Por Gitanjali Wolfermann
¿Estamos frente a un
gobierno dictatorial? “Si bien el presidente fue electo mediante votación popular,
está claro que el relacionamiento político desde el poder no puede considerarse
democrático, ya que los ciudadanos no tienen igualdad ante la ley. Hay quienes
dicen que esto es un autoritarismo híbrido, en cualquier caso, se trata de un
gobierno autoritario con un origen muy frágil en el voto popular”, argumenta,
de entrada, la historiadora Margarita López Maya.
Por su parte, el abogado
constitucionalista, Juan Manuel Raffalli, afirma que “el Decreto 2.323 es un punto de
inflexión en la democracia venezolana. La gente asocia la dictadura con los
golpes del Estado, pero el mundo ha avanzado y ya nadie desconoce abiertamente
la Constitución. Ya estábamos frente a un estado con apariencia de legalidad,
pero este decreto quitó ese barniz y así lo ha tomado no solo el país, sino la comunidad internacional.
La Carta Democrática Interamericana deja
claro que no solo de votos vive la democracia, sino del respeto a los derechos
humanos y a las leyes consagradas en el texto constitucional. Con apenas 1
de 8 criterios a su favor, el balance para la democracia venezolana es
negativo.
López Maya explica que
aunque el presidente Nicolás Maduro fue electo mediante votación popular, lo
que da a su mandato legitimidad en cuanto a su origen, las condiciones
electorales de ese proceso distaron mucho de ser justas. “Se trató de una
contienda muy desigual, con ventajismos impresionantes por parte de Maduro. No
fueron elecciones que cumplieron con todos los requisitos de la democracia
liberal”.
La inequidad de las
condiciones durante la campaña para las parlamentarias fue tomada en cuenta por
el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro,
quien en noviembre de 2015 envió una carta a la rectora del Consejo Nacional Electoral,
Tibisay Lucena, en la cual instaba al Poder Electoral a “velar por elecciones
justas y transparentes que se desarrollen con las máximas garantías”, ya que
“he sido advertido de que la oposición venezolana no ha gozado de condiciones
de participación en la campaña electoral”.
Sin embargo, más allá de la
legitimidad de origen, en la concepción moderna de democracia el foco de
atención recae sobre la legitimidad que proviene del ejercicio de los derechos
consustanciales a este sistema político, explica el abogado constitucionalista,
Juan Manuel Raffalli.
“Estamos frente a un
Gobierno que perdió el favor popular y que se deslegitima en el desempeño de
sus funciones porque se sale de los cánones democráticos, al no aceptar una
consulta popular prevista en la Constitución”, explica Raffalli en alusión al
referendo revocatorio.
La historiadora argumenta
que la igualdad ante la ley es el corazón de la democracia liberal. “El estado
de derecho en Venezuela es válido para algunos, no para todos. La ley ha sido
violada por el Estado cuando se coloca al margen de la Constitución. En teoría,
ninguna persona puede violar la ley sin que le acarree consecuencias, sin
embargo, vemos que el Gobierno venezolano se salta las reglas impunemente. Bajo
ese marco, sí podemos afirmar que estamos ante un poder no democrático”.
Otro indicador de la
fragilidad del respeto a los derechos humanos es la existencia de 85 presos
políticos, entre ellos varios dirigentes de partidos opositores al Gobierno,
como Leopoldo López y Antonio Ledezma. Esta situación ha sido denunciada ante
la comunidad internacional por la organización Foro
Penal Venezolano (FPV). “Actualmente en Venezuela
decenas de ciudadanos permanecen detenidos arbitrariamente por razones
políticas y cientos de personas han sido sometidas a procesos penales por las mismas
razones”, sostiene el FPV en su página web.
Raffalli advierte que “desde
el momento en el que el Gobierno declara un Estado de Excepción, la
Constitución está menguada. El decreto 2.323 es un punto de inflexión: ya
estábamos en un Estado con apariencia de legalidad, pero este decreto quitó ese
barniz. Qué hay detrás de un Estado de Excepción, pues la suspensión de
garantías constitucionales; eso la comunidad internacional lo valora muy
negativamente”.
Dentro de las fronteras
nacionales, la coalición de organizaciones no gubernamentales en pro de los
derechos humanos, Foro por la Vida, también rechazó públicamente
el decreto 2.323, argumentando que “la suspensión indeterminada de garantías
constitucionales a derechos humanos como las libertades de asociación, reunión,
expresión, información y manifestación pacífica (…) permiten interpretaciones
discrecionales y arbitrarias, lo que relativiza las obligaciones del Estado y
posibilita la criminalización del ejercicio inderogable de estos derechos por
parte de todas las personas”.
