Omar Barboza Gutiérrez 01 de mayo de 2016
Quienes
integramos la Unidad Democrática, no sólo somos oposición a las políticas del
gobierno nacional; somos la alternativa de cambio democrático. En consecuencia,
nuestra actuación no se debe limitar a criticar las políticas públicas que
representan el modelo que actualmente gobierna a Venezuela, sino que tenemos la
obligación de presentar nuestras propuestas para la superación de la crisis por
la que está atravesando el país.
Empezamos
por proponer el cambio del modelo político y económico que representa el
Socialismo del Siglo XXI, partiendo del principio de que no es posible explicar
la grave crisis económica que sufre Venezuela, después de haber ocurrido la más
extensa bonanza petrolera de la historia de nuestro país, y que ocurrió
mientras quienes hoy están en el gobierno controlaban todos los poderes
públicos, sin concluir en que la causa fundamental de lo que está ocurriendo es
el fracaso rotundo del modelo que trató de imponerse a nuestra nación después
de haber fracasado en Cuba y la Unión Soviética.
Nosotros,
por la vía democrática, proponemos un modelo que definimos como de Crecimiento
Económico con Justicia Social, y, para superar la crisis económica que vivimos,
planteamos un conjunto de propuestas que resumimos a continuación:
Empezamos
por afirmar que el respeto a la propiedad y a la vigencia efectiva del estado
de derecho, son condiciones necesarias para generar confianza a la inversión
nacional y extranjera; a lo cual le agregamos que para combatir la inflación, y
proteger la capacidad adquisitiva del salario, es preciso dejar de imprimir
dinero sin respaldo y apoyar la producción nacional, para que el incremento de
la oferta de bienes y servicios logre la estabilidad de los precios y salarios,
reduciendo además, a niveles aceptables, la escasez generalizada que hoy nos
afecta gravemente.
Por
otra parte, hay que desarrollar una política dirigida a la unificación del tipo
de cambio y dejarlo fluctuar para que la realidad económica establezca el tipo
de cambio real, y así poder avanzar en la reducción de la inflación y hacia la
competitividad internacional de nuestra producción. Está claramente demostrado
que el control de cambio no impidió la fuga de capitales, y lo que sí hizo fue
destruir nuestra actividad productiva al darle prioridad a las importaciones, y
por tanto, a los productores extranjeros en relación a los nacionales.
También
se hace necesario diseñar y aplicar una nueva política petrolera que le dé
prioridad al incremento de la producción, en contraposición a la política de
congelamiento de la misma para lograr mejores precios, la cual traería una alta
generación de empleos de calidad, y estimularía toda la actividad económica que
trae consigo el aumento de dicha actividad petrolera. Venezuela tiene reservas
para 200 años de producción petrolera, y no debe aplicar estrategias de quienes
tienen reservas para 10 o 20 años, sino más bien, antes de que el petróleo
pierda fuerza como fuente de energía, utilizarlo como palanca para diversificar
nuestra economía y, en general, apoyar la producción nacional de bienes no
tradicionales.
Igualmente,
es necesario aplicar sin tardanza una política social eficiente para reducir la
pobreza y darle prioridad al gasto educativo y de salud pública. El gasto
social en los últimos años no se corresponde con los resultados obtenidos,
debemos marchar hacia la focalización de los subsidios a los sectores más
necesitados, y aplicarlos en bolívares, sin caer en el error de los subsidios
implícitos en divisas, que al final lo que hacen es subvencionar la producción
extranjera. Debemos darle coherencia al manejo de las políticas sociales a
través de un ente gubernamental que lo garantice, evitando la dispersión de los
recursos y acciones sociales en beneficio del despilfarro, la discriminación,
la corrupción y la falta de logro de objetivos tan importantes para tantos
seres humanos.
Es una
precondición para lograr los grandes objetivos del crecimiento económico y la
justicia social, la aplicación de políticas muy firmes en el campo de la
transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, para lo
cual se hace necesario trasladar los recursos de los fondos parafiscales al
presupuesto nacional, para someter así a todo el gasto público al control
Constitucional, facilitar y simplificar los trámites administrativos, así como,
la publicación oportuna de todas las cifras que reflejen la situación económica
del país y el manejo de los recursos públicos.
El
cambio está en marcha y debemos tener propuestas de políticas definidas para
superar la crisis, y así llegar listos al gobierno para reconstruir al país.
Omar
Barboza Gutiérrez
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