Marta de la Vega 27 de septiembre de 2021
A
pesar de la importancia de este nuevo esfuerzo iniciado en agosto de 2021 para
resolver de manera negociada la crisis política, social, económica, cultural y
moral que sufre Venezuela, parece difuminarse el propósito medular de esta convocatoria
entre el régimen de facto presidido por Maduro y voceros de
las fuerzas democráticas en representación del presidente interino Juan Guaidó
y de los que aspiramos a ver restaurados el Estado de derecho, las libertades y
derechos civiles, políticos y sociales y, en suma, una democracia verdadera,
sin apelar a soluciones militares.
Algunos estudiosos señalan que los resultados hasta ahora favorecen la continuidad del régimen chavista, le “limpian” su imagen muy deteriorada por todos los exabruptos y violaciones cometidas contra la Constitución vigente. Impusieron la salida de uno de los representantes de la mesa de la Plataforma Unitaria, exigieron ser llamados oficialmente gobierno bolivariano en detrimento del reconocimiento de la presidencia interina y buscan sobre todo que se levanten las sanciones, al recurrir a la narrativa, imaginaria pero efectista, de que el “bloqueo” es causante de la ruina del país, acelerada desde 2013 pero ya mucho antes provocada por la corrupción, la desinversión en áreas claves de la infraestructura, la incompetencia y abandono de las obligaciones gubernamentales. Las sanciones, de carácter individual, vienen desde 2019.
El
memorando de entendimiento y los acuerdos parciales obtenidos en las dos
primeras reuniones reflejan la necesidad de priorizar, dentro de varios
aspectos de alto interés nacional, la restitución de derechos conculcados al
país, que ha sido históricamente política de Estado por los anteriores
gobiernos salvo desde las presidencias de Chávez y del que hoy detenta
abusivamente el poder, y a los ciudadanos, al apuntar, por un lado, hacia la
justa reclamación del Esequibo y, por otro lado, hacia la implementación de
mecanismos operativos que garanticen la protección social de los venezolanos en
medio de la emergencia humanitaria compleja en que se ha convertido la política
de tierra arrasada por parte del chavismo, a pesar de sus ínfulas redentoras.
Otros
especialistas señalan que mientras Guyana ha aprovechado al máximo la tribuna
de la ONU para mentir y poner a su favor la reclamación, Maduro ni siquiera
mencionó el tema Esequibo durante su fugaz aparición en Nueva York.
Es
verdad que son muchos los eventos significativos recientes en el plano
internacional que han distraído del primer plano las negociaciones como una
ruta para superar la tragedia nacional. La toma de control de Afganistán por el
grupo talibán, la catástrofe humanitaria de migrantes de Centro América, de
Haití, Venezuela y Cuba principalmente, hacia México y Estados Unidos. Pero el
carácter ilegítimo de la presidencia de Maduro ha sido destacado con la
posición valiente de mandatarios democráticos de Uruguay, Paraguay, Ecuador,
Colombia y Chile al plantear dos opciones irreductibles, democracia y
dictadura, durante la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y
las denuncias contra el ilegítimo usurpador de la presidencia venezolana en la
76ª Asamblea General de la ONU en New York. Fue elocuente el vacío de la gran
sala de sesiones durante el discurso televisado del dictador Maduro.
Internamente,
el más reciente informe de la ONU de septiembre de 2021 pone de relieve la
violación sistemática de derechos humanos, la tortura como práctica perversa de
terrorismo de Estado, desapariciones forzosas, persecución y detenciones arbitrarias
de opositores al régimen y hoy, las amenazas, amedrentamiento y prisión ilegal
de integrantes de organizaciones de la sociedad civil (ONGs) dedicadas a la
defensa y protección de los ciudadanos ante un Estado forajido. Estos hechos
ratifican la directa responsabilidad de altos funcionarios, grupos
paramilitares y personeros del gobierno de facto de Maduro y
sus acólitos en delitos de lesa humanidad.
También
han repercutido la inminente extradición hacia Estados Unidos del
barranquillero Alex Saab pese a las argucias jurídicas de la defensa para
alargar el proceso y la detención inesperada del “Pollo” Carvajal en España,
residente clandestino, no sabemos con qué dinero y fondos abundantes que le
permitieron mudarse cada tres meses y mantenerse cómodamente escondido durante
dos años, antes de ser apresado en Madrid, con ayuda de la DEA.
La
muerte del alto prelado de la Iglesia Católica, el Cardenal Monseñor Jorge
Urosa Savino, agrava la indefensión de la ciudadanía, que pierde un vocero de
excepcional calidad y compromiso apostólico.
¿Por
qué no hay adelantos significativos para desnudar el horror y las mafias que
sostienen a Maduro y su camarilla militar civil de corruptos y delincuentes?
¿Por qué parecen blindados y dominan las instituciones públicas o someten a los
sectores privados a su férula bajo coacción y miedo u oportunismo pragmático?
¿Buscan una vez más los oficialistas ganar tiempo para seguir aferrados al
poder? ¿Significa este empantanamiento una rendición de las fuerzas
democráticas?
¿Por
qué no se destaca explícitamente que los puntos de la agenda propuesta en el
Memorando de Entendimiento revelan el carácter transgresor y excluyente de un
gobierno de facto, que irrespeta todo lo establecido en la
Constitución al eliminar los derechos políticos de los ciudadanos, que ha
destruido el Estado de Derecho, que impone elecciones “amañadas” con trampas y
ventajismo y con la “ilusión de ganar” de los opositores, que ha hecho colapsar
servicios públicos e infraestructura, que ha instaurado una economía ilícita
como fuente de financiamiento vinculada al crimen organizado internacional y
que los ciudadanos en resistencia realmente somos las víctimas secuestradas de
un Estado forajido?
¿Se
puede negociar realmente con transgresores y criminales de lesa humanidad? ¿Qué
podemos esperar en términos prácticos de las actuales negociaciones? No
perdamos la esperanza.
Marta
de la Vega
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