Por Margarita López Maya
En la difícil coyuntura que
cruzamos, la democracia no puede prescindir de la política de la calle, es
decir, la utilización de espacios públicos por parte de la ciudadanía para
interpelar a sus autoridades. No debiera ser usual en sociedades modernas y
democráticas, donde el Estado se construye como aparato para servir a todos,
poseyendo múltiples instituciones para canalizar quejas, conflictos, demandas y
propuestas. Pero, no es este nuestro caso.
En la Venezuela chavista, la
política de la calle se exacerbó por la sordera y el autoritarismo de quienes
detentan el poder. No es algo nuevo, hay muchos registros de ella a lo largo
del siglo XX, pero el número de las acciones de calle y las formas de protestar
se han alterado, respondiendo al carácter antimoderno que caracteriza hoy la
relación Estado-sociedad.
La protesta callejera creció
después del Caracazo, mostrando el colapso de los partidos como mediadores ante
el poder. Según Provea, la protesta promedió en los noventa dos diarias, y se
hizo beligerante en sus formas. Fueron prevaleciendo cierres de vías que antes
se usaban poco, y aumentando los disturbios y protestas violentas. Ambas
interrumpían la vida cotidiana, deshacían rutinas, desmejoraban la calidad de
vida.
El chavismo en 1999 ofreció
retomar, perfeccionando nuestra modernización y democratización. Eso no
ocurrió, y la política callejera continuó. La inexistencia de instituciones
para atender y procesar conflictos ha hecho de la calle el casi único medio
para llegar a las autoridades y hacerse oír. En los dos últimos años, la
protesta promedió veinticinco y dieciséis diarias. Los cierres de vías
continúan predominando, aunque protestas conducidas por partidos y gremios han
venido esforzándose por controlar las erupciones de violencia.
La política callejera es un
arma clave en la lucha por nuestros derechos y aspiraciones. Pero, en un
contexto marcado por la violencia, alta represión y anomia, debe administrarse
con prudencia, organización y planificación, apoyando demandas claras, aupando
la politización ciudadana e incitando a la participación electoral. Calle y
elecciones son recursos de una ciudadanía, un pueblo, que anhela una salida democrática
y pacífica a su profunda crisis.
11-04-16
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