MENSAJE
CON DESTINO: ¿Quien es el oficialista
fallecido el 12 de febrero, Comandante Murachí?
Por Jesús
González Briceño, 12 /02/2014.
El
10/2/2014, alrededor de las 9 am se presentó un grave incidente a la salida de
la Urb.Miranda, Petare, cuando un motorizado esperaba el semáforo se le acercó
otro similar con su acompañante en la parilla y lo atacaron violentamente para
despojarlo de su vehículo, golpeándolo salvajemente entre ambos, mientras que
dos soldados de la GNB que acostumbran hacer vigilancia y control de personas y
vehículos en la zona, ,se acercaron hasta donde ocurría el hecho, en tanto que
otra persona salió en auxilio del
motorizado víctima del ataque y un
funcionario de seguridad, vestido de oscuro, también llegaron al sitio.
Inexplicablemente los dos militares apuntaron con sus armas a la víctima y su
defensor, en tanto que desconocían o no dieron crédito al funcionario de oscuro
que intentaba identificarse. Después de de infringirle una golpiza al
motorizado los dos militares de oliva los protegieron y permitieron alejarse a
los dos asaltantes del lugar.
Hechos
como el citado anteriormente se repiten cuotidianamente en todo el país que
implica a todo tipo de funcionarios de seguridad como CICIPC, AGENTES
POLICIALES, EFECTIVOS MILITARES y otros órganos de seguridad del Estado, además
de diversas formas de cooperación y connivencia entre ellos y los delincuentes
que ensombrecen los propósitos del Plan Patria Segura y crea en la colectividad
una justificada desconfianza de la ciudadanía en los encargados de evitar,
cometer y amparar la criminalidad en los estrados judiciales. Muchos
funcionarios de seguridad dejaron sus vidas en el combate del crimen, más de
266 en 2013 y más cien en el presente año, pero desafortunadamente el Estado no
se ha convencido de que es necesario borrar de una vez por toda su política de
armar muchos civiles entregándoles armas y municiones sin control alguno y
protegiendo mafias parapoliciales cuyo objetivo ha sido y es todavía, en la
actualidad, la defensa de la Revolución y el Pueblo en Armas , preconizado por
Chávez, y aunque Maduro aparentemente se ha desmarcado de esta política
perversa y depravada injustificable, sus medidas no han sido efectivas ni
sinceras, por la inseguridad y lo ilícito
de su mandato presidencial. Veamos las causas de la alta criminalidad
que azota el país:
a. La depuración de los cuerpos policiales,
judiciales y su politización junto a los
efectivos castrenses y la
conversión de la Fiscalía y los tribunales en instancias partidistas impulsan
inconsciente o conscientemente la comisión de crímenes y la protección de los
delincuentes, lo que se mide por la alta participación de funcionarios en
extorciones, comando y connivencia de bandas criminales y otros actos reñidos
con la moral y su obligación de defender la ciudadanía, como observamos a
diario en nuestra geografía nacional. La impunidad mayor a un 90% del crimen es
un índice demasiado alto para pasar desapercibido.
b. El lenguaje violento e instigador de
nuestros presidentes, antes Chávez y ahora de Maduro, y de muchos otros
altos funcionarios, predispone a los agentes de seguridad y a los hampones a
tomar la justicia por sus propias manos como un actos de justicia en defensa de
la Revolución y para justificar con el robo y el crimen las desigualdades
socio-económicas de nuestra sociedad. Un presidente ni ningún alto funcionario
de la justicia deben adoptar posiciones violentas ni fuera de ley contra sus adversarios ni contra
situaciones irregulares y deben guardar
la debida cordura en situaciones de violencia, si las hubiere.
