Marta de la Vega 25 de abril de 2022
@martadelavegav
En medio de situaciones que no son menos difíciles ni
trágicas porque para algunos hayan mejorado las perspectivas económicas, es
patética la fragmentación de las fuerzas opositoras, que no sabemos más si
podemos llamar democráticas.
Ha habido cartas y contra-cartas enviadas al presidente de los Estados Unidos, quien, a diferencia de lo que ocurre en regímenes personalistas y autocráticos, pues en países con separación de poderes se requiere de procesos institucionales complejos, no es la persona que suspende o mantiene sanciones de la comunidad internacional contra representantes del gobierno ilegítimo y usurpador presidido por Maduro en Venezuela.
Estas misivas públicas, así como las numerosas
respuestas que han provocado, han puesto de manifiesto la pérdida de
orientación o falta de brújula de los líderes económicos, intelectuales y
dirigentes políticos que dicen representar a los ciudadanos, y no precisamente
para afianzar una estrategia unitaria a favor de la democracia. Ni para abogar
por los presos políticos. Venezuela bajo la férula de Maduro es sin duda, por
sus relaciones con los peores regímenes del planeta, una amenaza a la seguridad
hemisférica y de los Estados Unidos.
La primera carta, firmada por 25 personas, algunas
dignas del mayor respeto, reconocen que las sanciones no son la causa de la
emergencia humanitaria compleja que sufre el país, pero la han agravado. La
segunda, impulsada por el dirigente en el exilio Antonio Ledezma, solicita,
también inútilmente, que no sean eliminadas, sino que se amplíen dichas
sanciones y se persiga a quienes, dentro de la camarilla criminal que controla
el Estado, tienen hoy un alto precio en dólares por sus capturas.
Ninguna de las dos principales propuestas apunta al
meollo del asunto ni busca resolver las condiciones estructurales que han
destruido la vida diaria de los venezolanos y han impedido restaurar la
confianza en un futuro mejor. Se ha puesto en evidencia que no es afán de reconciliación,
ni cambio de modelo económico ni superar la actual concepción hegemónica del
poder sino más bien, por fatiga o desesperanza de una crisis múltiple que no
cesa y se agudiza, necesidad de “normalizar” una “catástrofe continuada”.
Se trata de concretar una cohabitación entendida
como un “mal menor”. Prolongar la agonía de las mayorías más desasistidas es
ceder al poder de facto y aceptar fortalecer al tirano. Es
legitimar su permanencia con tal de reactivar algunas actividades económicas ¿A
quién o a quiénes benefician? Lo peor, al buscar adaptarse hasta
con obsecuencia para desentenderse de las implicaciones de seguir resistiendo
en aras de la dignidad y la decencia, se impone la ética del “sálvese quien
pueda”. Al claudicar, nos volvemos una sociedad de cómplices.
Las
razones que sustentaron las sanciones, vigentes, unas desde el 2006, otras a
partir de marzo de 2019, no han desaparecido. Apuntaron, por un lado, al
gobierno chavista, por sus nexos con grupos terroristas, narcotráfico y crimen
organizado internacional. Por otro lado, siguiendo el análisis de Luis
Hartmann, a funcionarios identificados con la violación sistemática de los
derechos humanos, corrupción, acciones antidemocráticas e indiciados por
crímenes de lesa humanidad.
Las sanciones no son generales sino aplicadas a
individuos incluidos en la denominada lista OFAC, o a instituciones como Pdvsa
y sus empresas filiales o al Banco Central de Venezuela y sus operadores.
Quedan excluidos, para beneficio de la población, rubros como los de alimentos,
medicinas, equipos médicos, de uso agrícola y repuestos.
Por ello, no es cierto que afecten directamente a los
ciudadanos, aunque ha sido un pretexto eficaz para justificar la incompetencia
de quienes dominan manu militari las estructuras del Estado y
han llevado el país a la ruina y a su población al éxodo, mucho antes de que se
impusieran sanciones.
No habrá cambio verdadero sin democratizar
verdaderamente el poder político; sin expandir la economía productiva sin
alcabalas ni fiscalizaciones; sin
rescate de las instituciones de contrapeso de los poderes públicos; sin que se
reinstitucionalicen la salud, las instituciones de educación superior y el
sistema educativo nacional en sus ciclos de educación preescolar, primaria y
secundaria.
Es imprescindible reinstitucionalizar los servicios
públicos; subordinar las fuerzas armadas y de orden público al poder civil;
superar el militarismo recalcitrante y el abuso de poder. Solo así es posible
acceder a principios claves de la práctica democrática: supremacía de la ley y
Estado de derecho, hoy inexistentes en Venezuela.
Marta
de la Vega
@martadelavegav
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