Luis Hartmann 19 de abril de 2022
El
documento que circula por las redes sociales en el que unos venezolanos se
dirigen al presidente de Los Estados Unidos ha suscitado muchas
interpretaciones, apoyos y rechazos.
Yo me
incluyo entre quienes no suscribe su contenido, y no me siento representado por
quienes se auto atribuyen cualidades que nadie les otorga, aunque conceda
aprobación a ciertos aspectos y motivaciones expresadas en la carta.
Mucho
se ha opinado sobre el tema de las sanciones. Notablemente cómo se hace en el
texto. Cito:
«Las
sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus
objetivos».
Un
viejo amigo norteamericano del servicio consular me comenta que se trata de una
muy gruesa afirmación para tragársela sin masticar.
Y resulta cierto. Habría primero que preguntarse cuales son los objetivos que no se cumplieron . Y porque se dá por sentado que no están sirviendo a los propósitos. Por lo menos desde la óptica de quienes concibieron las sanciones.
Veamos
someramente el alcance y amplitud de las sanciones al gobierno de Venezuela y a
ciertas personalidades, tal como se refieren en el reporte Venezuela: Overview
of U.S Sanctions , publicado por el Congresional Research Service (CRS) del
Congreso de Los Estados Unidos de Norteamerica, (https://sgp.fas.org/crs/row/IF10715.pdf),
del que seguidamente extraemos algunas citas. Pero por favor póngase atención a
los objetivos, para juzgar si se están cumpliendo, se cumplieron o cómo se
afirma en la carta, no se cumplieron.
Se lee
que “ …Las primeras sanciones impuestas a Venezuela se relacionan a la falta de
cooperación en los esfuerzos de lucha antidrogas y antiterrorismo… ”; La
Administración Obama impuso sanciones enfocadas hacia individuos involucrados
en violaciones a los recursos humanos, corrupción, y acciones antidemocráticas.
Y la Administración Trump expandió las sanciones económicas
SANCIONES
RELACIONADAS AL TERRORISMO
Desde
el año 2006 La Secretaría de Estado ha determinado que Venezuela “no está
cooperando con USA en los esfuerzos antiterrorismo, conforme a la Section 40A
of the Arms Export Control Act (22U.S.C.2781)” . Como consecuencia se ha
prohibido la comercialización o transferencia de cualquier tipo de armas a
Venezuela. Posteriormente, sanciones financieras han sido impuestas conforme a
la Executive Order (O.E.) 13224, por continuas actuaciones de Venezuela
apoyando monetariamente a grupos terroristas del Hezbollah.
SANCIONES
RELACIONADAS AL TRAFICO DE DROGAS
Desde
al año 2005, conforme a procedimientos establecidos en el Foreign Relations
Authorization Act, FY2003 (Ley Pública 107-28, §706; 22 U.S.C. 2291j), La
Presidencia de Los Estados Unidos ha determinado anualmente que Venezuela ha
fallado flagrantemente en adherirse a las obligaciones contraídas en los
acuerdos internacionales antinarcóticos. Como consecuencia, La Tesorería del
Los Estados Unidos impuso sanciones económicas conforme al denominado acto
administrativo : Specially Designated Narcotics Traffickers pursuant to the
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Ley Pública 106-120, Title VIII; 21
U.S.C. 1901 etseq.)
SANCIONES
ENFOCADAS A LAS ACCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS, VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y
CORRUPCIÓN
Como
respuesta al desmesurado incremento de la represión en Venezuela, El Congreso
promulgó el Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014
(Ley Pública 113-278; 50 U.S.C. 1701 note). Entre sus provisiones, esta Ley
Pública ordenó al presidente la imposición de sanciones a todas las personas y
organizaciones que se identifiquen como responsables de estos delitos. La
vigencia de esta ley ha sido extendida hasta el 2023. En Marzo de 2015, el
Presidente Obama emitió la Orden Ejecutiva (O.E.)13692 para obedecer al mandato
de la P.L 113-278, y La Tesorería emitió regulaciones en Julio 2015 bajo el
acto 31 C.F.R. Part 591 . La O.E. se enfocó en el bloqueo de activos y
propiedades de personas jurídicas y naturales identificadas con los delitos en
cuestión. Ademas se aplicó la revocatoria de visas. Posteriormente, el 19 de
enero 2021, y conforme a la O.E. 13692, la Tesorería impuso sanciones a 113
personalidades, que incluyen a Nicolás Maduro, ministros, oficiales militares,
magistrados del Tribunal Supremo y rectores del Consejo Nacional Electoral.
SANCIONES
FINANCIERAS ADICIONALES
El
presidente Trump impuso sanciones financieras adicionales a Venezuela debido a
las violaciones de derechos humanos y acciones antidemocráticas. En Agosto 2017
Trump emitió la O.E. 13808 con la que se prohibió el acceso del gobierno de
Venezuela a los mercados financieros de Los Estados Unidos. Esta prohibición
incluyó a PDVSA con ciertas excepciones para mitigar el impacto a la población
de Venezuela y sobre los intereses de Los Estados Unidos. Posteriormente, en
Marzo 2018 Trump emitió la O.E. 13827, que prohibió las transacciones con
criptoctivos emitidos por el gobierno venezolano. Luego, en Mayo 2018 Trump
emite la O.E. 13835 prohibiendo transacciones relativas a la compraventa de
Bonos de Deuda Venezolana, incluyendo cuentas por cobrar.
