Miguel Méndez Rodulfo Caracas 1 de febrero de 2014
En el último año hemos observado como
la nación mexicana ha emprendido el camino de las reformas estructurales y ha
modernizado sus instituciones y su legislación para ponerse a tono con los
nuevos tiempos y cortar la brecha que la separaba de los países competitivos
que hoy lideran el mundo. Por muchos lustros México no pudo descontar el rezago
que presentaba frente a los países desarrollados. Las luchas entre los
partidos, el sectarismo político, incluso las confrontaciones a lo interno de
los propios partidos, los factores ideológicos y una combinación de atraso
político e incomprensión de los factores de competitividad, hacían imposible
dar el salto hacia adelante, de manera que la nación azteca acumulaba déficits
económicos, políticos y sociales. Esto cambió, afortunadamente, y se produjo el
milagro del acuerdo político para llevar adelante lo que se llamó el Pacto por
México, que incluyó el acuerdo en materia social: sistema de seguridad social
universal, sistema de lucha contra la pobreza, reforma educativa, reforma
ambiental. El acuerdo en materia económica: reforma en telecomunicaciones,
reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral. El acuerdo en seguridad y
justicia: reforma policial, reforma penal, reforma del sistema de justicia,
reforma penitenciaria. El acuerdo en materia de transparencia: reforma de la
rendición contable, comisión nacional anticorrupción. El acuerdo de
gobernabilidad: reforma electoral, reforma de los partidos políticos.
El Pacto por México fue un gran
acuerdo social que involucró a todos los actores de la sociedad mexicana y que
motorizó el sector político. Los diferentes acuerdos comerciales suscritos por
México con USA, Europa, Asia, etc., y la posibilidad de verse en manos del
populismo corrupto e ineficiente que ha colonizado a varios países de América
Latina, fueron factores fundamentales para arribar a este pacto. México tuvo el
acierto de comenzar por la reforma educativa planteando el problema no
solamente como un asunto de planta física, cantidad de maestros, remuneración,
modernización del currículo, que son aspectos esenciales a considerar, sino que
inició la transformación educativa por la evaluación de los docentes en cuanto
a su capacidad de impartir conocimientos adecuados a los tiempos y al avance
tecnológico, además enfrentó la lucha contra la corrupción que propiciaban los
sindicatos docentes. Siguió con la reforma electoral, continuó con la reforma
en telecomunicaciones, abordó de seguidas la reforma laboral y sólo entonces
introdujo el polémico tema de la reforma energética que también logró aprobar.
Venezuela al momento de que ocurra el
cambio político que dé al traste con este oprobioso régimen, debe abordar una
transformación semejante. Los actores políticos, sociales, económicos,
religiosos, culturales, comunitarios, etc., deben comprender que sobre las
ruinas de un modelo político fracasado debe construirse una edificación
moderna, funcional, ecológica, acogedora, que pueda albergarnos a todos en
forma inclusiva y que nos permita el tránsito hacia un futuro seguro, lleno de
progreso y desarrollo. Habremos entonces dejado atrás el populismo barato, la
mediocridad, el clientelismo vulgar y corrompido y las anclas que nos ataban a
un proceso decadente y ruinoso. Lo que no debe guiar al liderazgo es el temor
al cambio, el miedo a innovar en materia económica, en materia de la gestión
pública, en el abordaje de la política, rescatando los valores éticos, el cuido
del ambiente y estimulando la productividad.
Los cambios estructurales proporcionan
el piso jurídico, institucional y organizacional, a la nueva visión del
desarrollo; a la vez que privilegian las políticas públicas y definen los
procesos que aseguren la competitividad, la innovación y el progreso. Las
políticas públicas por si mismas no posibilitan el cambio, debe haber reformas
profundas en la gobernabilidad de los países.
Caracas 1 de febrero de 2014
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