María de los Ángeles Graterol 22 de septiembre de 2021
@GraterolLos
Unicef México aseguró haber
identificado casos de separación familiar y de uso desproporcionado de la
fuerza por parte de cuerpos de seguridad contra familias con niños pequeños
durante las movilizaciones de migrantes de países de América Central y
Venezuela. Pidió al gobierno de Manuel López Obrado velar por los derechos de
los niños, niñas y adolescentes de familias refugiadas
Durante
los últimos dos meses, las caravanas de migrantes centroamericanos —que se
vieron por primera vez en el año 2018— han vuelto a surgir en Chiapas, un
estado mexicano fronterizo con Guatemala, pero ahora con un elemento
diferenciador: venezolanos en sus filas.
La
migración venezolana — al igual que la guatemalteca, la haitiana y la
salvadoreña— ha convertido a México en su país de tránsito, pues
su destino sigue siendo Estados Unidos, que entre enero y mayo de 2021 registró
un flujo migratorio histórico de connacionales, tras el ingreso ilegal de
17.306 de ellos, solo en ese período.
En
todo el año fiscal 2020, según la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU (CPB por sus siglas en
inglés), encontraron a 4.520 venezolanos en las fronteras
estadounidenses, un número que se multiplicó más de ocho veces en lo que va de
año fiscal 2021 (octubre-septiembre), llegando a los 39.555 de
connacionales.
Esas
cifras de venezolanos forman parte de una estadística general de inmigrantes,
llevada por la CPB, que en julio registró la detención de un total de 233.884
extranjeros de varias nacionalidades —el mayor número reportado en los últimos
14 años— que intentaba ingresar irregularmente a la nación norteamericana por
la frontera mexicana. Ello, entre otras cosas, empujó al Tribunal Supremo de
Estados Unidos a dar la orden de «cumplimiento e implementación» del Protocolo
de Protección a Migrantes, conocido como «Quédate en México», —aplicado
durante la administración de Donald Trump y abolido en la de Joe Biden—, que
obliga a los solicitantes de asilo a esperar su cita ante la justicia americana
en territorio mexicano.
El 27
de agosto el secretario de Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, informó
sobre un despliegue de más de 14.000 militares y de funcionarios de la Guardia
Nacional de ese país, para «detener toda la migración» y ayudar a Washington a
reactivar el programa.
Más de
70 organizaciones de la sociedad civil advirtieron al gobierno de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) que no hay forma de implementar esa política «de una
manera que se respeten los derechos humanos y el debido proceso, y tiene la
responsabilidad de bloquearlos [los protocolos migratorios]”. Mientras estuvo
en vigencia esta medida migratoria se impulsó la creación de campamentos para
migrantes en ciudades fronterizas mexicanas, en donde se reportaron más de
1.500 casos de violación, secuestro, tortura y otros delitos contra las
personas sujetas al programa, según reseñó la Oficina
en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Separación
de familias
Justo
un día después del pronunciamiento de Sandoval salió la primera de las
cuatro caravanas de migrantes que se han registrado entre finales de agosto y
el 5 de septiembre, en las que se han suscitado hechos de violencia de parte de
efectivos policiales en contra de los caminantes que salen desde Tapachulas, en
Chiapas, para llegar a los pasos fronterizos norte de la nación azteca.
En la
última caravana que ha salido en lo que va de mes, la venezolana Alejandra
Gutiérrez contó a El
Universal de México que durante un operativo realizado por el
Instituto Nacional de Migración (INM) para dispersar la multitud de migrantes, perdió
a uno de sus cuatro hijos pequeños, en medio de forcejeos con autoridades
migratorias que pedían se entregaran.
«Una
agente migratoria tiró al piso a mi hija de 13 años que llevaba al niño más
chico, de un año. Yo tenía a mis dos niñas agarradas, la de cinco y la de tres
años, y a mí me agarraron por una mano y me hicieron que la soltara. Les
gritaba que me dejaran agarrar a mi niña y no me dejaron (…) No era necesaria
la violencia, nosotros no íbamos a correr y no íbamos a hacer nada porque
estábamos con niños», explicó.
La
familia entera se entregó para volver a Tapachula y buscar a la niña de tres
años. Tres días después la encontraron; estaba bajo resguardo de otro
venezolano que logró ayudarla a contactar a sus familiares en Venezuela.
