Luis Loaiza Rincón 14 de abril de 2016
¿Cómo
pudiera calificarse un proceso judicial dónde no existen pruebas de delito
alguno, se viola el derecho a la defensa del acusado y abundan las razones para
su anulación? En cualquier país del mundo donde impere la ley se le
consideraría un esperpento, adefesio, despropósito o disparate jurídico; pero
en Venezuela es evidente que se trata de un juicio político.
Este
es el caso del juicio que se le sigue a Manuel Rosales a quien, por cierto, no
se le acusa de daño al patrimonio público, ni de una obra mal ejecutada, ni de
dinero sustraído. En otras palabras, a Manuel Rosales no se le acusa de
corrupción. En la audiencia, se demostró que Manuel Rosales nunca tuvo bienes
en Estados Unidos, ni bienes mal habidos. El juez lo reconoció durante el acto
judicial y desechó las pruebas falsas en su contra. También reconoció que hubo
violaciones a sus derechos, pero de todas formas lo enjuicia y lo mantiene
preso en El Helicoide.
La
Fiscalía violó el derecho de Manuel Rosales a la defensa al no ser notificado
de la ilegal reapertura del “Archivo Fiscal” decretado en 2006, después de dos
años de investigaciones, sin encontrar indicios en su contra. Además, a Manuel
Rosales no se le permitió probar que sus ingresos siempre fueron lícitos y, por
si fuera poco, a sus abogados se les impidió el acceso a la investigación para
que pudieran accionar en su defensa.
En
esas condiciones, tal juicio, que ha debido ser anulado, entre otras razones
por violación al debido proceso y por fundarse en un expediente contaminado con
elementos reconocidos por falsos, prosigue en las peores condiciones para el
acusado. ¿Por qué impedirle a un hombre que regresa al país por su propia
voluntad, después de varios años de exilio, que enfrente su juicio en libertad?
¿Por qué un “pran” de cualquiera de nuestros siniestros centros penitenciarios
goza de libertad para seguir delinquiendo, junto a cientos de peligrosos
delincuentes que igualmente andan libres con medidas especiales, y se le niega
a Manuel Rosales un juicio en libertad?
La
única denuncia del juicio que enfrenta Manuel Rosales es por haber obtenido
ingresos no justificados durante cuatro años (2000 al 2004) por la cantidad de
147 mil bolívares. Tal cantidad, que es producto de sus dividendos de la
“Agropecuaria La Milagrosa”, se encuentra debidamente soportada en los libros
contables y recibos de pagos que demuestran su origen. Pero también existen los
soportes del pago de impuestos al Seniat, tanto de Manuel Rosales como de la
Agropecuaria La Milagrosa, que lo respaldan.
En
todo caso, queda claro que en esta lógica perversa, cualquier excusa es buena
para darle forma a un juicio político y privar de libertad a cualquiera que
piense distinto al poder. Este es, precisamente, el padecimiento de todos
nuestros presos políticos que llevan años sufriendo en carne propia la
inexistencia de un sistema de justicia independiente.
Enfrentamos
una situación en la que absolutamente nadie se encuentra a salvo. Es el retorno
al Estado de Naturaleza de Hobbes, “Homo homini lupus”, donde no son extrañas
tampoco las operaciones de purga interna que cada cierto tiempo se producen en
los círculos de poder totalitario, tal como ocurrió en la “Noche de los
Cuchillos Largos” u “Operación Colibrí”. Es precisamente por eso que el mundo
civilizado prefiere la democracia, el estado de derecho y la preservación de la
libertad antes que la barbarie.
Luis
Loaiza Rincón
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