SANCIONES
SECTORIALES AMPLIADAS
El 1
Nov 2018 Trump emite la O.E. 13850 que establece el marco regulatorio para el
bloqueo activos y de transacciones de alguna manera conectadas con operaciones
fraudulentas por el gobierno de Maduro, tal como determinase el Departamento
del Tesoro. Típicamente personas y entidades involucradas en esquemas de
manipulación de transferencias de efectivo para enmascarar operaciones
ficticias como emergencias de compras de alimentos. 26 personas-entidades
sancionadas. En Enero 28 de 2019 y en base a esta misma OE 13850 se determina
que PDVSA está de lleno incursa en estos esquemas de manipulación fraudulentos,
o en sectores económicos sujetos a sanciones, por lo que el Secretario del
Tesoro ordena el bloqueo de todos los intereses y activos de la empresa que se
encuentren en la jurisdicción norteamericana, y se prohibe a todas las personas
y empresas norteamericanas realizar transacciones con PDVSA.
La
OFAC (la oficina de control de activos extranjeros, adscrita al Departamento
del Tesoro) ha emitido algunas licencias para permitir ciertas transacciones
con PDVSA y sus filiales. Estas abarcaron a CITGO, PDV Holding, y otras
empresas norteamericanas para permitirles la compra de crudo venezolano. Otras
licencias fueron otorgadas a la norteamericana CHEVRON y estuvieron vigentes
hasta el 3 de junio 2021.
En el
2019 la Tesorería sanciona un banco basado en Moscú por triangular fondos de
PDVSA provenientes de operaciones sancionadas. También se sanciona a la empresa
minera Minerven por operaciones ilegales con oro venezolano. entre Junio de
2020 y enero 2021 se sancionan otras empresas rusas y navieras empleadas para
transportar petroleo en un intento de esquivar las sanciones.
SANCIONES
DIRIGIDAS AL GOBIERNO DE MADURO
La
O.E. 13884 emitida por Trump en Agosto 2019 congeló los activos e intereses del
gobierno de Maduro en los Estados Unidos. Lo orden ademas prohibe a personas y
empresas transar negociaciones con el gobierno de Maduro, salvo que estas sean
autorizadas por la OFAC. Para permitir la asistencia humanitaria al pueblo
venezolano, la OFAC emitió licencias autorizando transacciones que involucran
la entrega de comida, materias y equipos de uso agrícola y medico, remesas de y
a organizaciones humanitarias. En Abril 2020 la OFAC emite una guía dirigida a
organizaciones de ayuda humanitaria que prestan asistencia a Venezuela para que
reporten cualquier barrera que emerja a consecuencia de las sanciones a fin de
analizarlas y resolverlas en beneficio de la población.
Este
resumen nos indica una serie de objetivos claramente identificados que
involucra la actuación de: el presidente de los Estados Unidos, El congreso de
ese país, el Departamento de Estado, la Tesorería, La OFAC y muchas otras
agencias, es decir algo muy complejo que los 25 firmantes pretenden despachar
con una sobre simplificada y mas bien desconsiderada afirmación.
Coincido
con algunos analistas en que nadie puede estar en desacuerdo con aliviar las
penurias de la gente. Además está el hecho de que las sanciones generan efectos
colaterales adversos a la población pero el régimen y sus capitostes disponen
de abundantes medios para evadir esos efectos. Por otra parte el regimen se
aprovecha para justificar su fracaso debido a las sanciones mientras que
reprime a la oposición.
Aún
así el levantamiento unilateral de sanciones o flexibilizaciones interesadas
para favorecer ciertos actores como se pretende, no puede ser la precipitada
forma de acción en favor de resolver las crisis de Venezuela sin que antes
medie la actuación del régimen en favor de mejorar la situación de los
venezolanos.
Me
explico: el régimen y Venezuela no necesitan del levantamiento de sanciones
para cosas tan beneficiosas como:
- Eliminar las alcabalas y cientos de
puestos de control que continuamente matraquean a los transportistas desde
las areas rurales donde abnegados productores agrícolas, verdaderos
patriotas, se juegan la vida para darnos de comer en las ciudades.
- Hacerle frente a la ocupación de
guerrilleros y demás grupos irregulares que cobran vacunas y extorsionan
desde la frontera y en interior de Venezuela.
- Ejercer soberanía y resguardo del arco
minero donde se comenten ecocidios, asesinatos y robo de nuestras riquezas
naturales
- Sincerar el gasto público para equilibrar
el presupuesto que sometido a control de gestión genere efectivo uso de
nuestros recursos.
- crear las condiciones de seguridad
jurídica y personal para que el empresariado venezolano disponga de
herramientas y garantías de respeto a la propiedad privada, y pueda
regresar al país esa inmensa riqueza que ahora favorece economías de otros
países, no precisamente por falta de patriotismo.
- Liberar los presos políticos
- Devolver las empresas y bienes expropiados
a sus legítimos propietarios indemnizando o brindando opciones para la
recuperación de la operatividad productiva
- Un larguísimo etcétera.
Estimados
señores 25 firmantes: no puede ir la carreta delante de los burros. Es obvio
que el muy activo e intenso lobby petrolero no lo vé así.
Cuando
yo vea que se rectifica el orden de precedencia, seré entonces quien
entusiastamente les busque para pedirles me permitan suscribir ese texto, con
algunas observaciones como lo amerita el muy complejo tema del progresivo
desmontaje de las sanciones, pues corresponde a una intrincada red de agencias
gubernamentales a las que ninguno de nosotros pertenece.
Luis
Hartmann
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