V.PACHECO Y P.CLAREMBAUX miércoles 02 de abril de 2014
En un desafío al chavismo, la diputada
opositora venezolana María Corina Machado acudió este martes a la sede del
Parlamento en Caracas, donde su ingreso fue impedido por la fuerza pública
luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó su destitución.
“¡No nos doblegarán, nos hacen más
fuertes, nos dan más razones para luchar!”, dijo Machado a efectivos de la
Guardia Nacional y de la policía antimotines que impidieron su paso una cuadra
antes de llegar a la Asamblea Nacional, constató una periodista de la AFP.
La diputada, que llevaba una bandera
de Venezuela en el cuello y una rosa blanca en la mano, exhibió su credencial
de parlamentaria mientras abandonaba los alrededores del Parlamento a bordo de
una motocicleta.
Machado intentó ingresar al hemiciclo
junto a 22 diputados opositores, al tiempo que una veintena de simpatizantes
chavistas le gritaban “vende patria”, “asesina”, y le lanzaban objetos.
La destitución “es una evidencia de
que en Venezuela existe una dictadura, es un golpe brutal a la Constitución”,
aseveró Machado, uno de los rostros más conocidos de la opositora Mesa de la
Unidad Democrática (MUD), que cuenta con un tercio de los 165 diputados en la
Asamblea Nacional.
Machado, una ingeniera de 46 años que
obtuvo una de las mayores votaciones en las legislativas de 2010, participó poco
antes en una concentración de varias centenas de simpatizantes en una plaza del
este de Caracas, que fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos luego
de que una dirigente estudiantil instara a acompañar a Machado hasta el
Parlamento.
“¡Valiente, valiente!” le gritaba la
multitud que la arropaba, mientras ondeaba banderas de Venezuela, constató la
AFP.
Machado acudió a la Asamblea a pesar
de que la noche del lunes Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional
y considerado el número dos del chavismo, advirtió que “ella no va a entrar”
porque ya “no es diputada”.
En paralelo, simpatizantes del oficialismo
se movilizaron a la sede de la Fiscalía General para denunciar a Machado “por
traición a la patria”, tras lo cual marchaban hacia la Asamblea Nacional en
“defensa de la Constitución”.
Cabello y la mayoría chavista en el
parlamento acusan a la opositora de promover la violencia en la ola de
manifestaciones contra la gestión del presidente Nicolás Maduro, que en casi
dos meses han dejado un saldo de 39 muertos.
Amnistía Internacional (AI) advirtió
el martes contra “una espiral de violencia” en Venezuela y urgió al gobierno de
Nicolás Maduro y a la oposición a respetar los derechos humanos.
La destitución Machado fue anunciada
hace una semana por el propio Cabello y ratificada la noche del lunes por el
Tribunal Supremo de Justicia.
“Otra decisión fascista se dictó ayer!
En tiempo récord! Lo que no pueden lograr con votos ahora lo arrebatan con
tribunales!”, fustigó en Twitter el líder de la oposición y gobernador Henrique
Capriles.
Tanto Cabello como el máximo tribunal
alegaron que la diputada “perdió su investidura” por haber acudido el 21 de
marzo a una reunión de la OEA como “representante alterna” del gobierno de
Panamá, un acto que la “autodestituyó”.
Panamá, país con el que Venezuela
rompió relaciones diplomáticas el 5 de marzo, invitó a Machado a una sesión de
la OEA para hablar de las protestas iniciadas el 4 de febrero en su país, pero
el ente finalmente excluyó su intervención.
Machado y el líder del partido
Voluntad Popular Leopoldo López, preso en una cárcel militar hace más de un mes
acusado de instigar a la violencia, promueven ‘La Salida’, una estrategia para
forzar la renuncia de Maduro con las protestas callejeras, que dejan más de 550
heridos.
Sin su inmunidad parlamentaria,
Machado también enfrenta la amenaza de ser detenida luego de que la Fiscalía
inició una investigación en su contra.
En las últimas semanas, la justicia
venezolana ha destituido también a los alcaldes opositores de San Cristóbal
(oeste, donde comenzaron las protestas) y San Diego (norte), Daniel Ceballos y
Enzo Scarano, condenados a un año y a diez meses de prisión -respectivamente-
por haber permitido el bloqueo de calles en sus municipios.
Las protestas han bajado de intensidad
en las últimas semanas, pero mantienen focos de violencia principalmente en
Caracas y San Cristóbal, a pesar de que el gobierno ordenó un despliegue
militar en estas ciudades para acabar con las manifestaciones de radicales que
causan disturbios.
Estudiantes arrancaron las protestas
en San Cristóbal en contra de la inseguridad y se ampliaron a otras ciudades
con apoyo de la oposición e incorporando reclamos por la inflación -la más alta
de Latinoamérica con 56,3% en 2013- y la escasez de productos básicos en este
país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo.
El gobierno venezolano aceptó la
semana pasada designar un “testigo” internacional que facilite un diálogo con
la oposición, aunque continúa acusándola de esconder detrás de las protestas un
“intento de golpe de Estado” en alianza con sectores de la derecha de Estados
Unidos y Colombia.
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