Francisco Mercado 30 de septiembre de 2021
@Fco_Mercado
El escándalo por el contrato de 8,8 millones de euros suscrito por el bufete de Baltasar Garzón con la petrolera estatal venezolana, PDVSA, ya ha llegado a la Audiencia Nacional. La defensa del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, ha presentado ante el juez, según fuentes jurídicas, el polémico documento, destapado en exclusiva por THE OBJECTIVE el pasado martes y que pone de manifiesto que Ilocad —despacho del que es administrador único el exjuez— fue contratado para la «coordinación con la Fiscalía y tribunales en España».
De esta forma, Carvajal pretende reiterar su disposición a colaborar con la Justicia para evitar su extradición a Estados Unidos. El exjefe de la inteligencia venezolana, detenido en Madrid a comienzos de septiembre, podría disponer de información sensible sobre esa polémica «coordinación» entre el bufete de Garzón y la Fiscalía General del Estado, que está comandada por su actual pareja, Dolores Delgado.
Esta
no es la primera vez que Carvajal muestra su voluntad de cooperación. Ya hace
unos días ofreció al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón su
intención de colaborar para esclarecer supuestos negocios hispanovenezolanos
relacionados con ETA o Podemos.
El
documento publicado por THE OBJECTIVE y entregado al juez por Carvajal contiene
varios elementos que permiten su fácil comprobación judicial fuera de España.
Lo rubrican Silvestre Molero, entonces comisario principal de
petróleos de PDVSA, y Eulogio del Pino, entonces presidente de
PDVSA. Molero sigue en su puesto y Del Pino se halla a disposición de la
Justicia venezolana y pendiente de juicio precisamente por corrupción en su
gestión al frente de la petrolera.
La
documentación oficial, además, cita un número identificador de
esta contratación de 8,8 millones de euros (COM-2016-0064) y está fechada el 15
de noviembre de 2016. El punto de cuenta, que es como se denomina tal orden de
contratación, figura en un escrito oficial que suma los membretes de Gobierno
Bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular de Petróleo y PDVSA.
El
objeto de la adjudicación es claro: «Contratación de los servicios de la firma
de abogados Ilocad SL, para interposición de acción legal, tanto civil como
penal en España, asociada a los procesos de procura internacional de Bariven»,
filial de PDVSA.
Lo que
queda menos claro de la orden de contratación es una de sus cláusulas,
«negociada» con Ilocad y valorada por sí sola en 1,9 millones: «Coordinación
con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances
del proceso judicial». THE OBJECTIVE ha preguntado a Ilocad qué significa
coordinarse con jueces y fiscales, pero no ha obtenido ninguna respuesta.
Tampoco
consta en el escrito oficial que hubiera licitación entre bufetes competidores
para obtener tal contratazo de PDVSA. Pero sí se citan dos razones de peso para
contratar a Ilocad: que lo recomendaba un bufete norteamericano, Squire
Patton Boggs, cliente de PDVSA y defensor de un narcosobrino de
Nicolás Maduro, y el hecho de que el despacho de Garzón «mantenía y mantiene
con el gobierno bolivariano relaciones contractuales, todas ellas con
resultados positivos a la fecha».
El
escrito apunta un tercer testimonio al alcance de la justicia española. El
de Alfredo Anzola, letrado de Squire Patton Boggs e interviniente
en la defensa del narcosobrino Efraín Campos Flores, y
que señaló el despacho del «prestigioso abogado Baltasar Garzón» como el idóneo
en España para asumir el pleito de PDVSA contra contratistas corruptos de
Bariven.
En el
lado español, el juez, si lo estima oportuno, tiene a su alcance interrogar al
propio Garzón, administrador único de dicho bufete sobre el contenido de esta
contratación que tiene sobre la mesa. Y, por supuesto, puede solicitar, como
suele ocurrir en casos parecidos de contrataciones bajo la lupa judicial, la
entrega del contrato, de las ofertas, los pagos y sus declaraciones fiscales.
En un
proceso de esta envergadura los jueces suelen pedir el parecer de la Fiscalía.
Y aquí se produciría el primer chispazo de una cadena que puede afectar a otros
casos: se tiene que pronunciar un organismo que tiene como máxima responsable
a Dolores Delgado, pareja del administrador único de Ilocad.
Que el
juez aprecie irregularidad o no en dicha contratación millonaria del despacho
de Garzón no impide que en otros procesos donde intervengan abogados de Ilocad
y que afecten a intereses estatales venezolanos no puedan pedirse inhibiciones
de la fiscal general del Estado para evitar, al menos formalmente, que
intervenga en los casos por su supuesta contaminación personal. Y eso supondrá
que la contratación de Ilocad que está ya en sede judicial deba ser nuevamente
estudiada en otros tribunales.
Tomado
de: https://theobjective.com/
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