Por Víctor Álvarez
El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros se encuentra en la peor encrucijada política desde el
inicio de su mandato; con casi el 70% de impopularidad -según las encuestas- se
enfrenta a un probable referendo revocatorio
Desde que se juramentó, la mayoría
opositora en la AN se propuso “un plazo de seis meses para definir la salida
constitucional, democrática, pacífica y electoral” del Gobierno de Nicolás
Maduro. Al comienzo, las opciones eran las siguientes:
Presionar la renuncia del
Presidente
Enmienda Constitucional para
recortar el período presidencial
Referendo Revocatorio
Convocar Asamblea
Constituyente
La violencia política para
forzar la renuncia del Presidente fracasó en el año 2014 y quedó descartada. La
renuncia es un acto voluntario y no puede resultar de la presión ejercida por
grupos violentos al margen de la ley. Por otra parte, la tesis del abandono del
cargo que intentó promover la directiva de la AN tampoco prosperó, toda vez que
el Presidente está en funciones y lo que se critica es la improvisación de su
gestión. La Enmienda Constitucional para recortar el período presidencial acaba
de ser negada por el TSJ, argumentando que no se puede aplicar con efecto
retroactivo y que se trata de un mecanismo válido únicamente para añadir o
modificar artículos que no alteren los principios rectores de la CRBV.
Descartados los mecanismos
de la renuncia y la enmienda para recortar el período presidencial, el propio
Gobierno ha contribuido a que la Oposición finalmente cierre filas y concentre
todas sus energías en torno a la convocatoria del Referendo Revocatorio. Esta
es la solución prevista en la CRBV para abordar las grandes crisis de
gobernabilidad y como mecanismo para evaluar la gestión de un gobierno y dejar en
manos de la ciudadanía la decisión democrática sobre su revocatoria o
ratificación no puede ser objetada por el TSJ. Sin embargo, el Referendo
Revocatorio se puede retrasar si el CNE obstaculiza el proceso atravesando
trámites innecesarios, tal como ocurrió con el requisito adicional de recoger
el 1 % de las firmas para solicitar el Referendo, cuando la CRBV paraconvocarlo lo
que establece es una sola colecta del 20 % del Registro Electoral. Recordemos
que el artículo 72 de la CRBV establece que:
"Transcurrida la mitad
del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no
menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la
correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo
para revocar su mandato.
Cuando igual o mayor número
de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren
votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo un
número de electores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento de
los electores o electoras inscritos o inscritas, se considerará revocado su
mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo
dispuesto en esta Constitución y en la ley."
Todo esto se traduce en un
largo viacrucis que comienza por recaudar el 1% del padrón electoral de
19.572.144 votantes, lo cual equivalente a 195.721 firmas. Luego de solicitado el
revocatorio, entonces éste se convoca con el 20% de ese padrón
electoral que equivale a 3.914.420 firmas. Para que sea válido el proceso, debe
participar al menos el 25% del padrón electoral, es decir 4.893.025 electores.
Maduro fue electo con 7.505.339 votos y con un voto más puede ser revocado, es
decir 7.505.440 votos. Si se tiene en cuenta que en las parlamentarias del 6-D
la MUD obtuvo 7.726.066 votos versus los 5.622.844 de la alianza oficialista
del GPP-PSUV, estos números dan una idea del potencial de votos que podrían ser
emitidos en contra de Maduro para revocar su mandato presidencial.
Los problemas de escasez,
acaparamiento, especulación, inflación, racionamiento de energía eléctrica,
cortes de agua y criminalidad generan un creciente malestar social que ya tuvo
su costo político en la aplastante derrota que sufrieron los candidatos del
oficialismo en las parlamentarias del 6-D. Y en estas condiciones el
Referendo Revocatorio no le augura a Maduro un resultado favorable. De hecho,
la mayoría de las encuestas revelan que al menos el 75 % de los venezolanos
evalúa negativamente su gestión de gobierno y más del 60 % considera que es
necesario salir de Maduro para resolver los problemas del país. Ahora bien, el
quid de la cuestión radica en que una vez revocado el mandato, la falta
absoluta se cubrirá según lo establecido en el artículo 233 de la CRBV:
"Si la falta absoluta
del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los
primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva
elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos
siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva
Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente
Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva.
En los casos anteriores, el
nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional
correspondiente.
Si la falta absoluta se
produce durante los últimos dos años del período constitucional, el
Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia
de la República hasta completar dicho período."
Para resolver la crisis
política no hace falta flamantes constitucionalistas que interpreten la CRBV.
El mejor intérprete es la ciudadanía que tiene que decidir con su voto
mayoritario si quiere que Nicolás Maduro continúe o no como Presidente de la
República. Se trata de respetar el derecho constitucional a evaluar la gestión
administrativa y política. Si la sociedad venezolana revoca el mandato antes de
los cuatro años, el CNE tendrá que convocar elecciones en los próximos 30 días
para elegir un nuevo presidente. Pero si las maniobras dilatorias retrasan el
Referendo y éste se realiza después de los 4 años, en lugar de realizar
elecciones para elegir un nuevo presidente, será el Vicepresidente designado
por Nicolás Maduro y el PSUV quien complete el período presidencial. Si
esta maniobra se concreta, el mundo entero la interpretará como un fraude al
clamor nacional que se manifestó no en contra de un hombre, sino en contra de
un estilo de gobierno y de un modelo económico que no funcionó. Y esta
obstinación por aferrarse al poder puede desembocar en una conmoción social y
una grave crisis de gobernabilidad.
01-05-16
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