La negativa del CNE a registrar como partidos políticos a
organizaciones como Vente Venezuela y Marea Socialista, entre otras, es un
claro síntoma de la baja tolerancia a la disidencia política del Gobierno. Los
obstáculos a la formación de sindicatos adversos al Gobierno y la persecución
política y judicial a líderes sindicales, son características de un régimen
autoritario.
“Ninguna democracia tiene un
régimen equitativo puro, siempre hay unos que tienen más ventajas sobre otros,
pero en el caso de Venezuela esas inequidades fueron llevadas a niveles
extremos, intolerables para una democracia. Si tú no eres chavista no puedes
tener un empleo en la administración pública, o si resultas electo para un
cargo público siendo de un partido opositor, te merman los recursos o nombran
una autoridad paralela”, describe López Maya.
“No dejemos por fuera el
hecho de que en Venezuela no se respeta el derecho a la manifestación política;
eso de que la oposición solo pueda manifestar en ciertas áreas de la ciudad, no
es solo una violación a la libertad de tránsito, sino una restricción a la
libertad de manifestación política”, explica Raffalli.
“Súmale a eso las amenazas de despido y represalias a los trabajadores de
la Administración Pública que firmaron a favor del
revocatorio, situación que ya vivimos hace más de una década, y te encuentras
con una clara discriminación por condición ideológica que va en contra de todos
los derechos democráticos establecidos dentro de la República y consagrados en
el marco de los convenios y tratados internacionales”, afirma el
constitucionalista.
“La democracia descansa
sobre el respeto a unas normas constitucionales, que en el caso de Venezuela,
son deformadas a través de las interpretaciones que hace la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia a favor del Gobierno”, sostiene Raffalli. Destaca
que desde el inicio del actual período legislativo, el TSJ ha pronunciado 13 sentencias que
limitan o anulan decisiones de la Asamblea Nacional.
“Cuando desde el poder se
desconoce la legitimidad del Parlamento, como se hace a través del decreto
2.323, le estás diciendo al país y al mundo que la representación del pueblo no
existe. Cada vez que el Gobierno ataca a la Asamblea Nacional y merma sus
atribuciones de control político, de contraloría y hasta la función
legislativa, no está desconociendo las competencias de la Asamblea, sino la
voluntad de los electores y el derecho a la participación política de los ciudadanos
que resultaron electos”, sostiene Raffalli.
El constitucionalista afirma
que “lo que está intentando el Gobierno a través de la supuesta
institucionalidad, es que el pueblo no se exprese. Lo que ha hecho el CNE,
desfigurando las normas para la celebración del referendo revocatorio, implica
un fraude al artículo 72 de la Constitución, el cual permite la
revocación de cargos de elección popular transcurrida la mitad del mandato”.
“¿Cómo hacen los ciudadanos
para ejercer los derechos que les concede la Constitución, cuando los árbitros
electoral y judicial no están en condiciones de independencia y autonomía?”,
cuestiona Raffalli.
“Este Gobierno ha utilizado
los dineros públicos como si fueran el patrimonio de su partido político; el
Tesoro Nacional fue confiscado por una parcialidad política y por unas tribus
políticas. Sucede en Venezuela tal y como en los regímenes patrimoniales del
medioevo, cuando los reyes utilizaban los recursos como si fueran propios. De
ahí el interés por desmantelar todas las instituciones del Estado que ejercen
control sobre las acciones del Ejecutivo”, describe López Maya.
En efecto, el decreto 2.323
dispone en el artículo 2, numerales 4to y 5to, que las erogaciones con cargo al
Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no están previstas en Ley
de Presupuesto; además de la suscripción por parte del Ejecutivo Nacional de
contratos de interés público, no estarán “bajo el sometimiento a autorizaciones
o aprobaciones de otros Poderes Públicos”, contraviniendo lo previsto en
el artículo 187 de la Constitución.
Desde su instalación, la
Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional ha dado inicio
a investigaciones sobre casos de corrupción en
distintos organismos de la Administración Pública, entre ellos Pdvsa y Cadivi,
entes que se presume reúnen la mayor carga de responsabilidad en el desvío de
dinero público.
El diputado Freddy Guevara,
presidente de la Comisión, denunció que en Pdvsa “solo en los casos conocidos
públicamente, la suma de recursos involucrados en actos de corrupción ronda los
7 mil millones de dólares. No es justo que no haya ningún responsable
sancionado por uno de los más grandes desfalcos de la historia republicana de
Venezuela”.
