Por Simón García
El Estado total excluye el
principio del poder compartido, por lo tanto no admite separación ni autonomía
entre los poderes públicos. Esa visión, en la que coinciden los totalitarismos
que así comiencen por la izquierda, como Stalin, siempre terminan en la
derecha, funda la política en una oposición presentada como irreconciliable,
como la expuesta en la prédica oficialista que divide a los venezolanos entre
patriotas y enemigos de la patria.
Se busca ( o se inventa) una
narrativa del pasado porque se carece de una en el presente. Se cuenta la
historia actual como reencarnación de la gesta independentista. En
consecuencia, Maduro es presentado como Simón Bolívar, mientras a los líderes
de la oposición se les asigna un papel en el reparto realista.
Ese discurso de tono
militarista es una exaltación de la guerra, el telón de fondo para justificar
ahora la violencia contra críticos y disidentes. Si todos los que piensan
distinto al gobierno son traidores, hay que tratarlos como enemigos del pueblo
y de la patria. El recurso siempre ha sido apestosamente aplicado por
dictadores, como lo hace ahora la cúpula del gobierno y sus subordinados en los
otros poderes colonizados, para desatar persecuciones patrióticas.
La cúpula está tratando de
imponer por todos los medios un Estado total. No se ciñen a normas ni a leyes
sino a sus propios arbitrios. En ese camino no vale lo que establezca la
Constitución sino lo que el gobernante interpreta, por más brutal que resulte.
La cúpula gubernamental es
hoy el principal motor de la violencia. Lo peor es que ya no la esgrime para
defender una revolución sino para mantener sus privilegios y proteger sus
negocios ilícitos. Están usando el poder para eximirse de cumplir la ley. Usan
un doble rasero, convirtiendo el gobierno en un burladero para perpetrar una
estafa constitucional. Mandan a despedir al empleado público que apoye al
revocatorio, mientras ellos intentan revocar de facto y contra la Constitución,
al poder legislativo.
Apoyados en violencia
intentan imponer la sustitución de la institucionalidad por la lealtad obligada
a las decisiones que contra la Constitución Nacional están tomando Maduro y
Cabello. Pero la institucionalidad la confiere el respeto y acatamiento a un
cuerpo colectivo, a la Constitución y al país, nunca a una persona.
La cúpula roja está
empujando al país hacia la violencia, porque es un terreno donde puede actuar
con ventaja y montar una gran provocación policial para diferir el revocatorio
para el 2017 y suspender la elección de gobernadores. Para esa maniobra cuentan
con una mayoría en un CNE cuya misión es no hacer elecciones.
Pero a la maniobra
gubernamental de amenazar, ejercer violencia policial, provocar, infiltrar y
mentir, le pueden resultar las patas cortas frente a la voluntad de paz de todo
un pueblo. La cúpula debe saber que las provocaciones, los chantajes y las
agresiones no están atemorizando a la oposición democrática sino aumentando el
rechazo del pueblo a la crisis y a la cúpula.
Maduro y Diosdado, son el
último piso de una pirámide de privilegiados y están ocupando el papel de la
nueva derecha frente a la demanda de cambios de la mayoría de la población: son
el obstáculo para las soluciones, existen exclusivamente para conservar el
poder y están transformándose en agentes de represión. La enloquecida conducta
de la cúpula gubernamental está recibiendo una impugnación que le está restando
más gente y más legitimidad, incluido el de buena parte de quienes aún la
siguen.
No será fácil recorrer este
tramo final en la que el nefasto poder se resiste a morir y el nuevo
entendimiento nacional no termina de surgir. Pero, cuando más aprieta la
urgencia más hay que cuidarse de avanzar con firmeza, inteligencia y eficacia.
El revocatorio está en las colas, la transición ya comenzó.
20-05-16
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