AFP 17 de septiembre de 2021
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Los
jueces y fiscales de Venezuela han tenido un papel muy importante en
graves violaciones de derechos humanos contra opositores al gobierno de Nicolás
Maduro, según un informe de una misión de la ONU difundido este jueves que
describe una profunda erosión de la independencia judicial en el país.
En su
segundo informe, la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de
los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela detalla «cómo
las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de
graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en
el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la
oposición al gobierno desde 2014″.
«En
medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia
del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en
peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos
individuales», dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.
La
misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para
investigar sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos contra
opositores de las cuales se acusa al gobierno de Maduro.
«Según
nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón
de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las
y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel
importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por
diversos actores del Estado en Venezuela», dijo Valiñas en el comunicado.
La
Misión indicó que realizó «177 entrevistas, muchas de ellas con actores del
sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y
abogadas y abogados defensores venezolanos».
Además
efectuó un «extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y
otros documentos oficiales», y de «183 detenciones de opositoras y opositores
reales o percibidos del gobierno» entre 2014 y agosto de 2021, y documentó «las
irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal».
«Impacto
devastador»
Los
jueces y las juezas «ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria
y no excepcional», «mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en
pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la
persona», y «dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales
emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo».
De su
lado, los fiscales «presentaron evidencia contaminada por la tortura, la que a
su vez fue admitida por jueces y juezas como prueba»
«En algunos
de los casos examinados, los jueces y las juezas tampoco protegieron a las
víctimas de la tortura al ordenar que regresaran a los lugares de detención
donde supuestamente se había producido la tortura».
Las
largas demoras procesales negaron a las personas acusadas la oportunidad de
impugnar las pruebas en su contra dentro de un plazo razonable.
«Las
múltiples irregularidades en los casos que hemos analizado, tomadas en
conjunto, han tenido un impacto devastador en las vidas —incluso en la salud
física y mental— de las víctimas y sus familias», afirmó Marta Valiñas.
Impunidad
Entre
los casos que la misión revisó se encuentran los que documentó en 2020 que
«involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos a
desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia
sexual, y ejecuciones extrajudiciales».
«No se
encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido
investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que haya
investigado desde entonces», afirma el comunicado.
En ese
sentido, el informe destaca el caso del opositor Fernando Albán, «que murió
tras haber caído al vacío desde el décimo piso mientras estaba detenido en la
sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en 2015».
También
menciona el de Rafael Acosta Arévalo, un oficial militar que «se desmayó y
murió en una sala de audiencias de Caracas con signos evidentes de haber sido
torturado en 2018», y Juan Pablo Pernalete, un estudiante que «murió después de
que una granada de gas lacrimógeno golpeara su pecho a corta distancia durante
una manifestación en Caracas en 2017».
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