Orlando Viera-Blanco 21 de septiembre de 2021
@ovierablanco
“Por
eso y por muchas cosas más, gracias a los Presidentes Lacalle, Abdo Benitez y
Lasso por hacerse eco de la voz de la gran mayoría de los venezolanos…”
Han
sido publicados sendos reportes de DDHH; uno de la Misión Internacional
Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de
Venezuela del 16 de septiembre de 2021, y otro de La Alta Comisionada de DDHH
de NNUU, de conformidad con la Resolución 45/2 del Consejo de DDHH en fecha el
13 de septiembre de 2021. Cabe destacar que en ambos informes registran dos
pronunciamientos muy graves: i.-En Venezuela la justicia es un instrumento de
represión y persecución política que funda acusaciones basadas en pruebas
ilegítimas como torturas ejecutadas por órganos de inteligencia del estado
venezolano, y ii.-La afectación de los Derechos Culturales, Económicos,
Sociales, Políticos y Humanos de los venezolanos tiene su origen en políticas
de control de estado, que han creado una situación de inmensa fragilidad y
pobreza más allá de los emplazamientos de la Alta Comisionada Bachelet, a
aliviar la carga de lo que denomina “medidas coercitivas unilaterales”.
El
mundo diplomático que se mueve dentro de una misma estructura de tutela y
observancia de los DDHH; los Derechos Civiles y políticos; la dignidad de las
personas, elevando a una sola voz su valoración de Venezuela, como sucede en
Myanmar, Yemen, Burundi, Afganistán o Siria. Denuncian que somos una nación
desplazada, sometida a graves crueldades humanas, atrapada en la anomia
institucional lo cual conduce a una inevitable conclusión: la irremisible
aplicación de la justicia penal internacional prevista en el Estatuto de Roma.
Jueves,
fiscales y órganos de inteligencia…
El
informe de la Misión Independiente/CDH, ha sido enfático en decir que “existen
motivos razonables para creer que debido a una presión política que fue
intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado,
a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de
DDHH y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra
opositores, supuestos o reales”. Esta aseveración sentencia la judicialización
de la política o lo que es lo mismo, la politización de la justicia.
Han
salido a la luz pública testimonios que afirman como “las sentencias venían
preparadas para su firma”, ordenando detenciones a capricho de líderes
políticos o ciudadanos que cuestionan al régimen. “En los últimos años,
funcionarios públicos, incluso algunos de alto nivel en Venezuela, han podido
cometer violaciones de DDHH y crímenes con impunidad […] Y como lo señalan los
protocolos de Minnesota y Estambul, los estados están constitucionalmente
obligados a investigar y castigar a todos los autores de violaciones de DDHH,
independientemente de su posición”. La investigación de la Misión encontró “que
el deber [de investigar y enjuiciar]se está incumpliendo en los casos que
involucran a opositores reales o percibidos por el gobierno como tales”. A partir
de esta aseveración, se activa la jurisdicción material, territorial y
facultativa de la Corte Penal Internacional.
Gracias
Ecuador, Paraguay y Uruguay
El
Estatuto de Roma [17 de julio de 1998], crea la Corte Penal Internacional con
carácter permanente y con la misión de juzgar a las personas responsables de
crímenes de genocidio, agresión, lesa humanidad y guerra. Tiene jurisdicción
sobre los casos de presunta tortura cometidos de modo sistemático, y otros como
persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, apartheid
político, tratos degradantes, abuso sexual, trata de personas. De estos
crímenes han sido señalados autoridades del estado venezolano, y Presidentes
como Luis Lacalle Pou de Uruguay, Mario Abdo Benítez de Paraguay y Guillermo
Lasso de Ecuador, así se lo hicieron saber y sentir a la representación de
Venezuela en la CELAC [México].
“No se
puede construir un futuro común si no hay democracia, elecciones transparentes;
si no se respetan la libertad de expresión y los DDHH” declaró Lasso. Luis
Lacalle les recordó una estrofa de la canción Patria y Vida al mandatario
cubano; “que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, quien les
dijo que Cuba es de ustedes si Cuba es de toda mi gente” y Abdo Benítez dijo,
“es de caballeros decirle que no reconocemos la autoridad de la representación
de Venezuela”.
Múltiples
tratados en materia de DDHH, Derechos Políticos y Civiles, Protección de los
Derechos de los Niños y las Mujeres; Tratados contra la Tortura, Tratos Crueles
y Degradantes; Deber de Investigar Violación de DDHH o crímenes contra la
humanidad, exigen al estado venezolano-signatario de estos convenios-
administrar justicia de forma competente, imparcial, genuina, eficaz y
minuciosa. Según los reportes de las altas instancias de las Naciones Unidas,
en Venezuela no existe estado de derecho siendo la justicia un ardid, por lo
que corresponde a la Corte Penal Internacional investigar, enjuiciar y castigar
a los responsables de esos crímenes. El derecho internacional obliga a los
Estados a investigar con prontitud e imparcialidad crímenes de lesa humanidad.
Ese ha sido el clamor de las víctimas en Venezuela; de millones de desplazados
forzosamente, de una población empobrecida llevada al extremo de la hambruna y
la emergencia humanitaria.
Por
eso y por muchas cosas más, gracias Presidentes Lacalle, Abdo Benitez y Lasso
por hacerse eco de la voz de la gran mayoría de los venezolanos. Por ese gesto
y por muchas cosas más, como venezolano, como diplomático y como luchador por los
DDHH de nuestro país, esperamos que haya justicia para que regrese la paz, la
estabilidad y la sana convivencia a nuestro país.
Orlando
Viera-Blanco
@ovierablanco
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