Juan Francisco Alonso 08 de enero de 2022
La
Haya estableció la sanción en respuesta al informe de Amnistía Internacional
que acusa al gobierno de Willemstad de maltratar a quienes buscan refugio en la
isla
Los
Países Bajos han resuelto congelar la entrega al gobierno de Curazao de fondos
adicionales para combatir la inmigración ilegal, hasta tanto no garantice
plenamente los Derechos Humanos de los cientos de venezolanos que actualmente
se encuentran bajo su custodia.
La
decisión la anunció el ministro neerlandés de Interior y Relaciones del
Reino, Raymond Knops, en una carta que envió al Parlamento
este 6 de enero.
En la misiva, el funcionario tomaba nota del duro informe que Amnistía Internacional publicó en octubre pasado, en el cual acusaba a las autoridades de Willemstad de detener y encarcelar a los venezolanos que lograban llegar a las costas curazoleñas, sin permitirles acogerse al Protocolo de Refugio aprobado en 2019.
Amnistía
Internacional denunció que Curazao presiona a los inmigrantes para que firmen
órdenes de deportación escritas en holandés, y además los mantiene en centros
de reclusión en condiciones de hacinamiento e insalubridad durante
meses.
“La
principal preocupación del gobierno es que los Derechos Humanos sean respetados
y protegidos en todo momento, tanto en el Reino como en cualquier parte del
mundo. No se debe permitir que se produzcan las cuestiones planteadas
por Amnistía, como la intimidación y el no respeto de necesidades básicas de
las personas”, afirmó Knops.
El
ministro neerlandés agregó: “Con respecto a la detención de extranjeros en
Curazao, he concluido que a pesar de los avances, como la construcción de
centros para la detención de extranjeros y del entrenamiento al personal que
labora en los mismos, Curazao se queda corto en aspectos cruciales.
La observancia de los aspectos como el acceso a la asistencia jurídica y la
atención médica, y la formación del personal con respecto al tratamiento de los
extranjeros son una condición explícita para la asignación de nuevos recursos
financieros”.
Knops
reveló que desde 2019 La Haya ha destinado 7,2 millones de euros para
financiar distintos proyectos para combatir la ola migratoria venezolana en
Aruba, Curazao y Bonaire. Parte de esos recursos han sido destinados a la
construcción, ampliación o acondicionamiento de centros de reclusión, la
adquisición de drones para detectar embarcaciones y la formación de la Guardia
Costera.
En el
caso de Curazao, el ministro indicó que se le habían aprobado otros 2
millones de euros para concluir los trabajos de expansión del centro de
detención de inmigrantes (SDKK) este marzo próximo. Sin embargo, ahora
los fondos están en el congelador.
Bueno,
pero…
La
decisión de Knops fue saludada desde Amnistía
Internacional Países Bajos. “Durante años hemos llamado la atención
sobre la terrible situación en la que se encuentran los venezolanos en
Curazao. En los últimos años, los Países Bajos han dado dinero para ampliar
la capacidad de detención de los inmigrantes, mientras que los Derechos
Humanos seguían siendo violados sin consecuencias. El pronunciamiento del
ministro es un paso en la dirección correcta”, dijo Dagmar Oudshoorn, directora
del capítulo neerlandés de la organización de Derechos Humanos, en un comunicado emitido
por la agrupación.
La
vocera también hizo votos porque esta medida, sin precedentes hasta ahora, sirva
para que las autoridades
caribeñas cambien de posición.
Sin
embargo, desde la agrupación reiteraron su señalamiento de que el gobierno
insular no es el único responsable de los abusos que sufren los inmigrantes
ilegales, e insistieron en que La Haya debería hacer una revisión de su
papel. En particular, demandaron que tome medidas para asegurar la correcta
aplicación del Protocolo de Protección para Refugiados que tanto Curazao como
Aruba dictaron en 2019.
No
obstante, las autoridades neerlandesas descartan implicarse. Al
menos es lo que se desprende de la carta de Knops, en la cual el funcionario
dejó en claro que “corresponde a Curazao garantizar los recursos legales
efectivos y la capacidad necesaria (posiblemente a través de la
participación de organizaciones locales), por ejemplo, para evaluar las
solicitudes más rápidamente y para facilitar que las personas que buscan
protección internacional participen y sean escuchadas al momento de tramitar
sus peticiones”.
Más
tensiones
La
sanción amenaza con deteriorar aún más las relaciones entre Curazao y
los Países Bajos, las cuales no se encuentran en su mejor momento debido
las complicadas negociaciones para recibir ayuda financiera para superar la
crisis económica generada por la pandemia del COVID-19.
La
Haya condiciona la ayuda a Curazao, Aruba y Sint Maarten a que estos países
apliquen reformas económicas, y que las mismas sean supervisadas e
incluso ejecutadas por un organismo (COHO) controlado desde el
otro lado del Atlántico.
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