¿Venezuela se puede recuperar? II, por Humberto García Larralde

Humberto García Larralde 29 de septiembre de 2021

Enfatizábamos, en un escrito anterior, la importancia de las instituciones para la recuperación de Venezuela. Sin un marco institucional apropiado no ocurrirá, salvo que el concepto de “recuperación” lo estiremos para designar solo la disponibilidad de bienes importados para quienes tienen cómo pagarlos en dólares o la opulencia ostentada por las mafias del poder que desangran al país. Pero para la gran mayoría de los venezolanos, tal situación está muy lejos de la vida digna a que aspiran y merecen.

Solo con una significativa inyección de recursos externos podrá Venezuela aprovechar a cabalidad sus potencialidades. Éstos son cruciales para reemplazar el financiamiento monetario del déficit público, y para costear las reformas sustanciales que capaciten al actual Estado (fallido) para gestionar políticas y administrar eficazmente los bienes públicos. Por la magnitud requerida, estos recursos solo pueden provenir de los organismos multilaterales, que los condicionarán a que sean utilizados para superar las distorsiones que tanto han dañado a la economía, como para proyectos específicos. Eventualmente deberá reembolsarse lo prestado, salvo la ayuda humanitaria acordada a fondo perdido. Esto último estará muy lejos de cubrir los requerimientos de Venezuela, más cuando se compite por fondos con la gran mayoría de los países del globo, los más pobres, castigados con los estragos de la pandemia.

Central a que nos sean aprobados estos recursos es la instrumentación de políticas que restituyan los equilibrios macroeconómicos y abaten la inflación. Sin esto, difícilmente habrá reactivación económica. Implican sanear las cuentas fiscales vendiendo activos que son, hoy, un desaguadero de las cuentas públicas, eliminar la corrupción, mejorar la recaudación impositiva y asegurar el equilibrio inter-temporal de su gestión. Lo anterior se asocia a un marco institucional regido por la autonomía y equilibrio de poderes, conforme a la constitución, base para el control y la supervisión presupuestaria por parte de la Asamblea Nacional y del país en general. Exige la transparencia de gestión y la rendición de cuentas. Requiere de la independencia del poder judicial para dirimir controversias entre el Estado y privados, así como entre dependencias públicas, según lo pautado en el ordenamiento jurídico. Asimismo, supone la autonomía del Banco Central para conducir políticas monetarias que redunden en la estabilidad de precios y el equilibrio en las cuentas externas, en el caso que se pretenda conservar la moneda nacional.

El régimen chavo-madurista se constituyó con base en una dinámica diametralmente opuesta. Descansa en la centralización del poder y la sustitución de las garantías constitucionales y de los mecanismos de mercado, por decisiones discrecionales arbitrarias basadas en intereses grupales o pecuniarios. Las instituciones del Estado republicano democrático fueron destruidas para erigir un Estado patrimonialista, en el cual los recursos públicos son administrados como si fueran patrimonio de quienes controlan el poder. Se retrotrajo la sociedad a reglas de juego (instituciones) primitivas, basadas en el control, excluyente y por la fuerza, de las condiciones necesarias para la vida de los venezolanos. En este arreglo tienen supremacía los militares que traicionaron sus juramentos de defender la nación en aras de participar ventajosamente en las corruptelas que afloraron con la demolición del Estado de Derecho.

Se instituyó, así, un régimen de expoliación, amparado en una retórica “revolucionaria” que “justifica” la parasitación de las actividades productivas y comerciales de la nación por quienes se han impuesto en el poder. Venezuela se convirtió en territorio ocupado de una camarilla militar y civil, cada vez más envilecida y reprochada interna y externamente, pero que se sostiene gracias a las alianzas tejidas con cómplices diversos para desvalijar al país. Al igual que cuando las monarquías depredadoras de los siglos XVI y XVII, Maduro les enviste de “patentes de corso” para asegurar su connivencia y lealtad. Cimentó, así, un tinglado de complicidades entre mafiosos para sostenerse en el poder.