¿Cómo pueden los venezolanos
evaluar la gestión de un Gobierno que ha ocultado cifras e indicadores
económicos, sanitarios y sociales durante años? La organización no gubernamental
Espacio Público ha documentado las solicitudes de información de interés nacional que el
Estado se ha negado a responder, desconociendo el artículo
51 de la Constitución el cual garantiza que: “Toda persona tiene el derecho de
representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público
o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o
estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta”.
“Este Gobierno tiene una
evidente imposibilidad de salirle al paso a la crisis, lo que ha creado un
malestar terrible en la sociedad”, sostiene Raffalli. Sin duda, la creatividad
de Maduro para el manejo de la crisis del sector de alimentos se pone
nuevamente de manifiesto en el decreto 2.323, mediante el cual cede la
distribución de la mermada producción de comida a los llamados CLAP -Comités
Locales de Abastecimiento y Distribución-, e inclusive les otorgó funciones de
control y vigilancia sobre la distribución y comercialización de los alimentos,
según consta en el artículo 2, numeral 3.
Al cabo de 120 días de
aplicación del decreto de emergencia económica original, y sin mostrar
evidencias de su efectividad para solucionar problemas como la escasez y el
desabastecimiento, el Gobierno amplió las facultades del mismo y ahora permite
“la adopción de medidas necesarias para que el sector público asegure el apoyo
del sector privado en la producción, comercialización y sana distribución de
los insumos y bienes”, de acuerdo con el artículo 2, numeral 1.
El Instituto de Prensa y
Sociedad (IPYS) ha registrado 2.080 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela desde
2005. “El mismo hecho de que la gente tenga miedo de decir que este Gobierno no
es democrático, es un indicador de que el derecho a la libertad de expresión
está limitado”, argumenta Raffalli.
Según un estudio
del IPSY, entre agosto y septiembre de 2014, 42 % de los
trabajadores de prensa encuestados aseguran que en algún momento han sido
presionados para modificar un producto informativo en el que estén trabajando.
La organización también ha sostenido que el temor a expresar las opiniones por
miedo a represalias no solo se da entre periodistas, sino en toda la sociedad.
Espacio Público documentó en
su informe
anual que “entre enero y diciembre de 2015, se
contabilizaron 286 violaciones a la libertad de expresión que corresponden a
237 casos/eventos”.
El informe reseña que: “2015
se ubicó como el tercer año con mayor cantidad de denuncias de violaciones a la
libertad de expresión en 14 años de registro, después de 2014 y 2009, en
primero y segundo lugar, respectivamente. Estos tres años representan 34% del
total de casos registrados desde el año 2002”.
La ONG explica que: “La
legitimación de un discurso estatal hostil es paralela tanto a la incidencia de
mecanismos de violencia directa (restricciones de cobertura, retención de
equipos, agresiones físicas), como a la gestación de procesos cada vez más
afinados que restringen de forma indirecta el derecho a la libertad de
expresión: sanciones judiciales y económicas, la apertura de procedimientos
administrativos, los impedimentos para la compra de papel prensa”.
Entonces, ¿estamos frente a
una dictadura? La acepción es confusa, explica López Maya, ya que el presidente
fue electo por votación popular; lo que sí está claro es que “el
relacionamiento político desde el poder no puede considerarse democrático. Hay
quienes dicen que esto es un autoritarismo híbrido, en cualquier caso, se trata
de un Gobierno autoritario que tiene un origen muy frágil en el voto popular”.
“El Gobierno no cumple con
los requisitos mínimos democráticos. Creo que con el Decreto de Excepción y
Emergencia Económica dio un paso adelante hacia un régimen sin libertades
civiles y políticas, cercenando la voluntad popular”, afirma López Maya.
“¿En qué sentido podría
afirmarse que Maduro es un dictador?, en que con el decreto 2.323 concentra
todos los poderes decisorios del país; a eso me refiero con lo de régimen
autoritario híbrido. También en el hecho de que su relación con el resto de los
poderes es autoritaria: él ordena y los demás tienen que acatar. Los regímenes
democráticos modernos tienen que obedecer la ley y eso no pasa con el gobierno
de Maduro, que cuenta con la sujeción del TSJ y del CNE”, sostiene la
historiadora.
López Maya argumenta que si
bien no estamos en democracia, “definir el sistema como una dictadura es muy
difícil, ya que pese al autoritarismo del Gobierno aún existen algunos espacios
para la expresión y la protesta. No todo está confiscado por el Estado, y es
justamente dentro de ese margen de libertades que la oposición tiene que
maniobrar para lograr el cambio político”.
20-05-16
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico