Por Fernando Pereira
3.738 muertes
violentas de niños y adolescentes ocurridas entre 2017 y 2019 reporta el más
reciente informe Somos Noticia de Cecodap, presentado en
alianza con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y la Red por los
Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna). De esta cifra de
fallecidos, 917 (24,5%) eran niños y niñas y 2.821 (75,4%) eran adolescentes.
Se detalla que 88% de esas muertes corresponden al sexo masculino.
“Pero
todas estas estadísticas, pese a ser impresionantes, no describen la realidad
de la situación. La mayor parte de la violencia contra niños, niñas y
adolescentes es totalmente invisible, simplemente no existe en estadísticas
nacionales o internacionales. La historia de la violencia contra los niños
es una historia del silencio” señalaba Paulo Sergio Pinheiro, cuando
presentó el Estudio Mundial de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes
en la ONU (2006).
La
violencia es un fenómeno multidimensional. Desde la década de los 90 Cecodap se ha esforzado en
registrar las diferentes manifestaciones de este fenómeno y cómo afectan a la
niñez y adolescencia. Constatando con impotencia cómo fueron progresando
indeteniblemente. En 1990, 288 homicidios contra niños y adolescentes lucía
(como en efecto lo era) una cifra preocupante, según datos de la División de
Estadísticas de la entonces PTJ. Ya para el 2004, 11,4% de las víctimas de
homicidios – según registros del CICPC- eran personas con edades iguales o
inferiores a los 17 años.
Las
muertes violentas se normalizaron y se asumieron como parte de nuestra
realidad. Existen algunos patrones que se repiten en estas muertes, como, por
ejemplo: la mayoría de ellas se producen en las zonas populares; son
protagonizadas -tanto en el papel de víctima como de victimario- por jóvenes de
sexo masculino entre 12 y 18 años; son causadas por armas de fuego y se
producen en el marco de robos, atracos, riñas, balaceras entre bandas o con la
policía.
En el
caso venezolano específicamente, uno de los obstáculos más relevantes que se
observa para el tratamiento de la violencia contra los niños, niñas y
adolescentes es su invisibilización y en ciertos casos normalización,
contribuyendo -en algunas oportunidades de manera más advertida que otras- a la
consolidación de dinámicas sociales cotidianas y formas de relacionamiento
hacia los niños, niñas y jóvenes, signadas por la violencia.
Y
debemos coincidir con Gloria Perdomo, investigadora y coordinadora del informe,
«Son muertes que pudieron haberse evitado. Además nos llama la atención
que tenemos un número alarmante de muertes a manos de cuerpos policiales».
«Entre los años 2017 a 2020 por Resistencia a la Autoridad fueron asesinados 545 NNA, de los cuales 26 tenían menos de 12 años. Este tipo de casos han sido usualmente informados como muertes que ocurrieron porque hubo “resistencia” o “enfrentamiento” y los funcionarios debieron defenderse. Si ese es el caso, se hace evidente una notoria incapacidad o falta de formación profesional y especializada de los funcionarios perpetradores, que se manifiesta en una actuación policial desproporcionada, lesiva y claramente violatoria de DDHH» expone el documento.
¿Cuáles son las consecuencias?
“La
violencia alimenta la violencia. En épocas posteriores de sus vidas, los
niños y niñas que han sido víctimas de la violencia tienen más posibilidades de
ser ellos mismos víctimas o autores de actos violentos. La violencia perpetúa
la pobreza, el analfabetismo y la mortalidad temprana. Las cicatrices físicas,
emocionales y psicológicas de la violencia roban al niño o la niña de la
posibilidad de alcanzar su pleno potencial” añade el estudio de Pinheiro.
Recomendaciones
Desde
2006, la ONU dio pautas sobre lo que se debe hacer, entre lo que destaca:
- Se ameritan programas de
carácter preventivo que disminuyan las posibilidades de que los niños y
adolescentes estén sometidos a situaciones de riesgo que los vincule al
consumo de drogas y alcohol, posesión de armas y participación en hechos
delictivos.
- Asistir a las familias para
evitar el abandono del hogar y la situación en calle en la cual viven
muchos niños y niñas. Igualmente se debe garantizar la formación de las
autoridades policiales para evitar el maltrato y la violencia en contra la
niñez en situación de calle, para evitar la penalización de su condición y
de las prácticas que la misma implica (pedir limosna, comer de la basura,
dormir en la calle).
- Los Estados parte deben
garantizar programas con estas características y, además, espacios
públicos seguros que permitan la sana y segura recreación de los niños y
adolescentes.
- En las zonas excluidas ocurre
un significativo porcentaje de estos hechos tales como los enfrentamientos
entre bandas por el control delictivo de la zona, en los cuales se ven
involucrados de manera involuntaria, niños y adolescentes.
- La criminalización de la
pobreza también constituye un factor que contribuye a incrementar los
hechos de violencia sobre población excluida, pues estos sectores son
objeto en mayor grado de operativos de las fuerzas de seguridad.
Está
claro hacia dónde se deberían orientar las acciones. Sin embargo, la
historia del silencio sigue prevaleciendo.
23-09-21
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