Por José Ospina-Valencia
La Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) rechazó la Ley de Amnistía
aprobada por la Asamblea Nacional por ser presuntamente “inconstitucional”.
¿Qué sigue ahora?
Sede del Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela (TSJ), en Caracas.
“El chavismo considera que
los políticos detenidos no son presos políticos sino responsables de las 43
muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales del 2014. Y el TSJ
señala que la Asamblea Nacional se extralimitó”, precisa a DW la politóloga
internacionalista de la Universidad Nacional de Colombia Socorro Ramírez.
La analista colombiana,
experta en Venezuela, coincide con Manuel Silva Ferrer, investigador de
ciencias sociales en la Universidad Libre de Berlín, en que “el rechazo era
esperado”. Es más, agrega el analista venezolano, “todas las leyes que sigan
saliendo de esta Asamblea van a ser boicoteadas, porque en este conflicto de
poderes se ha dado un golpe de facto a la Asamblea”.
Se cierran las puertas del
consenso
Así, en este choque de
poderes la más importante víctima es ya uno de los principales cometidos de la
oposición: sacar de los calabozos a los presos políticos de Venezuela. Pero tan
fácil no es la cosa: “Así el Gobierno no los reconozca como presos políticos,
la mayoría de estos presos no ha sido ni juzgado ni condenado”, dice Ramírez.
Con el rechazo a la Amnistía
son ya cuatro las decisiones de la Asamblea con mayoría opositora anuladas por
el TSJ, entre ellas la ley de reforma del Banco Central y la ley económica.
Este es, según Socorro Ramírez, “otro paso hacia el cierre total de las vías
constitucionales que el Estado de derecho venezolano prevé para resolver crisis
pacíficamente”.
Según Silva Ferrer, “el TSJ
no sustenta su rechazo a la Asamblea Nacional con hechos jurídicos, sino que
actúa movido por intereses políticos”, como lo demostraría que, “una vez que se
supo que el partido de Gobierno había perdido la mayoría en la Asamblea, se
amplió arbitrariamente el número de miembros de la Sala Constitucional del TSJ.
Por lo que ahora son exdiputados chavistas los encargados, desde el poder
judicial, de bloquear las decisiones del legislativo”, concluye el filósofo y
comunicador Manuel Silva Ferrer. Todo, de acuerdo a Silva, por orden del jefe
del Ejecutivo: Nicolás Maduro.
Venezuela, ¿un Estado
bloqueado?
“Por desgracia”, concluye
Ramírez, quien lamenta que en “Venezuela se estén quemando las salidas al
diálogo, a pesar de que tanto la OEA como la ONU hayan concluido que la Ley de
Amnistía estaba en conformidad con el amparo mundial de los derechos humanos”.
Una apreciación que, en efecto, la ONU respalda: “La decisión del TSJ de
desechar una Ley de Amnistía que habría asegurado la liberación de activistas
opositores es muy decepcionante porque podría haber sido un paso hacia la
reconciliación”, dijo este 12 de abril Ravina Shamdasani, portavoz del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra.
Para explicar mejor la
intrincada situación de bloqueo institucional en Venezuela, Silva Ferrer
recuerda que los partidos políticos organizados han pedido al Consejo Superior
Electoral (CSE) convocar un referendo revocatorio del presidente Nicolás
Maduro. Una petición que no solo ha sido ignorada sino que, de acuerdo a Manuel
Silva, “está siendo impedida, por todos los medios, por el CSE, dominado por
los chavistas”.
Las razones para ese otro
bloqueo son para Silva Ferrer claras: “En vista de la catastrófica situación en
que el chavismo ha maniobrado a Venezuela, no hay manera de que Maduro
sobreviva a un referendo revocatorio”. En Venezuela, concluye Silva, la
democracia es hoy solo teatro, es “el teatro mismo de la democracia”.
12-04-16
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