El perverso encanto de las Habilitantes, por @ysrraelcamero

Una Ley Habilitante contra el ciudadano

Ysrrael Camero 16 de marzo de 2015

@ysrraelcamero

La Ley Habilitante recién aprobada parece anunciar tiempos oscuros para las libertades de los venezolanos, al abrir paso a nuevas leyes restrictivas que dotarán al poder del Estado de mayor capacidad para reprimir, perseguir, controlar, caminando hacia la inhabilitación efectiva de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos, de su autonomía. Se habilitó al poder establecido para ejercer un mayor control sobre la sociedad, restándole poder real al ciudadano para controlar al poder. Ese es el eje de la presente Ley Habilitante, pero también lo ha sido de todas las Leyes Habilitantes aprobadas desde 1999, en el marco de una estructura gubernamental cada vez más autoritaria.

La destrucción de las instituciones republicanas y de la democracia tiene en el vaciamiento del Poder Legislativo uno de sus elementos fundamentales. Entre 1999 y 2015 apelar recurrentemente al mecanismo de la Ley Habilitante no solo le ha servido al proyecto autoritario para legislar sin debatir de cara a una sociedad plural, sino también para ir destruyendo el papel del Parlamento como foro político de la Nación.

Las leyes habilitantes constituyen, en sí mismas, una perversión institucional, al colocar en manos del Ejecutivo atribuciones legislativas que son inherentes en una República al Parlamento. Luego de 1961 su existencia era justificada, generalmente, por la existencia de situaciones de emergencia, pero tanto su duración como su alcance estaban claramente delimitados.

Pero las Leyes Habilitantes han adquirido en Venezuela desde 1999 un carácter central en el avance autoritario del proyecto gubernamental sobre la sociedad. El papel que las habilitantes han jugado en la implantación del autoritarismo en Venezuela se ha sostenido sobre dos factores: la desaparición de la deliberación plural y el dominio del Ejecutivo sobre toda la estructura de poder.

En ese mismo sentido es interesante recorrer el tipo de leyes han sido impuestas por el Ejecutivo en el marco de las Leyes Habilitantes aprobadas desde 1999: emerge una legislación dedicada al control político y social, a la destrucción institucional y económica, leyes que se le imponen al país para darle forma sin su consentimiento, restringiendo libertades y derechos. De hecho, si rastreamos el origen político institucional de la actual crisis socioeconómica encontraremos un entramado absurdo de legislación, derivada del poder que la Asamblea entregó al Ejecutivo en el marco de las Habilitantes.

Otro factor importante ha sido descuidado a la hora de discutir el problema de las Leyes Habilitantes. El debate, la deliberación, se inicia únicamente luego de que las leyes han sido promulgadas y publicadas, por lo que no hay manera de que la opinión pública o incluso la representación ciudadana plural existente en la Asamblea Nacional, le den forma a las normas.

Leyes Habilitantes para debilitar a la Asamblea Nacional

DEBILITAR AL PARLAMENTO, DEBILITAR A LA DEMOCRACIA

La anulación del Parlamento va más allá de la promulgación de las Leyes Habilitantes, forma parte de un proceso integral. Ya desde la Constituyente de 1999 el rol institucional del Parlamento se debilitó. Con el tránsito del Congreso Nacional a la Asamblea Nacional se puso fin a más de un siglo de bicameralidad con la eliminación del Senado. Se pervirtieron varios mecanismos de representación al mezclar en una sola cámara los principios de la representación poblacional y de “igualdad” entre los estados, consiguiendo una infrarrepresentación de Caracas y del Zulia y la sobrerrepresentación de Estados rurales, poblacionalmente débiles pero dominados por el gobierno nacional. En el mismo sentido se debilitó el principio de la representación proporcional al minimizar las listas, avanzar en nominalidad y eliminar el cociente nacional.

La reducción del número de representantes en el Poder Legislativo también es un factor a considerar en el debilitamiento buscado del Parlamento. Para 1999, en el extinto Congreso Nacional, teníamos 207 diputados y 57 senadores. En 2015 elegiremos la cantidad de 167 diputados a la Asamblea Nacional unicameral.

