Simón Calzadilla 17 de abril de 2022
Un
grupo de 25 venezolanos suscribieron una carta dirigida al gobierno de los EE.
UU. y otros funcionarios de ese mismo país. Ello ha levantado un debate
importante. Aquí expreso lo que me gusta y lo que no me gusta de dicho texto.
Voy por párrafos.
El que
más me gusta: «Poner fin a la crisis en Venezuela y ayudar a construir el
nuevo futuro del país, con pleno respeto al estado de derecho, las libertades
económicas y la vigencia de los derechos humanos nos compete —y nos beneficiará
—a todos».
Lo que no me gusta de este párrafo es su ubicación; hubiese preferido que apareciera de primero y no de último. En la política, como en la vida, el orden sí altera el producto, y las formas son parte del fondo. Además, todos los firmantes saben perfectamente que la violación de esos principios por parte de Nicolás y los suyos, son la causa de la crisis y de las sanciones, por lo cual, la identificación clara de los factores que originaron la crisis, es deber de todo profesional en su análisis económico y político.
Este
no me gusta: «Hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos a seguir
impulsando negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis
venezolana, e instamos al gobierno de Venezuela, a los partidos políticos de
oposición y a la Plataforma de Oposición Unitaria, a retomar sin demoras los
procesos de negociación. No hay más tiempo que perder».
En
México hay un espacio para la negociación, quien se levantó sin ninguna
explicación y no quiere regresar es Nicolás y su equipo. El gobierno de EE. UU.
incluso envió a su embajador a Miraflores y la oposición sigue esperando por el
regreso del equipo de Nicolás. Me extraña que amigos y colegas de mi mayor
estima no realizaran alguna observación sobre ese particular e importante
detalle.
Me
gusta: «Asimismo, cualquier acuerdo petrolero —incluyendo las aportaciones
obligatorias al fondo endógeno— deben contribuir a mitigar la crisis
humanitaria, facilitando medicinas, alimentos y combustibles, así como otros
bienes y servicios necesarios para garantizar los derechos a la salud, la
educación, la alimentación y la calidad de vida de la población a través de
mecanismos libres de corrupción que involucren acuerdos entre el gobierno y la
oposición». Ningún gobierno autoritario que se respete puede acordar
eso.
La
crisis que padecemos es consecuencia de un modelo de control social,
indispensable para mantenerse en el poder al margen de la voluntad popular, e
incluso del bienestar de su propio pueblo. Sin embargo, es correcto que se
solicite en el texto.
Me
gusta: «En Venezuela hemos pedido a Nicolás Maduro que acepte reformas
políticas y electorales significativas y que continúe con la liberación de
presos políticos. El gobierno debe reconocer que los acuerdos no pueden
limitarse al ámbito económico. También hemos planteado a la oposición en
Venezuela la necesidad de unificarse en torno a principios básicos y realistas
que sustenten posibles acuerdos. Hemos instado a la oposición a no ser rehén de
las voces extremistas que solo perpetúan el doloroso statu quo». Aquí
solo quiero acotar que en la Mesa de Negociación de México no había posiciones
ni voces extremistas y, sin embargo, el equipo de Nicolás no regresó.
El que
menos me gusta: «Si bien las sanciones económicas no son la raíz de la
emergencia humanitaria en Venezuela, han exacerbado gravemente las condiciones
para el venezolano promedio. La gran mayoría del pueblo vive en la pobreza, con
inseguridad alimentaria y expuesta a severas deficiencias de salud. La
electricidad, el saneamiento y la calidad del agua presentan un estado de
profundo deterioro. Las negociaciones deben colocar los temas humanitarios al
centro y avanzar en su solución con la urgencia que ameritan».
Sin
solución política no hay solución económica. Todos los firmantes saben que
cuando se aplicó la primera sanción a Pdvsa, a finales del 2018 y principios
del 2019, la producción petrolera se había reducido de 2.7 mbd a 1.3 mbd, y
continuaba en franca caída, las refinerías ya estaban colapsadas, las empresas
básicas y la mayor parte del parque industrial privado y el expropiado quebrado
o en serias dificultades, el sistema eléctrico y de agua potable en ruina,
además del sector salud y educación.
La
crisis humanitaria compleja ya era una absoluta realidad para esa época. En esa
fecha cuatro millones de migrantes ya se habían ido. Es decir, un modelo
autoritario, que violó sistemáticamente la Constitución, el estado de derecho,
los derechos humanos y aplastó la democracia de nuestro país, es el responsable
absoluto de la crisis que hoy vivimos.
Les
pregunto: ante semejante y grave violación de principios democráticos que
claramente dicen defender en el primer párrafo de su carta; ¿qué debió hacer la
comunidad internacional? Mejor dicho: EE. UU. y más de 50 naciones del mundo
democrático que sancionaron a Nicolás y su grupo; ¿qué más podían hacer? Por
qué no desarrollaron un párrafo para explicar: «…la raíz de la emergencia
humanitaria…» Decir que las sanciones «…han exacerbado
gravemente las condiciones…» sin duda, iguala o pone al mismo nivel la
responsabilidad de Nicolás y las sanciones con la crisis, siendo esta última
consecuencia de los desmanes del primero.
El
siguiente párrafo de la carta que se está analizando se quedó corto, no me
gusta: «El 75% de los venezolanos rechaza contundentemente las
sanciones sectoriales y apenas el 10% quiere que se mantengan. Es claro que
este tipo de sanciones no han beneficiado al pueblo venezolano». ¿De
verdad el 75 % de los venezolanos quieren que se eliminen las sanciones sin
ningún cambio en el modelo autoritario que nos arruinó? Si se pregunta: ¿Usted
estaría de acuerdo en que se respete la Constitución, el estado de derecho y
vivir en una democracia plena? No me cabe la menor duda que el 99 % respondería
que sí.
Queda
la duda de por qué no se incluyó o publicó la siguiente pregunta: ¿Sin el
restablecimiento progresivo de los derechos democráticos…, estaría de acuerdo
en que se levanten progresivamente las sanciones?
El
gobierno de EE. UU. expresó, de forma clara, que en la medida que se vayan
restableciendo los derechos y respeten los principios democráticos en
Venezuela, progresivamente se eliminarían las sanciones.
El 13
de marzo expresé en mis redes sociales que comprarle a Nicolás su propaganda
sobre las sanciones es un error. Lamentablemente tengo que decirles a varios
amigos y estimados profesionales que firman esa carta que, en los términos que
está redactada, lejos de favorecer un enfoque esclarecedor sobre la crisis venezolana
causa mayor confusión y nos aleja de una necesaria visión compartida de
propuestas de solución a la crisis que padece nuestra nación. Incluso, ese
texto está muy distante de muchos y muy buenos análisis publicados por varios
de los firmantes sobre la situación venezolana. Me atrevo a sugerirles la
redacción de una segunda carta dirigida a los reales responsables de la crisis
y los que tienen la posibilidad real de corregir el rumbo.
Reitero:
en política las formas son parte del fondo y viceversa. Todos queremos un país
con una democracia plena, progreso social, sin sanciones, ni presos políticos,
y mucho menos emergencia humanitaria compleja. Sabemos quiénes son los
responsables de la crisis, hacia ellos enfoquemos todas nuestras capacidades,
para lograr en el menor tiempo posible el cambio anhelado.
Por
último: rechazo las descalificaciones y ofensas proferidas sobre los firmantes
de la carta. Ser demócrata es comportarse como tal, lo otro está en la esfera
del autoritarismo y raya con el fascismo.
Simón
Calzadilla
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