Ahora, ante la eliminación y despenalización del régimen cambiario, la liberación de facto de precios y de transar en dólares, y la anunciada exoneración de impuestos a los emprendedores, algunos creen que comienza un proceso de reactivación. Pero éstas son iniciativas aisladas a las que Maduro se ha visto obligado a acudir en un intento de paliar la desolación que él mismo causó. Sin servicios públicos satisfactorios, seguridad jurídica y personal, financiamiento, estabilidad de precios, inserción provechosa en la economía mundial y libertades civiles y garantías ciudadanas, tienen muy corto aliento, más con los controles asfixiantes que incentivan la extorsión a comerciantes y productores. No modifican la naturaleza del régimen de expoliación instaurado. Se evidencia claramente en la desesperación del chavo-madurismo por la detención de Alec Saab (en Cabo Verde) y Hugo Carvajal (en Madrid), y su pronta extradición a los EE.UU. Son engranajes estratégicos del sistema mafioso-expoliador que se ha entronizado en el poder. Al primero se le acusa de ser testaferro de Maduro en una serie de negocios marcados por sobreprecios y lavado de dineros mal habidos, y el segundo ocupó posiciones claves para facilitar el tráfico de drogas de las FARC, entre otras cosas. Por demás, el régimen mantiene centenares de presos políticos, continúa ofendiendo a los venezolanos con sus mentiras para lavarse sus culpas y sigue arremetiendo contra las libertades ciudadanas, en un marco de total opacidad de su gestión. Ahora parece andar buscando excusas para sabotear el proceso de negociación iniciado en México para evitar compromisos que atenten contra estos arreglos. Como buenos fascistas, les echarán la culpa a otros.

La recuperación de Venezuela demanda un cambio político profundo. Pero al producirse éste –desafío central de las fuerzas democráticas, que es tema de otras reflexiones–, no debe limitarse a instaurar un programa de estabilización y reformas como lo mencionado al comienzo. El nivel de destrucción ha sido excesivo. De una manera u otra, es menester desatar, dentro del marco de ese programa, lo que Aquiles Nazoa denominó “los poderes creativos del pueblo” para engendrar una respuesta excepcional por parte de los venezolanos que recupere, cuanto antes, sus posibilidades de vida digna. No es éste el espacio para profundizar en los mecanismos institucionales para ello, pero merecen atención las siguientes interrogantes, entre otras. ¿Cómo concertar esfuerzos entre empresarios, autoridades y fondos a fin de superar velozmente los cuellos de botella que impiden aprovechar la enorme capacidad ociosa del aparato productivo? ¿Cuáles instituciones son cruciales para fomentar el emprendimiento entre los venezolanos, con qué recursos debemos contar para ello? ¿Qué mecanismos serán los más idóneos para aprovechar, a nivel local, sectorial o nacional, el caudal de talentos existentes en el país o dispersos en la diáspora, muchos de los cuales quizás no regresen? ¿Cómo atacar eficazmente la terrible inseguridad causada por la corrupción de las fuerzas de seguridad y la proliferación de bandas criminales, tomando en cuenta la situación de anomia producida? ¿Cuáles son los elementos críticos de la gestión pública a corregir para que pueda contribuir con estos procesos de cambio? ¿Cuál es el marco más propicio para promover la activa participación de la ciudadanía en la solución de problemas locales o nacionales? ¿Qué papel deben jugar los medios de comunicación en todo esto?

Indudablemente, son muchas más las preguntas que deben plantearse. Cabe recordar que la respuesta efectiva ante ellas requerirá de un fuerte apoyo financiero internacional y del desmantelamiento rápido del marco punitivo que asfixia la iniciativa privada e intimida el ejercicio de la ciudadanía, en el marco de un programa de estabilización y reformas iniciales básicas. Asegurar la confianza que se desprende de un marco institucional que defiende celosamente los derechos humanos y económicos, y que derrote la inflación, será crucial. Más allá, se pone a prueba las virtudes políticas del liderazgo democrático, el “timing” y la secuencia de medidas, sus complementariedades y el apoyo ciudadano. Y quedan las preguntas claves: ¿Cómo producir el imprescindible cambio político?, ¿Qué hacer con los militares?

Esperemos que el liderazgo democrático y el pueblo venezolano estén a la altura de tan formidables desafíos.

Humberto García Larralde