Una vez instalada la Asamblea Nacional los cambios impuestos por la mayoría oficialista al Reglamento Interior y de Debates contribuyeron al debilitamiento del Parlamento como foro político de la Nación, hasta desdibujarlo por completo. Esto ha sido un proceso gradual, a través del cual la minoría parlamentaria se ha visto arrinconada para ejercer plenamente sus funciones dentro del Poder Legislativo.

Por último, la inmunidad parlamentaria es una de las instituciones más importantes que salvaguarda el poder de la representación ciudadana en el que debe ser el foro nacional por excelencia. Varios han sido los casos “ejemplarizantes” a través de los cuales se ha venido violentando dicha inmunidad. Desde el levantamiento a la inmunidad parlamentaria de Wilmer Azuaje en 2010 hasta la defenestración de María Corina Machado y la renuncia de Juan Carlos Caldera en 2014, la institución de la inmunidad parlamentaria también se ha debilitado.

Desde 1999 las Habilitantes tienen otro sentido

EL LEGADO HABILITADO: AUTORITARISMO, CENTRALIZACIÓN Y EMPOBRECIMIENTO

Desde 1999 se aprobaron cinco leyes habilitantes, las cuales han tenido una vigencia conjunta de cinco años y medio, a partir de estas leyes el Ejecutivo Nacional emitió la cantidad de 323 decretos. Cada una de estas Habilitantes se promulgó en un contexto distinto, pero con cada nueva ola de decretos-ley se reforzaban los rasgos autoritarios y de control socioeconómico del régimen y del sistema, como veremos a continuación.

El 23 de marzo de 1999 el Presidente Chávez recibió su primera Ley Habilitante de manos del Congreso Nacional, la que salió publicada en Gaceta el 16 de abril, con una vigencia de seis meses y medio, con el objetivo declarado de legislar por decreto en materia económica y financiera para enfrentar la crisis. Bajo la vigencia de esta Ley fue creado en Fondo Único Social, institución que asimiló todos los programas sociales en una estructura que alimentó uno de los primeros escándalos de corrupción del gobierno de Hugo Chávez, que implicaba directamente a militares en la gestión social.

En noviembre de 2000 la Asamblea Nacional le entregó al Presidente Chávez una nueva Ley Habilitante. Bajo su vigencia el Ejecutivo promulgó 49 decretos ley, incluyendo la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley de Pesca, Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, Ley General de Puertos y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. La legislación aprobada bajo el marco de esta Habilitante fue factor fundamental en los conflictos que derivaron en la crisis de abril de 2002.

En enero de 2007 la Asamblea promulgó una nueva Ley Habilitante, a pesar de contar el oficialismo con una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Bajo esta Ley se emiten 20 decretos durante 2007, incluyendo la famosa Reconversión Monetaria, la reorganización del sector eléctrico, una “Ley Especial de defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte al consumo de alimentos y productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios”; durante 2008 el Presidente emitió 44 nuevas leyes, incluyendo la “ley sapo” o “Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contra Inteligencia”, que fue derogada apenas un mes después de su promulgación; finalmente, bajo esta misma Habilitante fue promulgada una nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional y una Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.

Usando como excusa los desastres naturales derivados de las lluvias, el 17 de diciembre de 2010, luego de perder los dos tercios de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias, el oficialismo entregó otra amplia Ley Habilitante el Presidente Chávez. Con esta se volvió a reformar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, se crea una “contribución especial por precios extraordinarios y precios exorbitantes en el mercado internacional de los hidrocarburos”, con lo que violentó al BCV, se reformó la Ley del Trabajo, se legisló en materia de tierras urbanas, se estableció un justiprecio en caso de expropiación para terrenos con destino de vivienda, se estatizó por completo la explotación del oro.

Bajo la crítica Presidencia de Nicolás Maduro se aprobó una primera Ley Habilitante el 8 de octubre de 2013, cuyo desarrollo jurídico también fue polémico por su carácter autoritario y empobrecedor para los venezolanos. El texto del instrumento jurídico señalaba que la lucha contra la “corrupción” y la “defensa de la economía” eran los ámbitos de acción legislativa habilitados para el Presidente. Pero las leyes aprobadas bajo su vigencia crearon más alcabalas burocráticas y colocaron más trabas al funcionamiento de la economía, contribuyendo a la recesión y generando más incentivos para la corrupción, la aprobación por Decreto de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria pretendía seguir avanzando en el terreno inconstitucional y antidemocrático del denominado Estado Comunal.

