Por Leonardo Morales P.
El diálogo, la negociación,
encuentros cercanos y contacto visual entre la oposición y los miembros del
gobierno, hecho normal en cualquier país civilizado, donde precisamente los encuentros
entre los actores políticos se dan con absoluta naturalidad y lo contrario más
bien se percibe como insólito en Venezuela significa abdicación, traición,
felonía y cuanto sinónimos semejantes existan.
Ha vuelto a la difícil arena
de la opinión pública, para bien del país, la posibilidad de que dirigentes del
partido de gobierno se sienten junto a los líderes de los partidos de oposición
a debatir sobre asuntos pendientes de otros eventos similares. El gobierno anda
apurado y presiona por el reinicio de estas sesiones e intenta acorralar a los
partidos opositores en el dilema del go or don´t go.
La oposición tiene serias
dificultades porque no comparten una política común en esa materia, lo que los
coloca frente al país sin una política coherente frente al gobierno. Los
radicales que esperan algo parecido al sucesor de Mugabe lanzan andanadas de
tuits, nada más que eso, pero suficiente para que la inacción los arrope y
luego se inventen escenarios inexistentes; hace poco uno de los líderes la antigua
MUD, que hablaba contra la negociación pero que asistía a cuanto evento se
realizaba, anunció que por la no invitación de algunos países, claramente
interesados en una salida política, no se podía producir la anunciada
“negociación internacional”. De nuevo, no se les habla claro a los venezolanos.
No hay tal negociación
internacional. Ese escenario no existe. La facilitación que realizan unos
expresidentes y representantes de otros países no constituye ningún escenario
de carácter internacional. La presencia de estos personeros no supone que ellos
decidirán sobre nuestros asuntos, sino que posibilitan el encuentro de las dos
partes venezolanas que deben buscar salidas a la grave crisis nacional.
Lo importante de esa
iniciativa, en la que participaran los partidos de oposición que crean que
desde allí es posible superar la crisis política, porque de eso se trata, es
que dispongan de claros objetivos. No hay cinco ni diez objetivos, es solo uno:
la crisis política.
La crisis del país es de orden
política y ésta se traduce en el desmantelamiento institucional cuyo único
responsable es el gobierno. El desconocimiento de las funciones legislativas de
la AN electa legal y legítimamente con las actuaciones del TSJ, es una de
ellas, además, hay que agregar la pretensión del gobierno de querer sustituir
sus funciones con una ANC de dudosísima legitimidad para el país y para buena
parte del mundo y, por si fuera poco, convertida en una dictadura tumultuaria a
la que de manera irresponsable se han sometido los demás poderes.
No debe la oposición
aparecerse a un proceso de negociación con un rosario de peticiones. Todas las
exigencias de los sectores democráticos deben estar enmarcados en la
recuperación de la institucionalidad. No es una solicitud que requiera de la
sanción de algún poder en particular. Se trata del reconocimiento de las
funciones de la AN como parte esencial del sistema político venezolano, bajo el
compromiso de que los distintos poderes actúen según lo establece la
Constitución. Quien tiene que empeñar su palabra ante los venezolanos y el
mundo es el gobierno, no la oposición.
A partir de ese
reconocimiento, aquellos elementos que han constituido parte de las solicitudes
en procesos anteriores pueden perfectamente discutirse en las instituciones
nacionales para ofrecer rápidas salidas: ayuda humanitaria, enredos financieros
del gobierno, libertad de los presos políticos, establecimiento de un
cronograma electoral de las elecciones pendientes y de la que debe ocurrir el
primer domingo de diciembre del año próximo.
18-11-17
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