Alfredo Infante s.j.* 12 de julio de 2021
Durante
la pandemia de la “gripe española”, que azotó al mundo y a nuestro país en el
siglo XX (1918 y 1919), Venezuela vivía bajo la dictadura de Juan Vicente
Gómez, quien pese a su férreo control sobre la población, permitió que desde un
sector clave de la sociedad civil -como lo era para entonces la novel Academia
de Medicina- se organizara la “Junta de Socorro Nacional”, coordinada desde
Caracas y con sede en algunas regiones del país, para afrontar la enfermedad y
la crisis humanitaria resultado de la misma. Si bien desde las instituciones
oficiales se mantuvo un control informativo y se le restó importancia al virus
y su impacto en la calidad de vida de la población, la sociedad civil y la
Iglesia jugaron un papel protagónico en la respuesta humanitaria de aquel
momento.
Para
entonces, nuestro beato José Gregorio Hernández, uno de los fundadores de la
Academia,
“Recién
llegado de sus estudios de posgrado en Estados Unidos y España, se integró a la
Junta de Socorro Nacional, conformada por el arzobispo Felipe Rincón González y
los médicos Vicente Lecuna Torres, Santiago Vegas, Antonio Rísquez, entre
otros, y coordinada por el Dr. Luis Razetti, todos miembros de la Academia
Nacional de Medicina. La junta de Socorro tuvo como misión coordinar la
respuesta ante la pandemia y educar a la población…montó una estrategia de
Información, Formación ciudadana, y organizó el sistema de salud para afrontar
institucionalmente la pandemia”. [1]
A
propósito de esta anécdota histórica, hace unos meses leí un tuit de Laureano
Márquez, quien con su lúcido sentido del humor comparaba aquel momento con
nuestra actualidad. Como no tengo a mano el contenido exacto de aquel mensaje,
parafraseo lo que dijo: “en aquel momento fue Luis Razetti, José Gregorio
Hernández, la Academia de Medicina. Hoy son los hermanos Rodríguez y el
presidente Maduro los que coordinan las políticas de salud ante la pandemia del
Coronavirus”. Tamaño contraste que pone en evidencia el desamparo en que se
encuentra hoy el pueblo venezolano.
Este
hecho es revelador de un ejercicio antidemocrático de la política que busca
controlar todas las dimensiones de la vida, rayando en la incompetencia y
sacrificando vidas humanas a contra vía de la Constitución. Así lo plantea el
documento Rescatemos
el derecho a vivir en democracia: decálogo para la acción, hoja de
ruta que presentó la UCAB junto a Provea y Espacio Público para orientar a la
ciudadanía en la defensa del Estado de derecho y la recuperación de las
condiciones de vida.
El
tercero de sus 10 principios, titulado “Hay oportunidades para la libre
formación de la opinión pública”, subraya lo siguiente, citando nuestra Carta
Magna: “Las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y las distintas
modalidades asociativas del ámbito empresarial, económico, cultural y religioso
son igualmente indispensables para la preservación de la democracia (arts. 52,
59, 95 y 112 CRBV)”. A lo que yo añadiría: para participar corresponsablemente
ante los desafíos informativos, educativos y humanitarios en contextos como los
que vivimos con la pandemia.
Pero
no es así. Más que facilitar la corresponsabilidad y la creación de iniciativas
favorables a la vida, el Gobierno ha impuesto -y volvemos a citar el
Decálogo- “prácticas que dificultan la creación de nuevas asociaciones o
que ponen cortapisas a las actividades y al financiamiento de las ya
existentes, en especial de organizaciones no gubernamentales”. Un ejemplo es la
reciente «Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro
Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo«, publicada en Gaceta
Oficial N° 42.098 del 30 de marzo de 2021, que obliga a las ONG a
declarar ante el Ministerio de Interior y Justicia desde el origen de sus
fondos hasta sus beneficiarios o participantes.
En
un comunicado difundido esta semana, más de 600 organizaciones
denuncian que esta nueva normativa “coloca a las organizaciones de la sociedad
civil bajo sospecha de terrorismo y restringe el acceso al registro para su
legalidad». Además, sostienen que la providencia administrativa criminaliza
el derecho a organizarse, porque “crea un Registro Unificado de Sujetos
Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y
Paz”. [2]
Las
organizaciones firmantes exigen la derogación de este instrumento, porque
subrayan que se trata de “una normativa sub-legal, que regula asuntos
reservados a las Leyes, con un rango inferior incluso a reglamentos y
resoluciones, que establece procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones
para las organizaciones de la sociedad civil, no contemplados en ningún
instrumento del ordenamiento jurídico venezolano y que, por lo tanto, son
arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir”. Así
lo resumió la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta de Twitter: “Eliminen
la Providencia Administrativa No. 001-2021 que al establecer la posibilidad de
ilegalización e inclusive cárcel, pone en riesgo la acción de las
organizaciones que prestan apoyo a los sectores más vulnerables de la
población”.
En
esta dirección de criminalización del derecho humano a la organización, en
la Asamblea Nacional (AN) también avanza la Ley de Cooperación internacional,
instrumento que, desde 2007, se pretendió aprobar como parte de la reforma constitucional
y la profundización del socialismo.
Los
hechos muestran que la pandemia, más que abrir al Gobierno a la concertación
para una respuesta más eficiente y eficaz ante la emergencia humanitaria y
crear las condiciones y reducir los daños, ha sido la ocasión para profundizar
los mecanismos de control y restringir el derecho humano y constitucional a
organizarse para hacer el bien y salvar vidas.
Por
ello, el Decálogo hace un llamado urgente a la ciudadanía para luchar por la
defensa de la Constitución y los DD.HH., pidiéndole trabajar para exigir al
Estado “ponerle coto a la obstaculización del trabajo de las organizaciones
sociales, incluyendo el cercenamiento de sus posibilidades de constitución o
registro, funcionamiento y financiamiento», y «respetar la libertad de
asociación en organizaciones comunitarias y brindar respaldo a sus iniciativas
suprimiéndose las prácticas de subordinación política o clientelar”.
Si hay
un signo claro de resurrección es la organización con vocación por la verdad, la
belleza y el bien. En la Pascua, los discípulos postrados por el dolor y la
tristeza ante la muerte de Jesús de Nazaret y paralizados por el miedo al poder
que asesinó al justo inocente, se reencuentran, se organizan y salen dignos,
sin temor, a anunciar la buena noticia, revelada en Jesucristo, el Señor
resucitado. “Como mi Padre me envió, así los envío yo” (Jn
20,21).
Notas:
[1]
Tomado del Tema IX, titulado «JGH Profeta de la Justicia», de la serie
“Venezuela camina con JGH”, producida por la Comisión Nacional por la
Beatificación.
[2]
http://espaciopublico.ong/organizaciones-de-la-sociedad-civil-declaran-su-rechazo-rotundo-y-exigen-la-derogacion-de-la-nueva-providencia-de-registro-por-terrorismo-y-otros-delitos-en-venezuela-2/
[3] Te
invitamos a leer y compartir el documento Rescatemos el derecho a vivir en
democracia. Decálogo para la acción, que puedes descargar haciendo clic en el
siguiente enlace:
https://elucabista.com/wp-content/uploads/2020/11/Derecho-a-vivir-en-democracia-Decalogo-para-la-accion.pdf
Tomado
de: https://www.revistasic.gumilla.org/2021/organizarse-es-un-derecho-no-un-crimen/
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