razonamiento idéntico para otorgar permisos de
residencia a cada uno de los 11.000 venezolanos que han pedido asilo político.
España ha iniciado la ‘legalización’ masiva de venezolanos por “la represión,
el hambre, la violencia y la dificultad para comprar medicinas”. El Gobierno
describe con detalle el modelo dictatorial de Maduro para la primera
legalización masiva de venezolanos
Los 11.000 venezolanos que han recibido la residencia
por motivos humanitarios en las últimas semanas cuentan con un expediente
idéntico. La resolución en la que se otorga el permiso de trabajo y residencia
es la misma en todos los casos. En ella, se justifican los motivos legales por
los que el gobierno español ha comenzado a otorgar de forma masiva los papeles
a los asilados venezolanos.
El ministerio de Interior, presidido por Fernando
Grande Marlaska, repasa con detalle la situación que vivieron los
venezolanos que ahora solicitan asilo político y protección internacional en
España: hambre, violencia, hiperinflación, represión, dificultad para los
tratamientos médicos, apertura de juicios arbitrarios, fraude electoral y hasta
“usurpación de funciones” por parte del régimen.
El gobierno español utiliza amplios y variados
argumentos para acoger a los venezolanos como no lo ha hecho hasta ahora con
ciudadanos de ningún otro país, ni siquiera con los que sufren guerras. Desde
los problemas que afectan a todos los venezolanos en la vida diaria hasta la
estructura política y represiva del régimen son utilizados como argumento para
acoger a los venezolanos de forma excepcional por razones humanitarias.
Los documentos que están recibiendo los venezolanos
con la aprobación de su residencia citan, para hacer el diagnostico de la
situación venezolana a la Organización de Estados Americanos, OEA,
el Fondo Monetario Internacional y las resoluciones de la
Unión Europea.
Usurpación y dictadura
Como valoración política, el gobierno español describe
al régimen de Nicolás Maduro como un sistema completamente dictatorial, aunque
evita calificarlo de forma abierta como dictadura.
“Venezuela se encuentra inmersa en una relación
convulsa en la que concurren simultáneamente múltiples crisis desde el punto de
vista económico, social y humanitario, afectando de forma aguda y conjunta
todos los ámbitos. Según señala la Organización de Estados Americanos (OEA) en
el informe aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de
diciembre de 2017 sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela, se ha
producido un importante debilitamiento de la institucionalidad democrática, así
como un alarmante incremento de la represión, violencia e inseguridad
ciudadana”, explican todos los documentos de aprobación de permiso de
residencia en España a venezolanos emitidos en las últimas semanas.
El ministerio de Interior también explica que las
elecciones en Venezuela de mayo de 2018 han sido fraudulentas y califica al
Tribunal Supremo de Justicia de usurpador.
“Las elecciones celebradas en mayo de 2018 y que le
habrían dado como gobernador para este segundo mandato han sido cuestionadas
por carecer de garantías democráticas, al negarse a participar en las mismas
las fuerzas de la oposición, alcanzarse un nivel de abstención histórico (más
del 54%) y haberse rechazado la participación de tres partidos opositores.
Además, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen, ha usurpado
el poder de la Asamblea Nacional y ejerce funciones que le corresponden al
Parlamento, como aprobar los presupuestos. Es ante dicho órgano ante el que el
Presidente de la República juró el cargo, en lugar de hacerlo ante la Asamblea
Nacional como establece la Constitución”, explica el gobierno español.
El documento, con el cual se han otorgado 7.600
nacionalidades en mayo y 3.300 nacionalidades el mes pasado, también ratifica
que España y la Unión Europea siguen reconociendo a Juan Guaidó como Presidente
Encargado de Venezuela.
“Tanto la Alta Representante de Política Exterior y
Seguridad común de la UE como otros Estados miembros de la UE emitieron una
declaración conjunta el pasado 4 de febrero de 2019, a la que se sumaron además
de España, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca, Bélgica,
Portugal, Polonia, Holanda, Hungría, República Checa, Luxemburgo, Lituania,
Letonia, Estonia, Croacia y Finlandia. En ella se reconoce a Juan Guaidó como
presidente encargado de la convocatoria de elecciones presidenciales libres,
justas y democráticas”, relata el Gobierno en el documento de aprobación de
nacionalidades.
El gobierno español --que no menciona el nombre de
Nicolás Maduro en todo el documento, pero sí el de Juan Guaidó-- también se
apoya en la decisión de la Audiencia Nacional cuando decidió resolver
favorablemente el caso de un venezolano que apelaba después de que el gobierno
español le denegase el asilo político.
“En Venezuela existe una situación de crisis
generalizada, que se centra, entre otras, en una absoluta desprotección de
aquellos ciudadanos que manifiestan su disidencia, que son objeto de amenazas y
sobre los que pende la posibilidad, al menos, de un arresto arbitrario sin
garantía alguna. Todo ello al margen de los problemas de los derechos básicos
como son la salud y la alimentación, siendo especialmente preocupante la
situación de los colectivos especialmente vulnerables como ancianos, personas
sometidas a tratamiento o niños”, argumentó la Audiencia Nacional en un fallo a
favor de un asilado venezolano Audiencia Nacional en una sentencia de junio de
2018.
El gobierno español podría aprobar masivamente la
residencia y el permiso de trabajo al menos a otros 40.000 venezolanos que
solicitaron asilo político entre 2014 y 2019.
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