Las Leyes Habilitantes han servido para construir, sin deliberación previa, sin un debate de cara a la opinión pública, un entramado jurídico autoritario, pleno de alcabalas, controles, que ha significado para los venezolanos opresión, privaciones y pérdida de su autonomía vital, en resumen un retroceso en materia de ciudadanía y democracia.

¿HABILITADO PARA “LUCHAR CONTRA EL IMPERIALISMO”?

Pero la Ley Habilitante aprobada en 2015 reviste tintes incluso mucho más peligrosos para los venezolanos, porque el ámbito de su aplicación se extiende al ejercicio efectivo de los derechos y libertades ciudadanas, en un contexto marcado por la retórica paranoide, por la persecución abierta contra la disidencia política y social y por la represión militar desatada.

La nomenklatura que controla al gobierno sabe que no puede ni sabe enfrentar con eficiencia la crisis económica, conoce también que esa incapacidad los está llevando a pagar un alto costo político que se expresa en una caída en la popularidad, intuyen que de continuar ese proceso se dirigen a una derrota en las elecciones parlamentarias.

Ante eso, usan la burda excusa de la lucha contra el “imperialismo”, para entregar nuevos poderes especiales a un Presidente que se ha mostrado incapaz de enfrentar la crisis económica y social que sufren los venezolanos. Con esta nueva Ley Habilitante se abre la puerta para una mayor represión contra la disidencia política, para vulnerar libertades fundamentales en nombre de la “paz” y de la “soberanía nacional”, tratando como “enemigos internos” a quienes luchan por un cambio político democrático, y a los ciudadanos que, legítimamente indignados, pretendan ejercer su derecho a la protesta.

Pretender decretar leyes a espaldas del país, a espaldas de la opinión pública, evadiendo la deliberación democrática, es un acto abiertamente autoritario más propio de monarquías absolutas que de un gobierno republicano. Apelar al chantaje nacionalista, argumentando la inminencia de un supuesto “ataque imperial”, es un nuevo acto irresponsable de manipulación política y evasión al que debemos responder con firmeza y templanza. Hemos de estar alerta respecto a cualquier decreto presidencial que restrinja el ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de los venezolanos.

HABILITAR A LA ASAMBLEA NACIONAL, HABILITAR AL CIUDADANO

De esta manera hemos de mantener el pulso firme hacia las elecciones parlamentarias. No solo para rescatar a la Asamblea Nacional como foro político de la comunidad nacional venezolana, como instrumento del pueblo venezolano para controlar al poder y normar nuestra vida en común, sino también como espacio plural para impulsar cambios efectivos en el poder.

Venezuela se encuentra en una difícil encrucijada. De un lado tenemos a la nomenklatura que ha venido destruyendo las instituciones políticas, sociales y económicas que forman el tejido de la comunidad nacional venezolana, a quienes han destruido a la Asamblea Nacional como Poder Legislativo, como cuerpo deliberante y como Parlamento. Ellos hoy pretenden cubrirse con el manto republicano de la Nación para ocultar su corrupción y autoritarismo. Esta nomenklatura pretende conservar el poder total sobre la sociedad de manera permanente, impidiendo el cambio. Ellos aprueban la Habilitante para inhabilitar al ciudadano.

Del otro lado nos encontramos las grandes mayorías nacionales, embarcados en la tarea de construir un cambio político que nos permita caminar reconciliados, plurales, distintos, diversos. Quienes estamos convencidos de que hay que habilitar efectivamente al ciudadano, para que sea dueño de su propia vida, con autonomía. Quienes defendemos la institución parlamentaria, la necesidad de rescatar la deliberación pública, rescatar a la Asamblea Nacional como el foro político de la comunidad nacional.

El cambio pasa por una mudanza en la correlación y en el funcionamiento del poder, las elecciones parlamentarias son la coyuntura privilegiada de esa transformación, para que nunca más la Habilitación de un Presidente se convierta en la inhabilitación de toda la sociedad. Unidad, esperanza, templanza y firmeza son las claves del hoy para construir el mañana.

Ysrrael Camero

@ysrraelcamero