EMILI J. BLASCO 22 de abril de 2018
La
imagen de la petrolera nacional venezolana, Pdvsa, como la vaca que todo el
mundo que pudo ordeñó –y sigue ordeñando– en el sistema político chavista,
simboliza bien la billonaria corrupción que ha afectado a la compañía en casi
dos décadas. La última gran trama denunciada, en la que hubo clonación del
sistema informático de la entidad estatal para amañar operaciones y saquear la
empresa, acaba de llegar a los tribunales de Estados Unidos.
En la
trama, en marcha desde 2004, participaron directivos de la propia Pdvsa e
importantes compañías de comercio energético, con un daño a la estatal
petrolera estimado en más de 5.200 millones de dólares. Nicolás Maduro ha
aprovechado la ocasión para arremeter contra la gestión de Pdvsa durante el
largo tiempo que la presidió Rafael Ramírez (uno de las máximas figuras
políticas en la era de Hugo Chávez, hoy depurado por Maduro).
Ya ha
habido otras denuncias sobre sobornos a directivos de Pdvsa (singularmente la
investigación abierta en Houston y que puede acabar inculpando a Ramírez), pero
lo especial de este último caso es que la denuncia la ha presentado la propia
Pdvsa (a través de un oscuro fideicomiso).
En
realidad, no se trata de una cruzada por la limpieza y la honestidad, sino que
obedece a una lucha de facciones, en un capítulo más de la pugna por el expolio
de la empresa, en medio de un pulso entre empresarios vinculados a diferentes
sectores chavistas.
A
principios de marzo de 2018, el fideicomiso PDVSA US Litigation denunció ante
la Corte de Distrito del Sur de Florida que dos consultores venezolanos,
mediante el soborno a varios directivos de la petrolera, actuaron conjuntamente
con varios corredores internacionales de petróleo para beneficiarse de los
contratos de venta y suministro de Pdvsa. La lista incluye a algunos de los
principales corredores mundiales, como Glencore, Vitol y Trafigura, y a
destacadas compañías energéticas, como Lukoil y Colonial Oil Industries.
La
demanda señala que Francisco Morillo y Leonardo Baquero, que crearon la firma
Helsinge y se relacionaron comercialmente con Pdvsa, contaron con la ayuda
desde dentro de la petrolera de cuatro de sus principales directivos: Marco
Malave, jefe del departamento Comercial y de Suministros de 2012 a 2017, y su
sucesor, Ysmel Serano (hoy vicepresidente de la estatal); René Hecker, gerente
de ese mismo departamento hasta 2013, y Edgar García, gerente del departamento
de Flete y Transporte hasta 2008.
Las
acciones fraudulentas se desarrollaron desde al menos 2004 hasta muy
recientemente, según consta en la demanda, en una trama de «millones de
dólares» en sobornos, pagados muchos de ellos a través de Panamá, y de «miles
de millones de dólares» en beneficio para Helsinge y las compañías corredoras
internacionales, enriquecidas por los menores pagos realizados a Pdvsa y el
sobreprecio de los productos vendidos a esta. El abogado del fideicomiso, David
Boies, aseguró estimar en 5.200 millones de dólares lo que Pdvsa dejó de
ingresar por la acción de los confabulados.
La
trama tuvo acceso directo en tiempo real al sistema informático de la compañía
estatal mediante la clonación del servidor del departamento Comercial y de
Suministros. El servidor clonado se instaló en las oficinas de Morillo y
Baquero en Miami. De esta manera pudieron conocer con antelación las ofertas de
otras compañías en procesos de licitación y modificar en su ventaja datos del sistema
(la documentación que oficialmente debía guardarse era destruida para evitar la
detección de esos cambios).
Imágenes
de pantallas de ordenador, obtenidas por ABC, parecen recoger los rastros de
esos movimientos de «hackeo». En una de ellas se aprecia el uso de cuentas de
correo electrónico que simulan ser de Pdvsa, pero en las que figura ese nombre
sin la ese (pdva.com), llevando al equívoco.
Todo
esto obedece a una lucha entre facciones. Detrás de la presentación de la
demanda se encuentra Wilmer Ruperti, empresario que en el arranque del chavismo
se vio favorecido por Hugo Chávez por haber puesto sus barcos a disposición del
Gobierno durante el paro petrolero de 2002-2003.
Información
privilegiada
Inicialmente,
Morillo trabajó para Ruperti en la obtención de información privilegiada de
Pdvsa, de acuerdo con fuentes conocedoras del caso. Pero luego ambos se
separaron: Morillo se erigió él mismo en cabeza de ese particular negocio,
mientras que Ruperti perdió ascendencia sobre Pdvsa por su mala relación con
Rafael Ramírez (ministro del Petróleo y presidente de la estatal por diez
años). Por su parte, Morillo se aproximó a un hombre clave de Ramírez en Pdvsa,
su cuñado Baldo Sansó.
Cuando
Ramírez y sus hombres cayeron en desgracia, algo que ocurrió definitivamente en
2017, Ruperti volvió a hacer negocios con Pdvsa. Para ganar el favor de Maduro,
Ruperti corrió con los gastos de la defensa de los sobrinos de la pareja
presidencial, en el juicio celebrado contra ellos en Nueva York por
narcotráfico. Son esos abogados buscados por Ruperti (el despacho Boies
Schiller Flexner) quienes se han encargado de la demanda presentada contra
Morillo.
La
demanda tiene aspectos oscuros. Se hace desde un fideicomiso opaco y además no
se presenta contra los cuatro directivos de Pdvsa que aceptaron sobornos para
facilitar las operaciones fraudulentas. También extraña que cuando la
preparación de la demanda ya estaba en marcha, Pdvsa estableciera nuevas
operaciones con uno de los corredores que iba a demandar, Trafigura, como ha
destacado el investigador Alek Boyd. Por su parte, la juez federal Alicia
Otazo-Reyes, magistrada en la Corte de Miami, ha cuestionado aspectos formales
de la demanda.
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