Laura Cristina Dib A. 28 de enero de 2022
Cada
vez más migrantes venezolanos se encuentran en la necesidad de conseguir, como
entona la canción de Juan Luis Guerra, “una visa para un sueño, una
visa para no volver…con mil papeles de solvencia, que no les dan pa’ ser
sinceros”. Con el flujo ininterrumpido de personas que huyen de
Venezuela, más países de las Américas han impuesto medidas que dificultan el
tránsito y llegada de migrantes y refugiadas a sus territorios.
Los
países se debaten entre los imperativos morales que motivan sus obligaciones internacionales
frente a los migrantes y refugiadas y la necesidad de controlar sus fronteras,
y la discrecionalidad con la que cuentan para definir sus políticas
migratorias. Se trata de un falso dilema, pues hay suficientes evidencias que
demuestran que la imposición de nuevos requisitos más difíciles de cumplir no
desincentiva la migración. Estos no evitan que las personas que huyen por sus
vidas y la de sus familias crucen fronteras internacionales.
A mayor vulnerabilidad, más requisitos
En
diciembre, mientras se celebraban las fiestas de fin de año, México anunciaba
que se impondría el requisito de visa a nacionales venezolanos “que pretendan
ingresar al país como visitantes sin permiso para realizar actividades
remuneradas”. El gobierno mexicano ha señalado que ha identificado un aumento
en la cantidad de personas de esta nacionalidad que ingresan con una finalidad
distinta a la permitida bajo la estancia de visitante, así como un incremento
de su tránsito irregular hacia un tercer país. Con México, ya son 99
los países que exigen visa a los venezolanos.
Este
anuncio causa revuelo, pero no sorpresa. Como parte de una tendencia regional
hacia el endurecimiento de las políticas migratorias, México se suma a la larga
lista de países que han impuesto la visa como requisito previo al ingreso a su
territorio desde la masificación de la migración proveniente de Venezuela a
partir del año 2015.
En
2017 Panamá encabezó la imposición de visas a venezolanos, en 2018 Chile creó
la “visa de responsabilidad democrática” y en 2019 se sumaron Perú, Trinidad y
Tobago y Ecuador, según una investigación de los expertos Andrew
Selee y Jessica Bolter publicada por el Migration Policy Institute,
En
contraste, Colombia,
siendo el país que recibe —con diferencia— la mayor cantidad de personas que
huyen de Venezuela, ha mantenido una política de fronteras considerablemente
más abiertas que sus homólogos.
Acuerdos
incumplidos: la larga espera por una respuesta regional
En el
2018 los Estados miembros de la ONU adoptaron el Pacto
Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular en la Asamblea
General. El Pacto, aunque es un acuerdo no vinculante, constituye un hito al
ser un esfuerzo mundial por definir objetivos frente a la protección de los
derechos humanos de las personas migrantes.
Sin
embargo, el Pacto reitera la soberanía y discrecionalidad que tienen los
Estados para definir sus políticas migratorias, al tiempo que establece
compromisos políticos bastante vagos, como advierten los expertos Guild,
Basaran y Allinson. De hecho, a menudo el lenguaje del Pacto es tomado por
los gobiernos para referirse a políticas de visa que en esencia son
restrictivas, como orientadas a garantizar una “migración ordenada, segura y
regular”, convirtiéndolo así en un eufemismo.
A
nivel regional, ha habido esfuerzos como el Proceso de Quito o incluso
acuerdos del Grupo
de Lima, pero los mismos han sido incumplidos, dando lugar a una respuesta
desarticulada e incoherente de los países receptores frente a la migración
masiva proveniente de Venezuela.
La
desigualdad detrás del sistema de visas
No es
un secreto que existe una suerte de jerarquía global de libertad en el sistema
de visas. Las personas provenientes de países pobres, que atraviesan dictaduras
y que viven conflictos armados, enfrentan
enormes barreras de movilidad.
En el
otro extremo, por ejemplo, los ciudadanos de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, a menudo se encuentran exentos de las típicas restricciones de
visa que se imponen al resto de los mortales. Esto fomenta las marcadas
desigualdades entre ciudadanos del Norte y del Sur Global.
Adicionalmente
y sobre todo en aquellos lugares en donde la geografía lo permite, la
imposición de requisitos más difíciles de ingreso regular no tiene el efecto
disuasorio anhelado por los gobiernos. Lejos de detener la migración, estas
políticas contribuyen a que sea más difícil identificar y contabilizar a
quienes ingresan, aumenta los riesgos a los que se enfrentan las personas más
vulnerables en los pasos irregulares y promueve todo tipo de economías
delictivas relacionadas con la migración, como el tráfico y la trata de
personas.
Tras
la implementación del requisito de visa a venezolanos en Chile, Ecuador y Perú,
la migración regular disminuyó y se creó una falsa percepción de mayor control
de las fronteras, según lo demuestra el estudio de Andrew
Selee y Jessica Bolter publicado por el Migration Policy Institute. Pero,
por el contrario, y como era de esperarse, lo que ocurrió fue un aumento
notable de cruces por pasos no autorizados, así como un auge en las redes de
traficantes de migrantes y grupos criminales que controlan esas peligrosas
rutas.
Una
realidad que trasciende a los venezolanos
Por
supuesto, este no es un fenómeno que viven exclusivamente los venezolanos. Esta
dura realidad también la enfrentan personas de otras nacionalidades de Sur y
Centroamérica, asiáticas y africanas. La situación de las personas provenientes
de Venezuela, por su magnitud, solo ha puesto en evidencia la ineficacia de las
políticas de visa para frenar la migración forzada.
Las
visas son costosas, requieren documentación oficial y a menudo implican
requisitos prácticamente imposibles de cumplir para los migrantes.
Las
personas cuya vida depende de la decisión de huir de su país van a seguir
cruzando las fronteras en búsqueda de oportunidades. Por su parte, las
políticas restrictivas de regularización migratoria sólo aumentan las barreras
que estas personas deben enfrentar para poder hacer ejercer sus derechos en los
países de destino e integrarse a las sociedades de acogida.
Laura
Cristina Dib A.
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