Luis Loaiza Rincón 05 de mayo de 2016
“Sólo
un enajenado puede decir en Venezuela, que se encuentra satisfecho con su
salario”
Es
evidente que el modelo político y social imperante en Venezuela no sólo quebró
al Estado sino que empobreció profundamente a la sociedad. Es un modelo
fracasado a la luz de sus nefastos resultados y será el causante de muchos años
de sufrimiento. Entre sus más dañinos componentes encontramos la inflación que
es el producto de la cruel decisión de expandir el gasto, contraer la
producción y acabar con el sector productivo y la clase media. Hoy, todos los
estudios indican que hay más pobres que en 1989.
Si una
familia se limita a los ingresos salariales para subsistir, y éstos son
fundamentalmente salarios mínimos, sus miembros se terminarán muriendo de
hambre o metiéndose a bachacos para evitarlo. No hay política social que pueda
permanentemente enfrentar esta catástrofe. Por eso en la Venezuela de hoy, la
mejor política social es acabar con la inflación y ello implica disciplina
fiscal, ahorro, reducción del tamaño del Estado, impulso del sector privado,
eficacia y eficiencia gubernamental, entre muchas otras medidas que el gobierno
no está dispuesto ni en capacidad de tomar.
El
bienestar familiar depende del trabajo y, en ese sentido, del salario de sus
miembros. Si ese salario se encuentra pulverizado por la inflación, es decir
por el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y
servicios, se pone en peligro nada menos que la célula fundamental de la
sociedad. Puede afirmarse, por tanto, que en Venezuela existe un régimen
empeñado en destruir y envilecer a la sociedad con el propósito muy claro de
perpetuarse en el poder a costa de la destrucción de todo.
Por
otro lado, cuando se trata de defender un salario justo no basta con hacerlo
frente al gran capital, que es lo que se plantean normalmente los llamados
seguidores del Socialismo del Siglo XXI, sino también frente al Estado, que en
Venezuela es el más grande empleador y el más irresponsables de los patronos.
Para muestra sólo baste indicar que los pésimos salarios destruyeron la
estructura académica y de investigación científica construida por décadas en
las universidades públicas venezolanas y que cientos, quizás miles, de profesionales
que hasta hace muy poco estuvieron empleados en la administración pública, hoy
buscan mejores ingresos en el ejercicio privado, la economía informal o en el
exilio.
Así
las cosas, si el gobierno sigue por su camino sólo encontraremos
hiperinflación, caos, miseria y hambre. Por lo tanto, el cambio de rumbo
resulta inevitable, pero no vendrá solo ni será fácil. Debemos bregarlo desde
la calle, con nuestra participación y voluntad de construir un país mejor y
distinto al que tenemos hoy.
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