El
representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México,
Fernando Carrera, aseguró que el organismo está monitoreando las condiciones de
migrantes y refugiados en Tapachula y que han identificado casos
separación familiar y de uso desproporcionado de fuerza por parte de cuerpos de
seguridad contra familias con niños pequeños, además de robo y
destrucción de documentos de identidad que avalaban la estancia legal de estos
desplazados en México.
Parte
de esos funcionarios han sido suspendidos de sus labores de acuerdo con la
agencia ONU, que reconoció esa acción por parte del INM y le hizo un llamado a
continuar con las investigaciones correspondientes.
«La
detención y la separación familiar no solo son experiencias profundamente
traumáticas para un niño sino que pueden aumentar también su riesgo a verse
explotado, abusado y afectado por niveles de estrés con consecuencias
devastadoras a corto, mediano y largo plazo. Independientemente de dónde se
encuentren y hacia dónde se dirijan, estamos hablando de seres humanos que son,
ante todo, niños. Unicef está aquí para apoyar los esfuerzos de los distintos
órdenes gubernamentales del país por garantizar el cumplimiento de los derechos
de todos y cada uno de estos niños, niñas y adolescentes», reseñó el organismo
en un comunicado.
Ni
México ni EE.UU los protegen
La
Agencia de Naciones Unidas para Refugiados publicó en febrero de 2021 el
informe «Desplazamiento
forzado hacia México desde Centroamérica 2014-2019″, en el que incluye
un apartado sobre el caso reciente de la migración venezolana en ese
lado del hemisferio. Advertía ya sobre la incidencia de actos de corrupción por
parte del INM para regularizar la estancia de algunos venezolanos en ese país,
«que se complementa con el reporte del Migration Policy Institute que reporta
deportación forzada y extorsiones por parte de los agentes migratorios».
En el
documento ya se denunciaba el rechazo a ciudadanos venezolanos en
los aeropuertos mexicanos, incluso sin la opción de que ejerzan su derecho
a solicitar asilo.
Recientemente,
el Consejo
Interamericano de Derechos Humanos (Coindeh) del estado Quintana Roo
reprochó el maltrato contra extranjeros que han sido detenidos y retenidos
ilegalmente hasta por tres meses en celdas de la Estación Migratoria de
Cancún. Especificó que han recibido quejas de abogados, defensores de derechos
humanos y familiares que aseguran hay una saña particular contra
migrantes de Centroamérica y de países como Venezuela, Brasil y Colombia.
El
hecho más reciente data de este 14 de septiembre, cuando 22 migrantes
—entre ellos venezolanos, cubanos y haitianos— y 16 mexicanos fueron
secuestrados por un presunto grupo armado en un motel de San Luis Potosí, al
centro de México. Horas más tardes los liberaron y los dejaron en una zona
despoblada del municipio Matehuala, que conecta con el estado Nuevo León.
La
Fiscalía General de Potosí informó a EFE que establecería contactos con los
parientes de los afectados, para evitar que sean víctimas de extorsiones.
También chequeará sus estatus migratorios con las instituciones locales
pertinentes, pues solo conocen sus nacionalidades.
A
inicios de 2021, Human Rights Watch (HRW) señaló que decenas de familias
venezolanas que buscaban protección frente a la extorsión y violencia en
México, durante el proceso de petición de asilo, fueron abandonadas tanto por
el gobierno estadounidense —en ese entonces a cargo de Trump— y el mexicano.
José
Miguel Vivanco, director de la organización para las Américas, dijo que entre
septiembre y diciembre de 2020 entrevistaron a 71 venezolanos que
habían cruzado para pedir asilo en Estados Unidos y que fueron enviados al país
vecino mientras procesaban sus solicitudes, debido a que seguía en
curso la política «Quédate en México».
Visitaron
albergues fronterizos, tuvieron acceso a documentos legales y observaron
audiencias judiciales. La conclusión en todos los casos fue la misma: «Los
migrantes en México están expuestos a violaciones sexuales, secuestros,
extorsión, agresiones y trauma psicológico».
Para
marzo de este año, casi 1.600 venezolanos aún tienen casos activos de
asilo que están siendo procesados por la justicia norteamericana. Pero
ellos representan apenas una pequeña proporción en medio de los más 26.000
migrantes de otras nacionalidades que se mantienen con procesos en curso.
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