Marta de la Vega 19 de julio de 2022
Un
informe reciente del Foro Penal y del Robert F. Kennedy Human Rights ha
reseñado el horror de las desapariciones forzadas temporales en Venezuela, que
es una de las modalidades más crueles del terrorismo de Estado como práctica
sistemática para causar pánico, debilitar la resistencia democrática y
silenciar a los venezolanos, en especial a los opositores al régimen usurpador
e ilegítimo de Nicolás Maduro.
Siguiendo la reseña del New York Times, las mencionadas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos han establecido, con sólidos elementos de prueba, que las desapariciones forzadas son ejecutadas por los agentes del gobierno de facto para controlar a la población, desgastar a quienes protestan, sembrar miedo y disminuir la disidencia.
Hubo 200
casos de desapariciones forzadas en 2018. En 2019, el número aumentó a 524. El
objetivo de estas desapariciones ilegales, realizadas a la fuerza, generalmente
con vehículos sin placas y sin orden judicial, es sacar temporalmente de la
esfera pública a personas consideradas un estorbo para el oficialismo y extraer
información de las víctimas a la vez que paralizar por el miedo a la gente que
protesta.
De
estas investigaciones ha quedado claro que la mayor parte de los secuestros fue
realizada por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). Más del
20% de los afectados dijo haber sufrido torturas y todos fueron despojados de
sus teléfonos inteligentes y de sus computadoras. Las torturas más frecuentes,
golpes, asfixias, ahogamientos, descargas eléctricas y violencia sexual forman
parte de la doctrina cubana en esquema de tortura en Venezuela como un
instrumento de dominación.
La
médica Ariana Granadillo fue detenida en 2018 por sus vínculos con el coronel
retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo, uno de los ciento once
militares presos. Constantemente torturada, después de ser excarcelada huyó a
Colombia, donde reside. Hoy ningún oficial o dirigente político del chavismo en
el poder es ajeno a lo que ocurre y las responsabilidades en la cadena de mando
recaen en todos, desde Maduro hasta el soldado raso, porque se trata de una
política de Estado deliberada y sistemática.
El
Instituto Casla (Centro de estudios para América Latina), con sede en Praga,
presentó en marzo de 2022 ante el Secretario General de la OEA, Luis Almagro,
el informe «Licencia para matar» en el cual sostiene que «la cadena de mando en
Venezuela está al tanto de torturas de opositores en el país». Documenta los
casos de al menos 55 personas, 32 civiles y 23 militares, de los cuales 43
hombres, 10 mujeres y dos menores fueron víctimas de torturas por motivos
políticos en el país.
El
secretario Almagro denunció durante el acto de exposición del informe Casla que
«la jerarquía de la dictadura sabe lo que pasa en los centros de
interrogatorio». Su directora, Tamara Suju, sostuvo que «toda la cúpula militar
y civil es conocedora de la planificación, inducción y comisión de los
crímenes».
Este
trabajo fue enviado a la Corte Penal Internacional como respaldo de las
denuncias ante este organismo, cuya investigación prosigue para determinar la
responsabilidad de los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos en
Venezuela.
Como
reseñó el medio informativo NTN24 el 14 de marzo de 2022, el instituto denuncia
el uso de nuevos métodos de tortura como azotes con cabilla (barra de metal) y
cables de electricidad, sujetar a la víctima a un punto fijo de manera que si
intenta sentarse se asfixie, sumergirla desnuda en un pozo helado, introducir
una cuchara en la nariz y en las orejas, uso de sustancias que causan
quemaduras, inyecciones que producen alucinaciones y colocar una pistola dentro
de la boca.
Una de
las víctimas, afirma el instituto, denunció haber sido detenida junto a una
treintena de personas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar
(Dgcim). En ocasiones los maltratadores llevan a cabo juegos de guerra y
simulacros de fusilamiento o juegan a la ruleta rusa con las víctimas «mientras
los demás funcionarios observan sonrientes».
Tamara
Suju señaló: «Obtuvimos información sobre cómo funcionarios y oficiales tienen
línea directa con Nicolás Maduro para la aprobación, actuaciones y
procedimientos falsos de persecución sistemática contra opositores civiles y
militares». En el informe también se menciona al ministro de Defensa, Vladimir
Padrino López, entre otros funcionarios «señalados».
Y Suju
agregó: «Absolutamente nada sucede en cuanto a la planificación y ejecución de
la represión sin que Maduro y sus altos mandos no se enteren».
Otro
de los horrores que destroza el corazón de las madres y familiares de los
sacrificados son las ejecuciones extrajudiciales que también constituyen una
política de Estado para quebrar la resistencia de la población. El Observatorio
Venezolano de Violencia ha entregado cifras escalofriantes desde 2016 a lo que
va de 2022.
El
desgarrador testimonio de una mamá de apellido Garnica recogido en Caracas por
NTN24 el 14 de julio pasado muestra la perversa extorsión realizada por las
«fuerzas del orden». Detenido sin ninguna prueba ni orden judicial, exigieron a
la señora que pagara mil dólares para liberar a su hijo. Un joven sano,
estudioso, trabajador, no un delincuente, que tampoco merecería ser asesinado
en lugar de ser sometido al debido proceso judicial.
Como
la familia no pudo reunir esa cantidad, lo mataron a golpes y al retirarlo de
la morgue su madre recibió el cuerpo y rostro de su hijo totalmente deformados
por la paliza asesina que recibió. Igualmente, por el informe que presentaron
Provea y el Centro Gumilla acerca de esta sanguinaria práctica policial y de
las fuerzas especiales en Venezuela en el caso de Carabobo, fueron
recientemente perseguidos judicialmente sus respectivos directores por el
gobernador del Estado Carabobo, el economista Lacava, quien se sintió atacado
al pedírsele impulsar en su región las investigaciones sobre estos crímenes
atroces en su condición de mandatario y cabeza en la cadena de mando.
Prohibido
olvidar. Lema que la sociedad alemana ha enfatizado para analizar críticamente
el pasado nazi y los horrores a los que asistió anestesiada una población
subyugada por el liderazgo criminal de Adolfo Hitler y todos sus cómplices.
Venezuela
tiene que exigir, con el retorno de la decencia y la democracia, un juicio para
la sanción y castigo de los culpables, a la manera del de Nuremberg después de
la segunda Guerra Mundial. Sin guerra, nuestro país ha sufrido una devastación
cuya magnitud en todos los ámbitos es inconmensurable.
Mientras
tanto, avanzan la degradación moral, la disolución de todos los principios
éticos, la pérdida de brújula de un grupo de jóvenes colegiales privilegiados
que disfrutan orgiásticamente en su burbuja de bienestar social en el contexto
caraqueño y la perversión en cadena transmitidos por estos hacia niños en un
campamento vacacional, así como la tácita complicidad de padres que se ufanan
de sus «conexiones» para encubrir a sus hijos a hacer lo que les da la gana en
total impunidad.
Estos
hechos son descritos con crudeza en la película «Jezabel» bajo la dirección de
Hernán Jabes, con la actuación principal de Gabriel Agüero. Las perversiones
individuales quedan solapadas frente a las perversiones colectivas y aparecen
cual telón de fondo las monstruosidades del proyecto gubernamental chavista,
que se ha mantenido durante 23 años porque, al justificar sus acciones,
fabricar culpables y facilitar la depravación por el poder y el dinero, sin
castigo alguno, nos han convertido en una sociedad de cómplices.
Marta
de la Vega
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico