Benigno Alarcón 14 de abril de 2022
@benalarcon
Para
marzo se esperaba la reanudación de las negociaciones en la Mesa de México,
pero cuando ya avanza abril, pese a que algunos involucrados afirman que se
retomarán en mayo, la trascendencia de la iniciativa noruega pareciera
desvanecerse, como habíamos previsto en nuestros escenarios para el 2022,
especialmente por la estrategia de dividir a la oposición, lo que incluye la
sustitución de ese proceso por negociaciones directas y separadas con distintos
sectores políticos, económicos, sociales, e incluso internacionales, que se han
venido realizando en las últimas semanas, lo que incluye el intento de abrir un
canal directo con el gobierno norteamericano. Ello ocurre mientras la oposición
vive su más difícil momento en medio de confrontaciones por el liderazgo,
crisis internas en los partidos, proliferación de partidos y actores
“opositores” emergentes, e indefiniciones estratégicas para reconstruir una
plataforma unitaria y ofrecer al país una línea de acción frente a los
escenarios actuales y futuros, incluida la elección presidencial pautada para
algún momento durante el 2024
El gobierno sigue desarrollando su estrategia de “divide et impera”. Y esta línea está operando en los diferentes campos: político, económico, social, e incluso internacional. Lo hace a través de mesas de negociación que ya no son las de México, sino las que viene llevando a cabo desde hace varias semanas en Venezuela. Se hacen por separado y no con representantes de sectores en conjunto, con lo cual tiene un mayor control sobre las agendas temáticas, lo que le permite decidir que da, que niega y que ignora, a diferencia del modelo de negociación integral que caracteriza al proceso facilitado por Noruega.
Los
actores que interactúan con el gobierno pudieran acudir a estas citas bajo la
percepción de estar ganando poder y trascendencia. De hecho, de ninguna manera
debe considerarse condenable que cada sector busque reunirse con el gobierno
para resolver asuntos de interés sectorial. Pero no es este el esquema que
permitirá avanzar hacia un proceso de transición política, y es el gobierno
quien termina ganando, no tanto por hacerse más fuerte, sino porque con ello ha
venido debilitando, aún más, el proceso de negociación facilitado por el Reino
de Noruega y a sus contrapartes, que han sido, históricamente, sus principales
adversarios y los únicos que han representado alguna amenaza real para la élite
gubernamental, a través de lo que han denominado como el “reseteo del diálogo”.
El
gobierno efectivamente está bloqueando el escenario de México, donde estuvo
presente el año pasado buscando la eliminación o revisión de las sanciones, en
lo que no logró avanzar por el condicionamiento de los acuerdos a los avances
en lo político. Ahora, su estratagia se centra en lograr la revisión de
sanciones con la ayuda de otros actores internos y externos, incluyendo
empresarios, ONGs y empresas petroleras, para generar una situación que haga
más dificil para los Estados Unidos mantenerlas. El problema es que si bien las
sanciones han perdido eficacia y eficiencia, no hay mecanismos alternativos en
este momento que puedan generar presión al gobierno para negociar.
La
situación es compleja para Estados Unidos, que probo enviar delegados a
Miraflores para una reunión que pareciera haber salido mal. De hecho, si hubo
algunas promesas de revisión de sanciones durante ese encuentro, las mismas
fueron desautorizadas a los pocos días. No solo hubo sectores políticos en la
nación norteamericana que se opusieron a la posibilidad de este proceso, sino
que los voceros gubernamentales de Estados Unidos señalaron que solo podía
realizarse una revisión de sanciones si se alcanzaban acuerdos en el marco de
la mesa de negociación en México.
Una de
las razones que ha esgrimido el gobierno para no sentarse en México ha sido el
caso de Alex Saab. Una excusa que ahora renace con la petición desde la Asamblea
Nacional para que se respete su ”estatus diplomático”, a sabiendas de que se
trata de un proceso que adelanta la justicia norteamericana, que funciona en
forma independiente, y por tanto, sus procesos no pueden ser objeto de
negociaciones políticas.