c .La creación, financiamiento e impunidad de
los Colectivos Armados y otros
organismos o grupos en el país, para
defensa de la Revolución Bolivariana y del presidente Chávez, han sido un
nefasto expediente difícil de revertir porque en realidad el régimen le debe
muchos favores, y estos paramilitares se han consolidado en la comisión de
delitos electorales, facilitación de votantes pro oficialistas en los procesos
electorales, intimidaciones, extorciones , secuestros y muertes de opositores o
individuos incómodos para el régimen y en la protección de sus áreas de
influencia entre ellos mismos. La extinción o pacificación de los colectivos
armados no será tarea fácil para el gobierno ni las fuerzas castrenses por su
arraigo, poder adquirido y su convicción
de que constituyen un feudo dentro poder
revolucionario, de ahí que la lección colombiana en estos menesteres es un ejemplo que debemos tomar en cuenta.
d. Los motorizados, gran parte de ellos, es
otro caso similar al de los colectivos armados, aupados, protegidos y
financiados por los mandatarios revolucionarios a quienes se les deben muchos
favores electorales y otros hechos descalificados legalmente, cuyo control y
normatividad se le está poniendo muy a cuestas al gobierno y las autoridades
competentes nacionales, regionales y municipales , constituyendo un problema de
salud pública por alto grado de siniestralidad, comisión de una alta proporción
de crímenes hurtos, robos y acciones ilegales que tiene en jaque a la
ciudadanía y a la paz pública. Su solución no está ni simple ni cercana porque
hoy en día se consideran un grupo fuerte
y compacto con derecho a circular, garantizado por la Constitución. Ningún
organismo público competente está en condiciones de ponerle el cascabel al gato
por cuanto este grupo cuyo número es desconocido pero pasa ampliamente de un
millón de unidades en que conviven padres de familia y trabajadores honestos
pero incluye desadaptados sociales cuyo propósito fundamental es delinquir, mixtura que hace
casi imposible la solución del problema.
e. Los pranes (capos de los recintos
carcelarios del país) son otra joya de la corona revolucionaria que no se ha
logrado solucionar por cuanto, estando encerrados, disponen de recursos
económicos, comunicaciones efectivas con el exterior y contactos fuera de las
prisiones con el hamponato (criminalidad) libre, para cometer toda clase de
secuestros, robos, ajusticiamiento y sicariato que el Ministerio de Asuntos
Penitenciarios no ha podido evitar. Todo este sistema del crimen organizado
desde las prisiones depende de nuestro sistema carcelario que dispensa toda
clase de privilegios internos y externos
que contribuyen a ensanchar nuestro universo de alta criminalidad e impunidad.
Es otro de los factores que contribuye sustancialmente a entrabar el Plan
Patria Segura y todas las medidas que se pudieren adoptar para su éxito o
disminución pero habría que ver cuál es la actitud que asumen los jefes de los
planes de seguridad del Estado, pero no hay ninguna medida conocida al
respecto.
f. El narcotráfico y consumo de
estupefacientes en la geografía nacional y en especial en nuestros
asentamientos irregulares o barriadas populares es otro de los factores que
contribuyen al flagelo del alto índice de criminalidad, y aun cuando pudiéramos
advertir progreso en el decomiso de estupefacientes en diversas regiones del
país, no es menos cierto que el micrográfico de drogas en nuestros barrios se
expande escandalosamente que además constituye un refugio casi seguro de sus
agentes, lo que se puede palpar con la alta incidencia de homicidios, afectando
a familias dignas y a adolescentes involucrados en estas actividades de
expendio y consumo de narcóticos. Los pobladores de nuestras barriadas
populares desconfían de los agentes de seguridad de cualquier tipo y hay una
conseja consolidada de que hay cooperación y connivencia entre las fuerzas
públicas, micro traficante y consumidores en la repartición del botín. El
gobierno se ufana en divulgar la disminución de la pobreza crítica y la
informalidad pero es otra de las pantallas mediáticas del Instituto Nacional de
Estadística porque nosotros observamos
cómo cada día los asentamientos informales se van expandiendo y nacen otros
nuevos. En quince años de gobierno el régimen no ha sido incapaz de afrontar
con éxito esta problemática heredada del pasado y la construcción masiva de
viviendas está trasladando la marginalidad
de los barrios a la ciudad nutriéndola de desempleados, ex convictos, y
desadaptados sociales que minan las comunidades de sus entornos.
