18 de mayo de
2016
La Academia
Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), en cumplimiento del mandato que le
confiere la ley que la rige, se dirige a la Nación preocupada por el
agravamiento de la situación económica que hoy padecen los venezolanos. El país
se enfrenta al empobrecimiento creciente de su población a causa del
aceleramiento de la inflación, el desabastecimiento extendido de alimentos,
medicamentos y otros bienes, el deterioro de los servicios públicos y la caída
sostenida de la actividad productiva. Ello ha generado un profundo deterioro de
la calidad de vida de los ciudadanos, que soportan enormes colas, aguantando
horas a la intemperie frente a establecimientos comerciales con la esperanza de
poder comprar los productos que necesitan, y sufren secuelas graves cuando no
consiguen los remedios requeridos o no pueden operarse por falta de material
quirúrgico, sin mencionar los efectos del hambre y de la malnutrición en los
sectores más vulnerables de la población: niños, ancianos y madres solteras de
escasos recursos.
La
ANCE, en uso de sus atribuciones, se siente en el deber de transmitirle a la
Nación, incluyendo al Gobierno Nacional, que la situación descrita no
se debe a ninguna fatalidad y que puede superarse en un plazo relativamente corto,
si se toman las medidas apropiadas.
– Debe
abatirse cuanto antes el alza desmedida de los precios. En tal
contexto,no hay forma de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores
decretando recurrentes alzas salariales. Ello, más bien, alimenta una senda
hiperinflacionaria que terminará de arruinar al país. La inflación se
derrota reduciendo radicalmente el déficit público, que arroja a la circulación
ingentes sumas de dinero sin contrapartida alguna en bienes y servicios. Es
necesario desprenderse de aquellas empresas ineficientes que constituyen un
lamentable desaguadero de dineros para no comprometer el gasto social en salud,
educación y asistencia social y poder dedicarle recursos también a la mejora de
otros servicios públicos. Adicionalmente, la inflación no se puede derrotar si
el Banco Central de Venezuela continúa financiando el gasto público con emisión
de dinero sin respaldo, contrariando el artículo 320 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Esta práctica debe cesar perentoriamente.
– Es
menester unificar el tipo de cambio y lograr su estabilización en torno a
valores que equilibren el poder de compra interno y externo del bolívar, en un
régimen de libre concurrencia. Sólo así podrá superarse la severa restricción
externa que tiene maniatada a la economía. El racionamiento actual de la divisa
a la tasa de cambio protegido (DiPro), sobrevaluada y muy inferior a la demanda
que de ella se tiene, ha desatado su alza en el llamado mercado paralelo,
superando cien veces esa tasa oficial. Gran parte de las compras externas no
tienen más opción que recurrir al dólar “paralelo”, encareciéndolas en forma
desmedida.
– La
disminución del precio internacional del petróleo hace que los ingresos por
exportación no alcancen para cubrir el pago de las importaciones, el servicio
de la deuda financiera y lo adeudado a los proveedores extranjeros. Debido a
esta estrechez de divisas, muchas empresas no han podido importar los insumos
y/o equipos y repuestos que requieren sus actividades productivas. Por tanto,
es necesario iniciar negociaciones cuanto antes con organismos financieros
internacionales para concertar un importante financiamiento externo que permita
cubrir, junto con los ingresos por exportación, los compromisos externos de la
nación antes descritos. Sin ello no podrá estabilizarse el precio de la divisa
en un nivel que exprese su poder de compra comparativo. Un generoso crédito
externo permitirá, a su vez, refinanciar la deuda externa, con lo que podrá
aliviarse el pago por este concepto durante los próximos años y evitar que los
costos los asuma la población menos favorecida económicamente.
– Es
necesario liberar la iniciativa empresarial para que pueda responder a las
oportunidades que ofrecerán las medidas antes mencionadas, levantando los
excesivos controles que actualmente asfixian las actividades económicas de la
nación. La derogación de la Ley Orgánica de Precios Justos y
de otras normas punitivas, y la promoción de la competencia, en un escenario de
precios estables y de garantías jurídicas, redundará en la reactivación
inmediata del aparato productivo, dada la enorme capacidad ociosa con que hoy
opera. Esto permitirá proveer muchos de los bienes y servicios hoy
desabastecidos, abaratar costos, sustituir importaciones para ahorrar divisas y
generar empleos productivos. Un ambiente en el que se restablezcan las
garantías y libertades económicas será un gran atractivo para las inversiones
extranjeras y nacionales. Constituirá, además, una plataforma favorable para
incrementar la producción y para promover exportaciones, dadas las
potencialidades del país en numerosos campos. En particular, permitirá
fortalecer la competitividad de la Industria Petrolera Nacional.
La
posibilidad de reactivar la economía venezolana depende del restablecimiento de
la confianza de parte de empresarios, trabajadores, consumidores e
inversionistas. El clima de confianza requerido para aprovechar las
potencialidades del desarrollo nacional requiere de la observación absoluta del
Estado de Derecho que establece nuestra Constitución, con sus derechos
económicos, civiles y humanos, y sus garantías jurídicas. Debe entenderse que
la economía funciona a base de incentivos. Los responsables de la política
económica no deben continuar invocando supuestas guerras para endilgarle la
culpa a otros de las carencias que hoy agobian a millones de venezolanos. Es
necesario salir al encuentro de soluciones, como las aquí presentadas, que
permitan superar las penurias que angustian hoy a la población, y rescatar las
perspectivas de creciente prosperidad y bienestar futuro. En procura de que
ello pueda fructificar, es vital que el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de
Justicia cesen su enfrentamiento con la Asamblea Nacional en aras de una mayor
cooperación entre los poderes públicos, y de éstos con la economía privada y
con la sociedad civil.
La
Academia Nacional de Ciencias Económicas reitera, una vez más, su disposición a
aportar sus conocimientos para la prosecución de estos propósitos.
Humberto
García Larralde, Presidente y Sary Levy-Carcient.
Secretaria
Apoyan
plenamente este documento, la Academia Nacional de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales y la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales, presididas por los Académicos Gioconda-San Blas y Eugenio
Hernández-Bretón, respectivamente.
Palacio
de las Academias, mayo 2016
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