Lo
cierto es que la negociación en México, cuyo reestablecimiento estaba previsto
en marzo, se desactivó. Hay quienes consideran que la posibilidad de que
vuelvan las negociaciones entre Estados Unidos y Maduro está también cerrada,
aunque el interés de la nación norteamericana por liberar a ciudadanos
detenidos por el régimen deja una puerta abierta. Cuando fueron liberadas dos
personas luego de la reunión en Miraflores, se pensó que poco a poco vendrían
otras excarcelaciones. Aún no han ocurrido, pero la posibilidad de que en las
próximas semanas pueda haber alguna otra no se ha descartado, bajo los oficios
del enviado del gobierno de Biden, Roger Carter, quien sigue adelantando
gestiones en ese sentido.
La
situación de la oposición
Toda
esta situación del “reseteo del diálogo” ocurre en el contexto de uno de los
peores momentos para la oposición, con crisis internas en las diferentes
organizaciones políticas -atizadas por cierto desde el propio gobierno-,
incluyendo procesos de revisión de liderazgos y de estructuras internas, cuyos
resultados aún están por verse.
Por
otra parte, desde el punto de vista de la unidad entre partidos, también hay
desacuerdos, tanto para encarar las negociaciones en México, como para definir
las estrategias a seguir en torno a las presidenciales previstas para 2024,
toda vez que han quedado desactivadas también las posibilidades de insistir en
el revocatorio y/o el adelanto de las elecciones presidenciales. Hay un debate
dentro del G4, así como entre otros partidos de oposición, sobre el formato y
el momento para la realización de unas primarias que permitirían definir el
liderazgo de cara a la próxima elección presidencial. Hay quienes abogan por
hacerlas este mismo año, para a partir de allí comenzar la reorganización de la
plataforma unitaria, y alcanzar acuerdos sobre la estrategia a implementarse.
Esta
falta de claridad y de unidad en las filas opositoras se ha profundizado, por
otra parte, el distanciamiento de los ciudadanos con la dirigencia, lo que
aprovecha el régimen en su estrategia de acceder a acuerdos puntuales
sectoriales, sin poner de ninguna manera en peligro su estabilidad y así
afianzar el statu quo.
El CPI
y la reforma judicial
En su
estrategia por bajarle volumen a la presión sobre las violaciones de los derechos
humanos y a la falta de independencia judicial, Maduro ha permitido que la
Corte Penal Internacional (CPI) abra una oficina en Caracas, producto de una
reunión que sostuvo con el fiscal Karim Khan. Y por otra parte, ha tratado de
dar el mensaje de que habrá un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
independiente, lo que nunca ha tenido credibilidad, y menos tras la pugna entre
aliados de Diosdado Cabelloy Nicolas Maduro, que ha trascendido a los medios de
comunicación social.
Esta
pugna entre las filas del Chavismo, así como la opacidad del proceso,
evidencian que este órgano seguirá dominado, como se esperaba, por el
oficialismo. Las posibilidades de alguna representación no oficialista son
escasas, más allá de lo decorativo, o al menos de poca relevancia como para que
pueda considéresele una institución equilibrada o autónoma.
Conclusiones
y recomendaciones
Todo
indica que el régimen continuará en su estrategia de dividir para afianzarse en
el poder y continuará el curso de desarrollar negociaciones directas con
diversos sectores, para terminar de sepultar la Mesa de México.
Un
ruta que se hace compleja por las propias realidades que viven tanto la unidad
de la oposición como las organizaciones en particular que conforman la
plataforma unitaria. Un cuadro este que aprovecha y estimula el propio
gobierno, y que obliga a la dirigencia a apurar el paso para definir
estrategias que sacudan el letargo y el distanciamiento con la ciudadanía que,
si bien se ve presionada por sobrevivir a la crisis, tiene claro que la
sostenibilidad y el bienestar a futuro depende de un cambio político, como lo
reflejan las encuestas.
Esta
definición estratégica cobra carácter de urgencia, lo que significa un desafío
para las organizaciones políticas y civiles, pues se corre el riesgo de que los
apoyos internacionales, que aún se conservan en la comunidad internacional, se
debiliten ante la falta de expectativas positivas sobre las probabilidades de
recuperar la democracia en Venezuela.
Tomado
de: https://politikaucab.net/2022/04/11/reseteo-del-dialogo/
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