A este
punto suspendí la conclusión del artículo a sabiendas de los acontecimientos
que se venían desarrollando en las ciudades venezolanas traerían consecuencias
graves y el día posterior ya conocía los nefastos resultados de estudiantes muertos, heridos y
detenidos, que cubren de luto nuestro país, debido a la acción
delictiva de grupos oficialistas que siguen creando muerte y zozobra en
nuestra ciudadanía. Motociclistas y colectivos armados crearon el caos en las
marchas estudiantiles que según todos los medios se venían desarrollando
pacíficamente frente la Fiscalía General de la República , dispararon contrala multitud
en que un fotógrafo de la AFP fue testigo presencial de estos actos cobardes que
crearon el caos y la confusión. Tanto en Mérida como Caracas se han detectado
grupos violentos armados como los Tupamaros y en Caracas los del 23 de enero en
que sale abatido Juan Montoya, activista de un colectivo del 23 de Enero quien
juega u papeles importantes como en el Caracazo del 27 de febrero del 1989
junto a Freddy Bernal, insurrecciones militares de 1992 con participación
activa en la toma sangrienta del Canal 8 del Estado, reingresa protegido de Bernal
a la Policía Metropolitana y ,entre otras acciones revolucionarias ilícitas en los acontecimiento de la Av. Baralt el 11 de
abril del 2002.¿ Que hacía el comandante Murachí, en las manifestaciones
estudiantiles de 12 de febrero pasado?
Ante el
acoso de la ola de asesinatos que para el 2013 culminó en más de 24.000
homicidios, el presidente Maduro toma una serie de medidas destinadas a detener
la sangría en nuestras calles y ciudades ,anunciando con más fuerza el
relanzamiento del Plan Patria , el 13/1/2104.En junio del 2013 la AN aprobó la
Ley de Armas, Municiones y Explosivos; el 9 de agosto en un acto muy
publicitado con fotos para los medios, anuncia la entrega del armamento de los colectivos paramilitares, y el M/G
Rodríguez Torres, ministro del Interior, Paz y Justicia, dedica todos sus
esfuerzos para la Pacificación Ciudadana, con planes de patrullaje inteligente
y con participación masiva de todas las fuerzas armadas, policiales, organismos
de seguridad, involucrando a las autoridades nacionales, regionales y
municipales, para poner coto a esta situación de inseguridad manifiesta de
asesinatos, robos y hurtos, secuestros y
sicariatos. No obstante los resultados obtenidos no han sido satisfactorios , porque continúa
el crecimiento de los homicidios y otros delitos, Los delincuentes actúan fuera de los cuadrantes de seguridad y
hay zonas que son intocables
conociendo la operación de las bandas
delictivas; los colectivos armados continúan operando siendo una farsa su
desarme e integración a las milicias bolivarianas, como lo demuestran su actuación descarada en las marchas
estudiantiles de los últimos días, utilizando
armas largas y de alta potencia y en las balaceras generadas en el 23 de
Enero y en Cotiza para el control de territorio y drogas; el mismo Diosdado
Cabello hace un llamado, “a los colectivos del 23 de enero les pedimos
calma y cordura ante la muerte de uno de
sus líderes Juan Montoya; continúa el
asesinato de agentes de seguridad del estado para quitarle las armas en donde
intervienen los PRANES que siguen operando a pesar del desmentido de la
ministra respectiva que para el 2013 fueron asesinados 266 agentes o funcionarios de seguridad en
tanto que para lo que va de año ,69 han
perdido la vida solamente en la Gran Caracas.
Estas
cifras alarmantes que en los últimos 14 años han significado 200.000
asesinatos, según el Foro Penal Venezolano, y ahora criminalizando y disparando
contra los estudiantes y opositores los Planes A TODA VIDA Y PATRIA SEGURA
constituyen una rotunda farsa mediática cuyos efectos seguiremos padeciendo sin
poder evitarlos…
Jesús González Briceño
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