Humberto García Larralde 28 de abril de 2022
Tres elementos motivan las siguientes reflexiones. Primero la ilusión de que, con la respuesta de algunas actividades a la liberación de precios y del mercado cambiario, estamos en presencia de un proceso de “normalización” del país. Segundo, la carta recientemente publicada, firmada por 25 integrantes de la sociedad civil venezolana, cuyo aspecto más polémico es el llamado al presidente Biden de EE.UU. a reconsiderar las sanciones impuestas a Venezuela. Y tercero, la constatación de que, frente a los dos elementos anteriores, las fuerzas democráticas no comparten ninguna política clara, ausencia importante ante la oportunidad planteada de desalojar a Maduro del poder en las elecciones de 2024.
Primero,
la economía venezolana, efectivamente, da muestras de que dejó de contraerse el
año pasado, aunque no hay cifras oficiales al respecto. ¿Significa que, después
de tantos años de criminal destrucción, el país empieza a recuperar la
normalidad? Depende, por supuesto, de qué se entiende por “normalidad”. Para
algunos, la reducción drástica de la inflación, la proliferación de comercios
con productos importados (bodegones), el abastecimiento de supermercados y la
activación de algunas construcciones en el este de Caracas, son criterios que
satisfacen.
Pero
las bondades de tal “normalidad” son disfrutadas por aquellos sectores
(minoritarios) con ingresos suficientes en divisas o –cuando no—los
“enchufados” en distintos negocios con el gobierno. Aparentemente, no les
afecta la inseguridad o no les importa. Pero, al revisar los resultados de
la Encuesta de Condiciones de Vida levantada por la UCAB en
2021, impactan las evidencias de inopia, hambre, insuficiencias en la
prestación de servicios de salud y otras calamidades que atormentan a la gran
mayoría de los venezolanos.
Más
del 94% de los hogares son pobres, medidos por su ingreso, y Venezuela exhibe
una de las mayores inequidades en cuanto a distribución del ingreso en América
Latina. Más allá, el colapso del Estado se refleja en su notoria incapacidad
por asegurar la prestación de servicios públicos fundamentales: agua, luz,
salud, educación, seguridad y transporte. En el país que alega tener las
mayores reservas petroleras y que alguna vez fue el mayor exportador de este
hidrocarburo, hasta la gasolina escasea.
No
basta un crecimiento leve para hablar de “normalidad”. Lo verdaderamente
anormal es que la economía venezolana haya estado cayendo, a trancos y
barrancos, por siete años consecutivos. Y, como alertó un tweet reciente,
cuando una economía se ha reducido en un 80%, recuperar su nivel anterior
implica crecer en un 400% (¡!)
No
puede existir “normalidad” en ausencia de garantías básicas a los derechos
fundamentales de la población, entre ellos, de asociación política, de protesta
en reclamo de condiciones dignas de vida, de medios de comunicación libres, sin
mencionar los derechos básicos a la salud, a la seguridad y a la vida misma.
Venezuela
exhibe una de las tasas de homicidio más altas del mundo, muchos a mano de las
“fuerzas públicas”, existen 240 presos políticos y más de seis millones de
migrados buscando mejores condiciones de vida. Las garantías básicas no
existirán mientras no se restablezca un Estado de Derecho que haga cumplir el
ordenamiento constitucional y las leyes que, de él, se derivan. Este
desapareció, no por azar o por hechos fortuitos, sino como resultado de un
proceso deliberado de desmantelamiento de las instituciones democráticas y las
asociadas al funcionamiento de una economía mercantil, por parte de una
camarilla que, en nombre de una supuesta “revolución”, se cogió al país para su
usufructo exclusivo, depredándolo hasta dejarla exangüe.
Luego
está la “carta de los 25” firmada, entre otros, por amigos que merecen mi mayor
respeto, tanto por su historial de luchas a favor de la libertad y la justicia,
y/o por su desempeño profesional. Infelizmente, han sido objeto de
descalificativos inaceptables por parte de quienes se arrogan derechos de
pontificar sobre quien es o no, “auténtico” opositor, en total contraposición a
los valores de tolerancia y de respeto al derecho de opinar de los demás que,
supuestamente, animan el proyecto de democracia liberal con el que se
identifican.
Sin
entrar en mayores detalles, creo que el “pecado” cometido por los firmantes
estriba en proponer al presidente Biden el levantamiento de algunas sanciones,
argumentando que no han cumplido con sus propósitos y que, no obstante culpar a
la desastrosa gestión de Maduro y Chávez la causa principal de la situación de
miseria, éstas la han empeorado. Es muy discutible que las sanciones no hayan
tenido efectos sobre el gobierno. Si bien no han forzado el cambio político
esperado, por sí solas y con una oposición débil y dividida, ello era demasiado
pedir. Aunque no es fácil demostrarlo, puede argumentarse que la incipiente
liberalización económica es, precisamente, una respuesta obligada a las
restricciones asociadas a las sanciones.
Más
allá, está el intento, poco eficaz, por maquillar las apariencias ante las
indagaciones del CPI sobre las responsabilidades del gobierno ante la violación
de los derechos humanos de muchos venezolanos. A la camarilla mafiosa que
controla el Estado le interesa anular la amenaza de mayores sanciones. Por algo
será.
Pero
quizás el aspecto más discutible es pensar que, de levantarse algunas sanciones
–aquellas, presumiblemente, que afectan a las exportaciones petroleras—,
aliviará la situación de miseria que padece la inmensa mayoría de compatriotas.
Sucede que, para el primer trimestre de este año (2022), los ingresos por
exportación de petróleo fueron entre 2,5 a 3 millardos de dólares superiores a
los del primer trimestre del 2021, resultado del alza de precios atribuible a
las sanciones contra las ventas rusas de crudo y a incrementos en la producción
doméstica. ¿A dónde fueron esos reales? ¿Hay mejoras visibles en los servicios,
en el empleo, en la capacidad adquisitiva de la gente?
Porque
el incremento decretado de sueldos se va a financiar, en buena medida, con emisión
monetaria. Ergo, se anticipa mayor presión inflacionaria y una
eventual “licuefacción” de estos aumentos. ¿A dónde sospechamos que puedan ir
ingresos adicionales de levantarse las sanciones? El efecto “derrame” sobre el
bienestar de la población de mayores ingresos externos es muy bajo, por la
sencilla razón de que el leit motif de los que ocupan el poder
es quedarse con lo que entra.
En
función de ello han desmantelado las instituciones que regulan la cosa pública,
entre otras la autonomía y equilibrio de poderes (supervisión independiente del
gasto), la transparencia y la rendición de cuentas de su gestión, y el respeto
al Estado de Derecho en lo concerniente a los derechos y libertades de los
venezolanos, incluyendo garantías para la iniciativa privada. Sin recuperar el
marco institucional correspondiente, será poca la mejora en las condiciones de
vida de las mayorías que podemos esperar. Y de ahí la importancia de levantar
las sanciones como arma de negociación que fuerce tal fin, condicionado a avances
concretos, verificables, en esa dirección. Por el contrario, suponer
que, al levantarlas primero, Maduro, a cambio, introducirá reformas políticas,
sería, como dice la crítica, poner la carreta delante del caballo.
Y, por
último, ¿Cómo lograr cambios que lleven a la liberación de presos políticos, la
restitución de garantías, la observación del Estado de Derecho y a unas
elecciones nacionales confiables, de parte de quiénes están interesados en
mantener las condiciones con base en las cuales han podido expoliar a sus
anchas las riquezas del país? En el actual estado de debilidad, división y
confusión de las fuerzas opositoras, luce poco plausible.
Sin
una política nacional clara, que cohesione, fortalezca y movilice a la mayoría
opositora, habremos de desperdiciar las oportunidades de cambio planteadas por
las elecciones de 2024. Sin una estrategia eficaz, asimismo, es poco el fruto
que puede brindar la presión de las sanciones. Un elemento básico es aprovechar
los reacomodos a que se ha visto obligado Maduro para articular acciones
centradas en la ampliación y consolidación de la liberalización iniciada, y
para enfrentar las arbitrariedades que habrán de ocurrir.
Ello
debería conectar con los nuevos liderazgos que emergen de la lucha
reivindicativa, por demandar servicios públicos y/o que se manifestaron en
las conquistas recientes de algunas alcaldías a nivel nacional. Más allá, la
recuperación de un marco institucional confiable, capaz de suscitar cuantiosos
préstamos de las multilaterales, podrá sanear al Estado para que pueda producir
los bienes públicos que requiere la población y podrá atraer las inversiones
capaces de aprovechar las enormes potencialidades de nuestra economía. S
in
ello, será difícil alcanzar las condiciones de bienestar a que aspiran y tienen
derecho los venezolanos. Sin estas conquistas, la famélica recuperación con que
Maduro alardea de sus “mejoras”, tardará interminables décadas en sacarnos de
la miseria. Hacer de esa política una bandera para el cambio es, por tanto, un
desiderátum.
Humberto
García Larralde
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