La mala conciencia, por Humberto García Larralde

Humberto García Larralde 01 de noviembre de 2021

Se percola de la forma en que incursionó recientemente Nicolás Maduro en la Ciudad Universitaria. Fue de noche, sin conocimiento del equipo rectoral, protegido por sus escoltas y acompañado de algunos acólitos. Escogió el momento en que no encontraría a nadie; no podía ser de otra manera. Así podía esquivar el repudio de la comunidad universitaria y escenificar, a solas con los suyos, su cínica oferta de “recuperar” a la UCV. Y como no sabe hablar sin insultar ni ofender a quienes no comulgan con su atraso, les echó la culpa a las autoridades de su lamentable deterioro, tildándola de “chatarra” y comparándola con el Retén de Catia. Para mayor afrenta, nombró “protectora de la UCV” (¡!) a quien venía de fracaso en fracaso en su gobierno, Jacqueline Farías. Incómodamente sentado en un pupitre, quiso hacernos entender que el salón recién pintado en que se encontraba era un comienzo. Porque, en su imaginario, lo que importa de una universidad son sus edificaciones. Pero como suelen albergar seres hostiles a la “revolución”, enemigos que la critican, incurrió en el lapsus mentis carcelario: ahí es, donde merecen estar. Semanas antes había tanteado el terreno su vicepresidente, Delcy Rodríguez, también a la sombra, violentando las puertas para entrar, a la fuerza, a una Aula Magna vacía.

Las universidades han sido instituciones señeras en la modernización. Para ello, ha sido crucial disponer de los grados de autonomía requeridos para cobijar el debate de ideas que nutrían el pensamiento científico y humanístico de los condicionamientos o imposiciones de los poderosos. Como era de esperar, no siempre fue respetada. Ámbitos donde era lícito cuestionar dogmas y supersticiones prevalecientes no eran del agrado de quienes se sentían favorecidos por el orden existente. El avance del conocimiento académico adquiría muchas veces, potencialidad subversiva. Como señalara Schumpeter con relación a la innovación, desataba procesos de “destrucción creativa”.

En el pasado, los que reivindicaban su condición de “izquierda” en Venezuela, no podían sino asumir la defensa de la autonomía universitaria, aunque a veces fuese, no por motivación académica, sino para poner a resguardo, fuera del alcance de los órganos represivos, a quienes se habían alzado en armas contra el gobierno democrático. Por eso Chávez, al asumir tal identificación cuando comenzó su gobierno, incrementó en 2001 la asignación presupuestaria a las universidades, mejorando también la remuneración de profesores y empleados. Previamente, la Asamblea Constituyente que había sido convocada para “refundar la patria”, dominada por sus partidarios, había dado rango constitucional a la autonomía universitaria (artículo 109).

Pero esta luna de miel con la libertad de pensamiento fue de muy corta duración. Para quien se proyectaba como segundo Libertador, redentor de los venezolanos traicionados por una oligarquía que obedecía al “imperio”, el ejercicio autónomo de la opinión crítica, propio de las universidades nacionales, era un golpe indigerible por su inmenso ego. La libertad de cátedra le ofendía. Ese mismo año fue tomado violentamente el salón de sesiones del Consejo Universitario de la UCV por huestes fanáticas que clamaban sustituir sus autoridades legítimas a través de una especie de asamblea constituyente. Detrás de este atropello estaba su vicepresidente de entonces, Adina Bastidas. Aunque la comunidad universitaria, indignada, se movilizó para desalojar a los facinerosos del espacio usurpado –y, lamentablemente, arrasado–, el incidente marcaría, junto con la asfixia presupuestaria y la degradación de la normativa relevante, la relación del chavismo con el mundo universitario.

Siguieron, en los años subsiguientes, numerosas acciones vandálicas por parte de bandas armadas chavistas contra las instalaciones de la UCV, destrozando laboratorios y equipos, y quemando aulas e incluso bibliotecas. Agredían a autoridades, profesores y estudiantes, a veces provocándoles graves lesiones. Tal arremetida fue sufrida, igualmente, por otras universidades autónomas, siendo las distintas sedes de la Universidad de Oriente quizás las más devastadas.

