Revista Semana 14 de septiembre de 2021
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Poco a
poco se va cerrando el cerco judicial contra el empresario barranquillero Álex
Saab, considerado el testaferro del régimen de Nicolás Maduro, conocedor de los
negocios de este gobierno y quien, en los últimos años, era el encargado de
conseguir insumos y recursos por el mundo para Venezuela. En Colombia, Saab
también estaría en problemas, pues las autoridades lo acusan por los delitos de
lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y
exportaciones ficticias.
Justamente,
hoy en la ciudad de Barranquilla se llevará a cabo la audiencia preparatoria de
pruebas en la que el juez deberá decidir y evaluar las pruebas que presente la
Fiscalía para continuar con el proceso, escuchar los argumentos de la defensa y
evaluar también las pruebas que presenten los abogados de Saab.
El
juez especializado de Barranquilla analizará pruebas testimoniales,
documentales y periciales como antesala para el juicio, que está programado
para iniciar en octubre, si no se presentan aplazamientos.
La
Fiscalía presentará todo su arsenal jurídico contra Saab, a quien hace
aproximadamente un año le incautaron bienes con objeto de extinción de dominio
por un monto cercano a los 35 mil millones de pesos, entre los que se destacaba
una mansión de 28 mil millones.
Y es
que la extradición de Saab, desde la pequeña república africana de Cabo Verde,
no solo tiene temblando al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. En Colombia
las autoridades también adelantan investigaciones para determinar cómo operaba
en el país el poder, los millonarios negocios y el complejo esquema de lavado
de activos sobre el cual, el considerado ministro de Finanzas a la sombra del
régimen venezolano montó una red global.
Hace
casi un año, la Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra el
Lavado de Activos, formalizó el 4 de septiembre la acusación en contra de Saab
y Devis José Mendoza Lapeira, contador de una de sus empresas. Así se inició la
fase de descubrimiento de material probatorio.
SEMANA
pudo determinar que la Fiscalía tiene pruebas de cómo el cuestionado
empresario, en calidad de representante legal, miembro de junta directiva y
accionista de Shatex S. A., habría utilizado esta empresa para evadir
responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un
esquema irregular de exportaciones e importaciones.
La
acusación plantea que este andamiaje criminal fue auspiciado por Mendoza
Lapeira, quien, supuestamente, usó su oficio de contador para ocultar,
transformar y administrar las actividades ilegales. La investigación sobre
Shatex, según la información recolectada por las autoridades judiciales, sería
apenas el primer eslabón de la cadena de empresas que Saab habría fundado en
Colombia para legalizar sus millonarias transacciones.
En la
estructura ilegal que creó en el país estarían vinculados varios familiares de
Saab. El proceso comenzó a raíz de un anónimo que le entregaron al expresidente
Álvaro Uribe en 2013. El exmandatario se lo encomendó a uno de los miembros de
su esquema de seguridad, quien lo trasladó a la Dijín. Luego, la Fiscalía, con
el apoyo de la Policía Judicial, inició las investigaciones.
Entre
los hallazgos reposa un informe de la Unidad de Investigación y Análisis
Financiero (UIAF) en el que se registra el supuesto pago de dos tiquetes aéreos
desde una de las empresas de Saab para la exsenadora Piedad Córdoba y un
acompañante. Además, las autoridades llevan a cabo un estudio patrimonial
preliminar del “núcleo familiar extendido” de la excongresista, entre los que
se encuentran 21 personas, incluida ella.
Córdoba
ha aceptado que conoce a Álex Saab, pero ha negado cualquier tipo de relación
en términos económicos con él.
Saab
Morán fue capturado el 12 de junio en Cabo Verde, donde hizo una parada técnica
en un viaje que lo llevaría a Irán, país en el que, según se ha documentado,
cambiaba lingotes de oro por combustible. La misión fracasó al hacerse efectiva
la alerta roja de la Interpol.
El
empresario y el régimen de Maduro han desplegado todo su arsenal jurídico y
diplomático a tal punto que fue declarado “agente del Gobierno bolivariano” y
reclaman inmunidad buscando evitar a toda costa el envío de Saab a Estados
Unidos. Por ahora solo han logrado dilatar el que sería el último viaje del
barranquillero, en busca de lograr que le sean otorgadas medidas cautelares por
parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Mientras llega a
Florida, tiemblan en Colombia y también en Venezuela.
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