Ismael Pérez Vigil 23 de abril de 2022
Inevitable
referirse a la “carta de los 25”, dirigida al Presidente Biden y funcionarios
del Gobierno y la Administración Norteamericana, que tuvo al menos la virtud de
levantar una aguda −y agria− discusión política, que estaba adormecida. La carta
toca varios temas, pero me referiré únicamente a dos: las sanciones generales y
las petroleras.
Insultos
y representatividad.
Los epítetos y calificativos hacia los firmantes, siempre deplorables por lo amargo y destemplado de algunos; son, sin embargo, algo “característico” de la polarización política, a todo nivel, en el país. Lo lamentable son los que provienen de personas que es obvio que no han leído la carta, la han leído e interpretado a medias o deliberadamente tergiversado.
En
verdad los firmantes solo se autocalifican, acertada o desacertadamente, pero
hablan en nombre propio, no se atribuyen ninguna “representación” popular; no
cometieron ningún delito, al menos no mayor que el que cometen los que piden
que se mantengan las sanciones; hacen uso del derecho que tiene cualquier
persona de dirigir una carta a alguna autoridad expresando su opinión.
Las
sanciones.
El
centro de la carta son “las sanciones” económicas y financieras aplicadas al
régimen venezolano; y al respecto debo decir:
- Que las sanciones internacionales han
demostrado su total ineficacia para lograr los objetivos políticos que
persiguen −en eso tiene razón la carta− y la demostración palpable es
Cuba, Corea del Norte, Rusia, etc.;
- que por la restricción de recursos que
ocasionan al gobierno del país donde se aplican tienen el potencial para
terminar afectando a la población más vulnerable y frecuentemente así
ocurre, aunque no hay claras pruebas al respeto;
- que por ejemplo en nuestro caso, sirven de
excusa al régimen para mantener sus equivocadas políticas y no asumir su
responsabilidad en garantizar algunos derechos y servicios básicos −salud,
educación, transporte, electricidad, agua, etc.− culpando de ello a las
sanciones económicas;
- que lo que está ocurriendo en Ucrania,
tras la sangrienta invasión de Putin, nos está demostrando que la
aplicación de sanciones no es una simple “medida”, sino la única
alternativa que acepta la comunidad internacional y a la que están
dispuestos los países que en otro momento moverían sus tropas en apoyo o
en contra de alguna causa, aunque sea la democracia o la protección de
derechos humanos; y
- que, si queremos apoyo internacional, las
“sanciones” es la única opción de fuerza que nos ofrecen.
Por
estas razones creo que la discusión acerca de las bondades o maldades de las
sanciones es una discusión bizantina, estéril e inútil, pues las mismas no van
a ser levantadas por quienes las aplican a menos que desaparezcan las causas
que las originaron y en el caso de Venezuela, si queremos apoyo internacional,
y lo necesitamos, las “sanciones” es la única opción de fuerza y presión que
nos ofrecen para que se restablezca la negociación y el diálogo entre el
régimen venezolano y la oposición democrática.
Curiosidades
de la carta.
Lo
curioso de la carta de los 25 es que, estrictamente hablando, en ninguna parte
de ella se pide que se eliminen las sanciones −excepto una de ellas, que tiene
que ver con el negocio petrolero, a lo que me referiré más adelante−; no
obstante, sería ingenuo pensar que lo de eliminarlas no sea la intención que
subyace, sobre todo porque su tercer párrafo, de una sola línea, hace una
afirmación de Perogrullo: “Las sanciones económicas y la política de máxima
presión no lograron sus objetivos.” Y aunque aclara que las mismas “…no son la
raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela…”, acto seguido hace otra
afirmación que ya es mucho más discutible, pues señala que “… han exacerbado
gravemente las condiciones para el venezolano promedio.”, con lo cual justifican
la carta.
Carencia
de demostraciones.
En
ninguna parte la carta aporta demostración o prueba alguna acerca de los
efectos negativos de las sanciones; y eso es por una razón muy simple, porque
nadie ha podido demostrar fehacientemente que eso sea así. Por ejemplo ¿Hasta
dónde las causas de la caída de la producción petrolera son las sanciones y no
la propia precariedad de servicios que ha ocasionado la ruina económica del
país, producto de 23 años de políticas equivocadas? Tampoco nadie puede
demostrar que las sanciones no han tenido ningún efecto o que el empeoramiento
de la condición económica y social de los venezolanos −evidente, a pesar de
“burbujas y bodegones” − se deba a la aplicación de las sanciones. Es más, me
parece hasta curioso que algunos de los firmantes de la carta, en ocasiones
recientes han afirmado que en el país está ocurriendo una cierta “recuperación”
económica, una cierta “mejoría” de los indicadores económicos, una “apertura”
que se debe alentar −hasta sugieren al gobierno las medidas a tomar− y ahora
suscriben una carta en la que señalan que se “han exacerbado gravemente las
condiciones para el venezolano promedio” ¿Esa “mejoría” no es una demostración
de que no es tal el daño que ocasionan las sanciones? ¿En qué quedamos?
La
ruina económica y las sanciones.
Estoy
seguro que todos los firmantes de la carta comparten la opinión de que el daño,
la ruinosa situación económica, la crisis humanitaria severa del país, nuestro
mísero estado de vida y el deterioro de las condiciones económicas y sociales,
son el producto de erradas y desastrosas medidas económicas aplicadas durante
23 años. A pesar ingentes ingresos petroleros, durante la mayor parte de su
mandato, este régimen se las “ingenió” para arruinar al país, a la industria
nacional, incluida la petrolera, y en ello nada tienen que ver las sanciones
económicas generales, cuyas primeras medidas se dictaron en el año 2014, se
empezaron a aplicar en el 2015 y se incrementaron a partir del 2017, cuando ya
el país había perdido 2/3 de su PIB.
