Trino Márquez 17 de marzo de 2021
@trinomarquezc
Los
países democráticos todavía no han logrado descifrar cuál es la clave para
impulsar el tránsito de la autocracia a la democracia en Venezuela. En el país
se estableció una claque inamovible, que ha formado una poderosa madeja de
intereses en las que participan civiles, militares, grupos irregulares, mafias
nepóticas, núcleos de apoyo internacional y una amplia variedad subespecies que
se mueven en zonas opacas, tanto dentro como fuera de la nación.
En medio de un ambiente dominado por la incertidumbre
acerca de la eficacia de las medidas que deben adoptarse, Estados Unidos, la
Unión Europea, Canadá y varios gobiernos democráticos latinoamericanos, como el
de Colombia y Brasil, optaron por aplicarle sanciones al régimen de Nicolás
Maduro. Se oponen a cualquier tipo de intervención armada, pero consideran que
presionar a través de las penalizaciones es la forma más eficiente de forzar
cambios democráticos en Venezuela.
La primera de esas reformas consiste en lograr la
convocatoria de unas elecciones libres, transparentes y competitivas para
presidente de la República. El punto de quiebre del régimen con la comunidad
internacional fueron los comicios de mayo de 2018, cuando Maduro se reeligió
mandatario, luego de que la Constituyente convocada por él en 2016 -con el fin
de anular la Asamblea Nacional electa en 2015- llamara a unas votaciones que
las naciones democráticas consideraron ilegítimas. Esa ruptura fue la culminación
de una larga cadena de abusos del gobernante vernáculo: la feroz represión
desatada por los cuerpos de seguridad en 2014, con motivo de La Salida; la
condena contra Leopoldo López, a pesar de que no existía ningún indicio serio
que lo incriminara como responsable directo de la violencia generada durante
las protestas; el total desconocimiento de la AN electa en diciembre de 2015;
la creación de ese adefesio llamado Asamblea Nacional Constituyente, cuyo costo
aún sigue siendo un misterio para los venezolanos; la interrupción del
referendo revocatorio que podría haberse llevado a cabo a finales de 2016 o a
inicios de 2017.
Todos esos episodios, ocurridos en un lapso muy breve,
les permitieron a los factores de poder internacional armar un largo expediente
contra Maduro. Fueron los datos empíricos a partir de los cuales Estados
Unidos, la Unión Europea y los demás países optaron por castigar los desmanes
de Maduro. No se trata, por lo tanto, de un modesto mandatario de un país
subdesarrollado que ha sido perseguido por las potencias imperiales. Para nada.
Lo ajustado a la verdad es señalar que la comunidad internacional ha venido
reaccionando desde 2014 a los daños, la brutalidad y arbitrariedad de un
personaje colocado al margen de la Constitución y de la legalidad que sus
propios correligionarios elaboraron a partir de febrero de 1999, cuando llegan
a Miraflores.
Algunos analistas vinculados con la Mesa de Diálogo
Nacional olvidan de forma interesada la historia verídica. Se refieren a la
‘complicidad’ de la oposición con las sanciones e, incluso, de ser responsable
de que se mantengan. Tales afirmaciones constituyentes adulteraciones de la
realidad. La verdad es que el régimen de Nicolás Maduro representa un incordio
en un continente que, en medio de numerosas trabas, intenta ceñirse a las
reglas del modelo democrático: elecciones periódicas transparentes y
competitivas, acato a la voluntad de la mayoría, gobiernos alternativos,
respeto al Estado de Derecho, a las autonomía de los poderes públicos, a la oposición
y a las minorías. Reglas básicas de la convivencia democrática. Maduro no sigue
ninguno de estos preceptos. Su obsesión se reduce a atornillarse al poder, sin
importarle cuánta ruina cause, cuánta gente se hunda en la miseria, cuántas
empresas quiebren y cuánta gente se disperse en desbandada por los países
vecinos.
Maduro
no solo es una tragedia nacional. Ya es una desdicha internacional que la
padecen las naciones de Suramérica, Florida y España. Pero que, sobre todo, la
sufren los humildes emigrantes que deben soportar la pobreza, maltratos y
humillaciones de personajes como Claudia López, alcaldesa de Bogotá; de algunos
tenebrosos candidatos a la presidencia de Perú; o de grupos de exaltados
xenófobos surgidos en América Latina.
Ya dudo de la eficacia de insistir en las sanciones. No han servido para hacer
cambiar o hacer recapacitar a Maduro. El gobernante venezolano ha sido
inflexible a pesar de los castigos. Sin embargo, lo más probable es que la
ausencia de penas no habría modificado su conducta arbitraria. Comparto la
opinión de Ricardo Hausmann. Hoy sería igual de autoritario, pero contaría con
el beneplácito explícito o implícito de las naciones que hoy lo condenan.
Parece que la alternativa consiste en aplicarle un
torniquete diplomático internacional en el cual también actúen China y Rusia.
La reacción de ambos gigantes ante el golpe de Estado en Birmania no permite
abrigar muchas esperanzas. Tendremos que ver los próximos pasos que da Biden.
Entonces podremos tener una visión más completa.
Trino Márquez
@trinomarquezc
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