A la par, quienes ocupaban el cargo de ministro de Educación, posteriormente, de Educación Superior y luego, de Educación Universitaria fueron minando progresivamente las potestades administrativas que el régimen autonómico confería a las universidades, sometiéndolas a directrices que bastardeaban la meritocracia y confinaban su quehacer académico. En la Asamblea Nacional, chavistas que antes se daban golpes de pecho por la autonomía, aprobaron una Ley Orgánica de Educación (LOE) cuyo artículo 34 impedía la renovación electoral de las autoridades por la propia comunidad académica.

Pero el arma que a la larga resultó más nociva en esta guerra que el atraso chavista desató contra el conocimiento, fue la asfixia presupuestaria. Para el último año del gobierno de Chávez y a pesar de la bonanza de ingresos petroleros, el presupuesto de la UCV se había reducido, en términos reales, a casi la tercera parte del de 2001. Igual el sueldo profesoral, con el agravante de haberse obliterado los incentivos para el ascenso, al reducirse el diferencial de sueldo entre el mayor escalafón –Profesor Titular, producto de cinco trabajos de ascenso y un mínimo de 15 años de servicio– y el de quien ingresaba por primera vez como Instructor. Fueron desapareciendo, asimismo, las suscripciones a revistas científicas especializadas, la asistencia a congresos o simposios internacionales, sin hablar del deterioro y cierre práctico de laboratorios, estaciones experimentales y de instalaciones diversas.

Ante circunstancias tan adversas, el espíritu universitario nunca se rindió. Porque la UCV siempre conjuró la vocación de excelencia que residía en la entrega de sus profesores, estudiantes y empleados de servicio a la generación del conocimiento, en interacción con el pensamiento universal en diversas disciplinas, resultado de muy variadas opiniones. La promoción y difusión de estos saberes ha enriquecido, material y espiritualmente, la vida de los venezolanos a través del tiempo.

Lamentablemente, llegó terminator. La solución de Nicolás Maduro para acabar con las universidades fue simple: destruir el país, ya que así destruía también a la Universidad. “Muerto el perro, se acaba la rabia”. El presupuesto asignado este año a la UCV no llega al 3% del solicitado; el sueldo de un profesor Titular, a dedicación exclusiva, apenas supera los USD 10 por mes; se han registrado muertes de profesores por inanición y muchos se han visto forzados a proseguir sus actividades académicas migrando a otros países; igual muchos estudiantes, en detrimento de la matrícula en la UCV, que ha caído en un tercio. Para mayor tragedia, la pandemia ha afectado gravemente a la institución. Ante este cuadro de devastación, aparece su verdugo anunciando que va a “recuperar” a la universidad.

La UCV, aun en sus mejores tiempos, presentaba defectos e insuficiencias. Y los que integramos la comunidad siempre tuvimos conciencia de ello. Quien esto escribe coordinó, durante varios años, el Plan Estratégico de la UCV, consensuado a través de consultas a facultades y escuelas, institutos, empleados y también a la dirección estudiantil. Reunió numerosas propuestas para transformar a la institución, poniéndola más a tono con los desafíos planteados por el avance del conocimiento a nivel mundial y por las exigencias del desarrollo nacional. En las condiciones descritas, poco pudo avanzar. Porque es una labor que sólo puede rendir sus frutos con los recursos requeridos, en un ambiente de libertad académica, ajeno al a los intereses primitivos que, amparados en las bayonetas, procuran someter a la institución a los dogmas del pensamiento único.

Maduro sueña con sofocar la libertad de cátedra. Para eso, designó a Tibisay Lucena al frente del ministerio de Educación Universitaria. El próximo paso será designar autoridades chavistas. ¿No será tiempo de convocar a la comunidad a movilizarse en ejercicio de sus prerrogativas autonómicas, consagradas en la constitución, para renovar las autoridades, proceso largamente postergado por imposiciones de la LOE, pero asegurando que estas elecciones obedezcan a preceptos académicos?

Humberto García Larralde