Observaciones
a la carta de los 25.
Aunque
nos pronunciemos en favor de sanciones personales y en contra de sanciones
económicas generales −yo lo he hecho, (Ver: https://bit.ly/3rGhe9o, Negociación y
Sanciones, 27/03/2021)−; tengo, sin embargo, dos observaciones a los 25
proponentes de la carta:
1)
sugerir o pedir que se eliminen las sanciones sin negociar nada a cambio, creo
que es un error político y el gobierno es el único que va a aprovechar,
políticamente, la solicitud o el supuesto negado que se eliminen; y 2) dada la
actual situación política del país y la especie de “pasmo” en la que está la
oposición democrática, si se eliminan las sanciones, ¿Qué medida de presión o
de “contención” tenemos? ¿Cuál sería el elemento que forzaría al gobierno a
aceptar una negociación? Y me hago una pregunta, que se que es meramente
retórica, de esas cuya base es una suposición y que no tienen una respuesta:
Sabemos dónde está el régimen, pero: ¿Dónde y cómo estaría hoy la oposición si
no existieran esas sanciones? Las sanciones no son el único factor de presión
política, pero si uno muy importante, ¿Para qué negarlo?
Tema
petrolero y cabildeo.
La
carta menciona, sin especificar, aspectos económicos, que según sus firmantes
se estarían viendo afectados por las sanciones; por ejemplo, estoy seguro que a
algunos de los firmantes les preocupa que están afectando la actividad de
bancos de inversión e inversionistas que negocian papeles emitidos por la
Republica o PDVSA, aunque la carta no lo menciona específicamente. Lo que si
menciona, y creo es el meollo de la solicitud, es el levantamiento de sanciones
al negocio petrolero, al cual dedica casi la mitad de su contenido y es el
único sector al que se refiere en detalle.
Por
cierto, eso coincide con lo que se ha denominado la actuación del poderoso
cabildeo o “lobby” desarrollado por algunas trasnacionales petroleras, apoyadas
por importantes medios de comunicación internacionales y que algunos vinculan
con la reciente visita de altos funcionarios norteamericanos a Venezuela y su
entrevista con Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno. Pero con
respecto al tema petrolero, simplemente remito a la opinión de algunos
expertos, aparecida en diversos artículos a raíz de la discusión suscitada y
dicen que no es cierto lo que se afirma en la carta que “…en unos meses” se
podría reactivar la industria petrolera y así “contribuir con la seguridad
energética de Occidente”.
El
mito del ingreso petrolero.
Caben
también algunos interrogantes, igualmente retóricos y de ficción, imposibles de
responder: Si los problemas actuales de la industria petrolera se deben a una
disminución de los ingresos petroleros por la aplicación de las sanciones, ¿Por
qué la actividad de la industria se vio disminuida antes de 2014, cuando se
empezaron a aplicar las sanciones? ¿Dónde están los ingentes recursos
petroleros recibidos por el país desde 1999? ¿Por qué la industria petrolera
esta destruida? ¿Por qué no se invirtieron esos recursos en mejorar la
infraestructura del país y la propia industria petrolera? Y las preguntas más
importantes, para las que no hay respuesta, ¿Quién garantiza que, de levantarse
las sanciones a la industria y a las empresas petroleras, el régimen sí
invertiría los recursos en mejorar la situación del país, sí antes de la
aplicación de las sanciones no lo hizo?
Se enfatiza
−con plena razón− que una reactivación de la industria petrolera y una
reactivación económica del país solo es posible con un cambio político a fondo,
que comienza por salir de este gobierno de oprobio.
Conclusión.
La
carta concluye con un buen deseo general con el que nadie podría estar en
desacuerdo: “Poner fin a la crisis en Venezuela y ayudar a construir el nuevo
futuro del país, con pleno respeto al estado de derecho, las libertades
económicas y la vigencia de los derechos humanos, nos compete −y nos
beneficiará− a todos.” Habla también de reanudar negociaciones y de que se han
solicitado “reformas” al régimen, pero me parece que no es suficientemente
enfática en este punto. Y en el penúltimo párrafo hace un exhorto a “…partes
interesadas, en Venezuela y en otros lugares, para que respalden públicamente
esta carta”; con respecto a este punto mi conclusión es:
Personalmente
creo que hubiera sido sano que la carta pusiera la misma fuerza y el mismo
énfasis con el que resaltó la ineficacia de las sanciones y la solicitud de
eliminarlas al negocio petrolero, en asignar la responsabilidad de la crisis
del país al régimen que hemos tenido durante los últimos 23 años.
Apoyo
la revisión y levantamiento de sanciones generales que perjudiquen o puedan
perjudicar a la población más vulnerable y sin duda alguna que se mantengan e
intensifiquen las sanciones de tipo personal a los altos y medios funcionarios
del régimen, sus testaferros y familiares, que bien los conocen las
administraciones de los gobiernos internacionales que aplican esas medidas. Por
cierto, la carta en ningún momento menciona las sanciones personales o si estas
deben mantenerse o levantarse.
Pero
no respaldo lo que trasluce como la petición fundamental de la carta, pues no
creo que políticamente sea el momento de solicitar el levantamiento de
sanciones, sin una “compensación” previa e inmediata por parte del régimen. Hoy
por hoy las sanciones que se están aplicando, sin ser efectivas para lograr un
cambio político en el país, son nuestra única medida de presión y contención al
régimen, que sin duda se ve amenazado por ellas y así lo corrobora su empeño
constante en librarse de las mismas.
Ismael
Pérez Vigil
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico