Venezuela ha entrado en una
nueva etapa de confrontación política. Tras la prórroga indefinida del estado de excepción, que
limita algunos derechos, y las amenazas de altos cargos del Gobierno de impedir
un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, la
oposición se debate entre escenarios complicados pero apuesta por la
movilización y la ley. Jesús Chuo Torrealba, secretario general de la coalición
opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hace una advertencia sobre las
artimañas oficialistas: “La crisis ha alcanzado un punto de inflexión”, declaró
ayer a este diario.
Sostiene el máximo
representante de la MUD que “o se construye con votos una
alternativa para rescatar al país o el Gobierno está forzando a un desenlace
con la sangre del pueblo. No queremos violencia, pero Maduro apela a la ley de
la selva”.
La apuesta de la oposición
es una salida a la crisis política mediante un cambio de Gobierno. Para ello se
han planteado una reforma de la Constitución para acortar el mandato
presidencial de seis a cuatro años, la renuncia de
Maduro y convocar a un referendo revocatorio que deponga al presidente. Solo la
consulta popular ha avanzado con tropiezos como una opción para destituir al
mandatario.
La
extensión del estado de excepción decretado el viernes por Maduro pudiera
impedir las manifestaciones
El Consejo Nacional
Electoral (CNE) —doblegado por el oficialismo— exigía el 1% del padrón
electoral (casi 200.000 electores) para emprender el revocatorio, pero la
oposición ha superado las expectativas al recoger 1,8 millones de adhesiones
que son verificadas por el organismo comicial. Esta es solo una de las etapas
para iniciar un proceso, pues aún es necesario recoger un 20% de las rubricas
de los votantes y convocar a elecciones que deponga a Maduro. Para Torrealba
las amenazas del Gobierno obedecen a una pugna en el oficialismo: “Al
principio, el chavismo ha intentado retrasarlo porque si el revocatorio no se
hace antes del 10 de enero [de 2017], asumiría el vicepresidente como jefe del
Estado hasta el 2019. Pero, ahora, Maduro se ha dado cuenta de que tiene
enemigos internos que quieren desplazarlo y les convendría un referendo en el
país”.
Aristóbulo Istúriz,
vicepresidente de Venezuela, ha llevado al límite a la oposición al declarar el
domingo que no permitirán un referéndum. Antes de él, otros hombres del
chavismo ya habían asomado sus intenciones de impedir la consulta para expulsar
a Maduro del cargo. Según Torrealba, el giro político obedece a un supuesto
plan del oficialismo para aferrarse aún más al poder. “Nosotros recogemos
firmas porque queremos elecciones, mientras el Gobierno obstruye salidas
democráticas y promueve la violencia al decretar un estado de excepción que se
salta los procedimientos legales. Maduro tiene miedo a medirse en unas
elecciones porque sabe que no tiene el apoyo del pueblo”.
La extensión del estado de
excepción decretado el viernes por Maduro pudiera impedir las manifestaciones
callejeras. Pero la coalición opositora MUD se ha plantado en su empeño de
presionar al Gobierno para lograr el revocatorio este año. “La marcha convocada
para este miércoles [por mañana] para exigir que no demoren el revocatorio se
mantiene por ahora”, agregó Torrealba.
Supervisión de las firmas
La oposición ha crecido en
el Gobierno de Maduro. La proeza, inimaginable con Hugo Chávez en el poder, ha
afianzado a la MUD como una fuerza política en Venezuela. Torrealba, el hombre
imperioso de la coalición opositora, escudriña los motivos del descenso
chavista: “La crisis, sin duda, ha influido. Este país se desmorona sin
soluciones gubernamentales a la vista. Este es un Gobierno incapaz de
garantizar lo básico: el acceso a luz, el agua, los alimentos y el derecho a la
vida debido a la escasez de medicamentos y los déficits en los hospitales”.
El Partido Socialista Unido de Venezuela —fundado
por el fallecido Chávez— tiene los ojos puestos sobre las firmas de los
opositores para activar el revocatorio. Hace dos semanas, Maduro ordenó que las
rúbricas fueran revisadas por el partido del Gobierno y el Consejo Nacional
Electoral aceptó esta propuesta que la oposición considera como un acto
intimidatorio contra los electores.
Para este propósito ha
encomendado a Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, que el pasado sábado dijo en
un mitin que no habrá revocatorio. “Este lunes [ayer] empieza lo bueno. Los
testigos de la patria y el CNE empezaremos la revisión nombre por nombre, firma
por firma, huella por huella”, aseguró.
En la norma que regula los
referendos no se establece que los representantes del jefe del Estado tengan
derecho a revisar las firmas. Por eso, Julio Borges, jefe de la bancada
opositora en el Parlamento, aseguró que demandará ante los tribunales al
alcalde. Birges sostiene que Rodríguez ha tenido acceso a las planillas con las
firmas. “Esto supone un delito por intimidación debido a las preferencias políticas,
además de otras violaciones a las leyes. Lo que ocurre es que el chavismo está
derrotado y están desesperados por aferrarse al poder”.
17-05-16
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